RESPALDAN ONG A LA TRABAJADORA DESPEDIDA DEL CENTRO MORELOS; EXIGEN UNA DISCULPA DEL DIRECTOR

Tequio Jurídico se suma a esta exigencia y se solidariza con la compañera Araceli Tecolapa

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.

Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

Fuente: https://suracapulco.mx/impreso/2/respaldan-ong-a-la-trabajadora-despedida-del-centro-morelos-exigen-una-disculpa-del-director/

 


2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

Estimados jefes de información, periodistas y miembros de la sociedad civil,

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (colectivo que reúne a Serapaz, BHHRC, PODER, ProDESC, Cemda, Oxfam México, y que está acompañado por AIDA y PBI) presentó conferencia de prensa el día de hoy martes 24 de julio a las 10:30 en el Centro Nacional de Comunicación Social (Medellín 33, colonia Roma, Ciudad de México), por el Informe Anual de Global Witness “¿A que precio?”, sobre la preocupante situación para personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente a nivel global, latinoamericano y, específicamente, sobre la situación de riesgo en México.

El Grupo busca la visibilización del tema e invitar al nuevo gobierno a actuar sobre este contexto, así como hablar de la importancia de implementar la agenda global sobre empresas y derechos humanos en México.

-Entre las actividades realizadas se presentó un video de parte de Global Witness sobre los principales hallazgos del informe y platica con Isela González, integrante de la Alianza Sierra Madre A.C. de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en relación con uno de los casos desarrollados en el informe.

Participaron: Ben Leather (Global Witness), Isela González (Alianza Sierra Madre A.C.), Alejandra Leyva (Cemda), por parte del Espacio OSC, Espacio de Organizaciones Civiles para la Protección de Personas de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Solís de Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.), por parte del Grupo Focal y fue moderado por Melissa Ortiz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Aquí el boletín de prensa:
2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida.
Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

(Ciudad de México, 24 de julio de 2018) Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?

Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales.

Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí.

Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial.

México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural:

El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país:

Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.

Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad.

Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.

Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras.

Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México.

La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio