BOLETÍN NORMALISTAS

De acuerdo a información verificada, el día de hoy, 9 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 3 de la tarde, un contingente de estudiantes normalistas que se trasladaban a bordo de autobuses, fueron interceptados y perseguidos por elementos de la Policía Estatal en inmediaciones de la población de Nochixtlán, al ver esto algunos estudiantes increparon a los elementos policíacos y otros más salieron corriendo, siendo perseguidos por las inmediaciones del panteón y supercarretera por policía estatal, deteniendo a 5 de ellos. Otros más se refugiaron por la zona y en poblaciones vecinas.

La policía estatal accionó sus armas reglamentarias en contra de los normalistas y sus autobuses, resultando herido por arma de fuego en la rodilla derecha un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa de primer año, Ariel Macías Sánchez, de 19 años de edad quien fue atendido en el Hospital Básico Comunitario de este municipio esposado a la camilla, sin cargo alguno. 5 estudiantes más fueron detenidos y durante horas no se supo del paradero de los jóvenes estudiantes.

Para mayor información ver PDF:Boletin normalistas


RELATORA DE LA ONU SE ENCONTRARÁ CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS

_ La Relatora especial de los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero, a fin de conocer las problemáticas específicas en los territorios

_ Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas.

_ La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita.

Para mayor información ver PDF: Comunicado_Relatora_PI


EL INFORME “CONTROL… SOBRE TODO EL ESTADO DE COAHUILA”

El Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” resalta que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano. El estudio fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y se basa en las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes del sangriento cártel que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016. “Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia”, resalta el trabajo. Julio Hernández López comenta al respecto: “Los testimonios, que no necesariamente son veraces ni constituyen por sí mismos una prueba judicial definitiva, son coincidentes, en términos generales, y dibujan las redes de complicidades que colocaron los aparatos gubernamentales de Veracruz y Coahuila, pero también las delegaciones o ramificaciones de las administraciones de los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y empresas claves, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al servicio del terrorífico grupo de Los Zetas”.

Descargar el PDF: 2017-HRC-coahuilareport-ES


Pronunciamiento FONI (Foro Oaxaqueño de la Niñez)

      Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre 23 de 2017.

Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca

Héctor Anuar Mafud Mafud, Secretario General de Gobierno

A la sociedad oaxaqueña

El Estado Mexicano ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño y de esa manera se comprometió a garantizar su cumplimiento, a través de sus tres niveles de gobierno, para respetar los derechos de todas las personas menores de 18 años.

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, impulsada por organismos de la Sociedad Civil, mandató en 2010 la creación como garante del primer organismo en el país como espejo del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el cual estuvo integrado de manera paritaria por dependencias estatales y representantes de sociedad civil (empresarios, académicos y organizaciones civiles). De esta manera, se creó en la entidad, un importante antecedente del ahora vigente Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca (SIDNNA).

No obstante que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 uno de los ejes transversales son los derechos de las niñas y los niños. La actual administración estatal ha generado lamentables retrocesos en la definición de la política pública con enfoque de derechos. Por ejemplo, la deficiente actuación tras los sismos ocurridos el mes pasado, evidencian la escasa voluntad política del gobierno oaxaqueño para garantizar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que representan el 35.2 % de la población de nuestro Estado y dar prioridad a la atención de damnificados en este sector de la población y desde una perspectiva de derechos.

También tolera que la actual encargada de despacho del SIDNNA, María Cristina Salazar Acevedo, no gestione e implemente planes, programas y presupuestos dirigidos a saldar la deuda histórica que se tiene con la niñez y adolescencia oaxaqueña, ni convoque a las sesiones que marca el reglamento de esta instancia. Quien se mostró no solo pasiva y sumisa ante situaciones como las agresiones a niñas y niños de San Andrés Sinaxtla  documentadas dentro de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo del 19 de junio del 2016 en Nochixtlán. Aunado a ello, en lugar de cumplir con sus

obligaciones,  Salazar Acevedo se ha ocupado de violentar al personal a su cargo, amenazar a quien se atreva a cuestionarla y favorecer a familiares y amigos que laboran  en la institución, en un franco nepotismo que repudiamos.

Por lo anterior, las organizaciones integrantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI), representantes de sociedad civil al interior del SIDNNA y los abajo firmantes, exigimos al gobernador del estado Alejandro Murat, que haga valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes contenidos en el marco jurídico internacional y local y expresamos nuestro extrañamiento a María Cristina Salazar Acevedo y demandamos su remoción inmediata y que el SIDNNA se consolide como garante para que las niñas, niños y adolescentes en Oaxaca sean el centro de políticas públicas con perspectiva de derechos, que aseguren su desarrollo integral y una vida digna.

¡Basta ya de reproducir actos de corrupción y solapar la inoperancia burocrática que aumentan la discriminación, pobreza y marginación que sufre la población de Oaxaca!

Por el Foro Oaxaqueño de la Niñez:

CAI, Piña Palmera, A.C., Calpulli, A.C., Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C., CECIPROC, A.C., Espiral por la Vida, A.C., Niños de Magdalena Teitipac, A.C., Niños Unidos al Progreso, A.C., UCIEP, A.C.,

Organizaciones de la Sociedad Civil:

Cauce Ciudadano A.C. Oaxaca, Círculo Profesional para ña Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C., Colectivo Latinoafricano, Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., Diversidades y no Discriminación A.C, ECPAT México; EDIAC, EDUCA, A.C., Fenam Federacion de Mujeres por la Equidad y el Desarrollo A.C., Hitandekas A. C., Ideas Comunitarias A.C., IDEMO, A.C.,  Luna del Sur, A.C., Mano Vuelta A.C., Mujeres por Comunidades Igualitarias, Nacanu’ tobisi’,  Red de Personas Defensoras Ñuu Savi, Red Oaxaqueña de Mujeres Jóvenes Trenzando Saberes, UGOCP Union Obrero Campesina y Popular A.C, Planeta Inclusión A.C., Tequio Jurídico A.C, Festival Gunaa Ruzaani, Batallones Femeninos, Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL),

 

Otros adherentes:

Félix Caballero Julián, Blanca Castañón Canals, Jorge Nolasco Vicente, Silvia Urdanivia Coria, Javier Agraz Alduncin, Felipe Sánchez Rodríguez,

Josefina Aranda Bezaury, Aline Castellanos Jurado, Flor Ariadna Juárez López, Anabel López Sánchez, Ana María Hernández Cárdenas, Yésica Sánchez Maya, Pilar Muriedas Juárez, Claudia Alavez García, Atziri Ávila, María Eugenia Mata, Elena M. Castañón, Patricia Matías, Ana Canseco, Andrés Roberto González Silva, Aline Sánchez Patetta, Aurora Vignau Ruíz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRONUNCIAMIENTO POR LA VIDA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO

La comunidad de Tilzapote, tienen aproximadamente 70 años habitando su territorio, ubicado en la franja Costera del Pacifico Oaxaqueño, cuenta con una población de 278 habitantes del pueblo indígena zapoteca.

Las Comunidad se encuentran en riesgo debido a la implementación de proyectos extractivos como la minería, las presas hidroeléctricas, desarrollo turístico e implementación de leyes que atentan contra los derechos de los pueblos, actualmente están en riesgo inminente de ser desalojado de su pueblo y su territorio.

Para mayor información ver Pronunciamiento.PRONUNCIAMIENTO Rio grande



Situación de víctimas, comunidades y personas defensoras es sumamente preocupante: Misión de Observación

Situación de víctimas, comunidades y personas defensoras es sumamente preocupante: Misión de Observación

  • Inaceptable la normalización de la presencia militar así como el desplazamiento forzado en distintos municipios del estado de Guerrero.
  • Personas y organizaciones defensoras de derechos humanos realizan un trabajo fundamental con las personas en el territorio que es reconocido y acompañado por diversas instancias nacionales e internacionales.
  • Víctimas y familiares de desaparición requieren políticas públicas eficientes que respondan a las necesidades expresadas por ellas y las colectividades en que se agrupan.

El día de ayer una Misión de Observación conformada por Amnistía Internacional México, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), CodigoDH y Tequio Jurídico de Oaxaca con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la CNDH sostuvo diversos encuentros tanto en Chilapa como en Chilpancingo con familiares de víctimas de desaparición forzada y con miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos del estado de Guerrero.

De la misma forma se realizó un recorrido por diversas comunidades de la zona que han sufrido desplazamiento forzado. Como resultado de dichas actividades han decidido sumarse a la Alerta Defensa DH emitida por la Red TDT para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero y realizan un enfático llamado al gobierno del estado a garantizar derechos de víctimas, comunidades y personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el Estado.

En cuanto a la situación de las personas familiares de víctimas de desaparición forzada, la Misión de Observación atestiguó el dolor y la impotencia derivados de la impunidad e indolencia de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia para víctimas y familiares. De la misma manera los testimonios apuntaban claramente a una deficiente estructuración de las políticas públicas enfocadas a atender esta problemática. La Misión plantea la necesidad de que la atención a estas personas se dé con base en los principios rectores para la atención del desplazamiento interno de la ONU.

En este sentido la Misión hace un llamado a los distintos niveles de gobierno a establecer políticas públicas que efectivamente ofrezcan apoyo a este sector de la sociedad, comenzando por construir de manera conjunta dichas políticas. De la misma manera pensamos que la exigencia de los colectivos de víctimas de aprobar una ley de desaparición acorde con sus exigencias en el plano federal es un primer paso al que debe de seguir el compromiso de los gobiernos estatales.

La Misión desea expresar su solidaridad irrestricta con las comunidades que en los últimos dos años han sufrido desplazamiento forzado. A pesar de que las comunidades visitadas tienen importantes índices de retorno, el temor expresado por los pobladores, las milpas que aún están abandonadas, así como la irregularidad en el funcionamiento de los servicios públicos como la educación y la salud, son muestras de la deuda que el Estado tiene con estas comunidades. En contraste, nos parece alarmante la normalización de la presencia militar en distintos municipios del estado de Guerrero son una muestra del incorrecto enfoque de la presencia estatal que restringe derechos en lugar de garantizarlos.

Finalmente deseamos expresar nuestra preocupación por la estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos, tanto por parte de actores estatales como no estatales. Pretender que las personas defensoras asuman responsabilidades del Estado en cuanto a señalar a presuntos responsables, o que nieguen asesoría a las personas a partir de negarles la presunción de inocencia, es una muestra del desconocimiento de nuestro marco legal y de la importancia del debido proceso en una democracia.

El papel de las personas defensora reside en la defensa, promoción y reivindicación de los derechos humanos independientemente de la situación jurídica de las personas y comunidades. Cabe señalar que ello no es un obstáculo para que las organizaciones tengan un trabajo fundamental con las personas en el territorio que es reconocido y acompañado  por diversas instancias nacionales e internacionales. Muestra de ello es esta Misión de observación.

Por ello reiteramos nuestro interés en sostener una reunión con las más altas autoridades estatales para conocer de primera mano su enfoque en torno a estas problemáticas y tratar de colaborar con ellas en la construcción de mecanismos de solución que consideren los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Somos plenamente conscientes de que el actual momento de emergencia nacional  plantea urgencias ineludibles, pero al mismo tiempo reiteramos la necesidad de no dejar de lado asuntos tan impostergables como los observados durante esta Misión.

En esta lógica haremos del conocimiento de los medios de comunicación la nueva fecha de reunión con el gobernador y distintos miembros de su gabinete para dar seguimiento a estos relevantes temas de la agenda Guerrerense.

 

Para mayor información y gestión de entrevistas
en torno a las actividades de la misión de Observación
es posible contactar a:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Comunicación Red TDT
comunicacion@redtdt.org.mx
cel 55 3648 1344

 

Los voceros de la mesa fueron (de Izquierda a derecha):

Alister Guerrero | Serapaz

Raquel Aguilera | Amnistía Internacional México

Fernando Ríos Martínez ¡ Red TDT

Abel Barrera | Tlachinollan

 


Misión Humanitaria condena el oportunismo político ante la tragedia en Oaxaca. Revista Proceso

OAXACA, Oax. (apro).- El desastre natural ocurrido en el Istmo de Tehuantepec, que enlutó 78 hogares, dejó al descubierto la pobreza, pero también la incapacidad gubernamental, la falta de coordinación en la distribución de la ayuda humanitaria, el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona y, sobre todo, la miseria humana reflejada en el oportunismo político.

Así lo dio a conocer la Misión de Observación Humanitaria integrado por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa y Tequio Jurídico, que coinciden en que las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.

En otros lugares sorprendieron entregas de ayuda a nombre del senador del PT, Benjamín Robles Montoya, del diputado del PRI, Samuel Gurrión, también hay fotografías de diputados del PRD donde hasta hacen un puente para entregar los apoyos a nombre de su partido.

En el peor de los casos, hay presidentes municipales que confiscan despensas y se las llevan a su domicilio en lugar de llevarlos a los albergues o como en San Francisco Ixhuatán donde hay tres albergues, uno del PRI, otro del PRD y el tercero del PAN.

Otra irregularidad que observaron fue “la danza de las cifras”, que no son congruentes y por eso se mueven de muy poco hasta mucho. Muestra de ello es que primero decían que eran 600 mil damnificados, luego subió a 800 mil y hasta un millón y ahora dicen que son alrededor de 300 mil.

También tomaron nota de que los secretarios de Estado hacían un pequeño recorrido, se bajaban en dos o tres lugares, se tomaban la foto y se regresaban a sus hoteles donde montaron sus oficinas provisionales, pero en áreas climatizadas, con café a la mano y comida a la carta.

Mencionaron el caso del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que iba un rato a Unión Hidalgo y luego regresaba al hotel Calli de Tehuantepec donde también se hospedó la Policía Federal.

O el caso del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, quien ocupó la mitad del Hotel Santo Domingo y de ese confort hacían cuadrar cifras y “si no las inventamos” comentó uno de sus subordinados.

La titular de Sedatu, Rosario Robles, de plano reservó todo un hotel en Salina Cruz para su equipo y al final no quería pagar las habitaciones que no ocupó, denunciaron.

Juan Antonio López considera que las cifras oficiales no son creíbles porque los altos mandos iban a la foto y su personal no tienen preparación de cómo hacer un censo de viviendas dañadas y menos de damnificados.

Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.

También estaban censando mecánicos de los Ángeles Verdes o personal de la CFE cuando los que están capacitados son el INEGI o Sedesol.

La Misión Humanitaria

Tras el sismo del pasado 7 de septiembre, la Misión de Observación Humanitaria (MOH) recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.

Las labores de reconocimiento las realizó en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2.

El objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.

Lo que logró documentar es que existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la Policía Federal en las diferentes comunidades visitadas.

Además, la ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.

Hizo hincapié que precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.

También algunas empresas privadas como las eólicas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno.

Y es que varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y se desconoce si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario.

El coordinador del área de justica trasnacional en ProDESC, Juan Antonio López, reconoció que todos los partidos políticos sin excepción están lucrando políticamente con la tragedia lo que exhibe lo ruin y mezquinos que son porque hasta de la desgracia ajena hacen negocio.

El oportunismo político inicia desde el gobernador, porque a San Francisco del Mar pueblo viejo llegaron apenas 100 despensas que llevó la Secretaría General de Gobierno y al entregarlas hacían hincapié en que eran “de parte del gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán”.

ver link: http://www.proceso.com.mx/503721/mision-humanitaria-condena-oportunismopolitico-ante-la-tragedia-en-oaxaca


RESPUESTA​ ​INADECUADA​ ​E​ ​INSUFICIENTE​ ​DE​ ​LOS​ ​TRES NIVELES​ ​DE​ ​GOBIERNO​ ​ANTE​ ​DESASTRE​ ​POR​ ​SISMO​ ​EN OAXACA:​ ​ONGs

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RESPUESTA​ ​INADECUADA​ ​E​ ​INSUFICIENTE​ ​DE​ ​LOS​ ​TRES NIVELES​ ​DE​ ​GOBIERNO​ ​ANTE​ ​DESASTRE​ ​POR​ ​SISMO​ ​EN OAXACA:​ ​ONGs

● Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas.

● ONGs denuncian el oportunismo de partidos políticos y precandidatos.

● La presencia de empresas en la zona no sustituye la obligación del gobierno de atender a las personas afectadas.

Ciudad de México 18 de septiembre, 2017.- ​Tras el sismo del pasado 7 de septiembre, siete organizaciones expertas de la sociedad civil conformaron una Misión de Observación Humanitaria (MOH) que recorrió la zona del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, atestiguando la falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado a la zona.

La MOH llevó a cabo labores de reconocimiento del 11 al 14 de septiembre en las comunidades de Ixhuatán, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Río Pachiñe, San Dionisio del Mar, Pueblo Nuevo (Agencia Municipal de San Francisco del Mar), San Mateo del Mar, Santa María Xadani y Unión Hidalgo, afectadas por el sismo de magnitud 8.2. El objetivo fue vigilar que la acción humanitaria se implemente bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia operacional que dictan los más altos estándares del derecho internacional humanitario.

Los hallazgos más relevantes de la Misión de Observación son:

● Existe una falta de coordinación interinstitucional en todas las zonas de desastre y no se actúa de manera pronta. En contraste, existe amplia presencia militar y de la policía federal en las diferentes comunidades visitadas.

● La ayuda humanitaria que ha llegado es deficiente e insuficiente. Las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo como el derecho al agua, a la alimentación y a la salud, entre otros, no han sido cubiertas. Adicionalmente, los esfuerzos de acopio y entrega de víveres desde la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento y, en algunos casos, el acopio ha sido decomisado.

● Los gobiernos federal y estatal han involucrado a diferentes instancias gubernamentales (como a las Secretarías de Energía y de Turismo y a la Comisión Nacional Forestal) que no tienen ni la capacidad ni la experiencia en este tipo de desastres para realizar diagnósticos de los inmuebles dañados.

● Precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso recanalizan los víveres que llegan a la zona.

● Algunas empresas privadas están jugando un papel protagónico en la respuesta, situación que no debería suplir las obligaciones del gobierno​. Varias de estas empresas han tenido conflictos en algunas de estas comunidades por el desarrollo de megaproyectos y desconocemos si tienen las capacidades y el conocimiento para realizar las labores de respuesta bajo los más altos estándares del derecho internacional humanitario. Las organizaciones firmantes hacemos un llamado al gobierno federal para que atienda las siguientes recomendaciones​:

1. Todos los niveles de gobierno tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y colocarlos en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta, priorizando el derecho al agua y a un techo seguro para las personas afectadas por el sismo.

2. La entrega de ayuda humanitaria debe reconocer las diferentes necesidades de la población sin discriminación alguna, incluyendo a mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad y personas de origen indígena.

3. El gobierno federal debe iniciar las labores de reconstrucción en calidad de urgencia con un enfoque de prevención de desastres.

4. Proveer a las personas de un refugio digno debe ser una prioridad, de lo contrario, esto podría provocar que la situación se agrave aún más dado que la temporada de huracanes termina hasta noviembre.

5. Los esfuerzos de reconstrucción deben contemplar la recuperación de los medios de vida y la economía local, ya que las personas afectadas no sólo perdieron sus hogares sino también sus bienes materiales, sus negocios y sus fuentes de empleo.

Esta situación de crisis se suma a las condiciones preexistentes de exclusión, desigualdad y pobreza en las que se encontraban muchas personas y comunidades de la región visitada. Por ello, la MOH enfatiza que ante la grave situación de desastre provocada por el sismo las personas afectadas son titulares de derechos, NO objetos de ayuda, y por ello su voz debe ser escuchada en primer lugar durante esta etapa de respuesta y​ ​la​ ​futura​ ​etapa​ ​de​ ​reconstrucción​ ​y​ ​recuperación.

Las organizaciones que conforman la Misión de Observación de Ayuda Humanitaria son: El Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), Oxfam México, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio Jurídico.

Para concretar entrevistas favor de contactar a Mariana Alvarado marianaalvarado@oxfammexico.org Cel: 5510535751


De la Huasteca al Istmo de Tehuantepec, resistir.

Por: Rafael Sevilla Zapata”

Una resistente movilización recorre diferentes geografías de México; desde el Itsmo de Tehuantepec hasta la Hustaca veracruzana, comunidades y pueblos se movilizan en acciones dislocadas para manifestar su malestar contra el modelo extractivo capitalista, en donde se funde el despojo con el ecocidio.

En la Huasteca, en el municipio veracruzano de Tlapacoyan; como en Ixtepec, en el corazón del Istmo de Tehuantec, Oaxaca, integrados en diferentes espacios organizativos, luego de dos días de reflexión y análisis, expusieron un total rechazo al modelo extractivo que está alcanzando su peor expresión con la imposición de las denominadas zonas económicas especiales, que representan los sitios en donde se entretejen megaproyectos mineros, eólicos, gasoductos, presas, maquiladoras o mecanismos REDD, que amenazan toda forma de vida; que sólo vendrán a maximizar los ya comprobados daños ambientales, a la salud, sociales, económicos y culturales que este tipo de proyectos genera y que afectan directamente la vida de los pueblos originarios que vivimos en los territorios que intentan explotar.

Las organizaciones integradas en el Istmo de Tehuantepec convocantes como el  Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC), y en Tlapacoyan por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales (LAVIDA), la Alianza por la Cuenca del Río Bobos y la determinante participación del Comité Reordenamiento Integral Territorial de Cuetzalan, (COTIC), representan un esfuerzo sostenido para abonar a una estrategia que ha encuentrado en la Red Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano contra las Presas y Defensa de los Ríos, (MPDER), referentes organizativos de resistencia, cuyas prioridades se inscriben en la movilización, en la información a contra corriente de los medios masivos de comunicación, en el cuidado de la tierra y sus bienes naturales, en cientos de talleres de capacitación en temas de derechos humanos, salud e incluyendo la incidencia socioambiental jurídica aún con el marco legal tan adverso…  Todo, absolutamente todo lo necesario para detener embestida ambiental en ciernes.

Este ha sido el motivo principal de ambos encuentros: construir en confianza, refrendar la solidaridad entre los pueblos que rompiendo la geografía oficialista se moviliza por sus territorios, no sin dificultades y esfuerzos extraordinarios, para encontrase con el otro y la otra, compartir estrategias e intercambiar reflexiones, viajar muchas horas y preparar muchos tamales y agua fresca; pues tanto en Ixtepec como en Tlapacoyan nos oponemos al extractivismo y a la imposición de la zona económica especial por ser un modelo capitalista e industrial de apropiación y despojo de los bienes naturales que se ha impuesto a nivel mundial.

Entro los participantes la preocupación es alarmante ante este tipo de proyectos que destruyen la naturaleza y los bienes comunes, afectan directamente la fuerza de trabajo local, se apropian de las semillas nativas que son base de nuestra cultura, salud y alimentación, a demás de trastocar todos los medios de vida que nos son indispensables como el agua y la energía.

En ambas citas, se intercambian experiencias útiles para continuar fortaleciendo  procesos organizativos en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios que han alzado la voz para detener estos proyectos que, con el falso discurso del progreso y desarrollo, están generando el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, lo cual en consecuencia, genera el desplazamiento forzado de miles de pobladores quienes pierden para siempre su vida sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos identitarios y culturales, los que en conjunto son los que nos dan sentido de pertenencia.

Nuestro diálogo sirvió para actualizar la información sobre el Modelo Extractivo y en particular de los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las Zonas Económicas Especiales, en donde es manifiesto el cinismo desmedido con el cual, el gobierno antinacional y sumiso, en colaboración con todos los partidos políticos, han dispuesto cambios tanto a la constitución, como a diversas leyes y reglamentos, para que el despojo quede “legalizado” y con ello legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente, que el modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan.

Se requiere desmontar el discurso de legalidad con el que se impone y simula leyes o iniciativas legislativas para operar a favor de las empresas, incluyendo la relamida Ley de Consulta, con la que se pretende maicear y dividir a las comunidades, porque lo único que han demostrado es su capacidad para engañar y hacer trampas que justifiquen su modelo de imposición y despojo. Por el contrario, son las asambleas agrarias, municipales y de barrios, el proceso basado en nuestro derecho a la libre determinación que desde hace siglos hemos asumido como elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado y culturalmente adecuado, porque es ahí, en ese espacio colectivo, en el que mejor se emana el espíritu y ejercicio de nuestros derechos colectivos, por lo tanto, lo que ahí dirimimos fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos, siempre en total correspondencia con nuestro territorio y nuestros bienes naturales. Es ahí en donde decidimos el rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras familias.

Y ante la embestida que se avecina, se reconoció que una forma efectiva de cuidar la tierra es mantener la cohesión y el cuidado mutuo ante la delincuencia que es usada para amedrentar a las organizaciones que se han puesto a la cabeza demandando a las Secretarías de Estado y empresas como PEMEX, o a las mineras canadienses Almaden Mineral’s y Candelaria Mining corp, esta última vuelve a pretender hacer pasar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la etapa de exploración en Caballo Blanco, en Alto Lucero y Actopan, a 3 km de la nucleoeléctrica de Laguna Verde(!)

En la cita en Tlapacoyan tuvo presencia de actores de movimientos latinoamericanos internacionales que compartieron su experiencia en defensa del territorio  de Perú, Ecuador y Brasil, en ocasión de la 21ª Asamblea del Pueblo Maseual, Totonaku y Mestizo por la Defensa del Territorio. Mientras, en el istmo de Tehuantepec, en el foro “El extractivismo o la vida”, se recibieron saludos  del Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR).

De Tlapacoyan a Ixtepec, (y en octubre en Malinaltepec, Gro., en el “Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero”)  al igual que en otras partes del mundo se debate, se resiste y se actúa. “No pueden arrebatarnos lo que es nuestro”, es la resonancia en la memoria de los miles de participantes, que en ambos actos miramos en la resistencia un camino que va más allá del calendario electoral del 2018, pues es una agenda que insiste en nuestro derecho sine qua non a vivir sin violencia estructural, que es lo que representa el neo colonialismo extractivista, ecocida y patriarcal, racista y miserable.

*Colectivo Tajtolmej Taltipak A. C./Consejo Tiyat Tlali