Con Peña se reactivó el despojo de tierras indígenas: De la Cruz, defensor contra las mineras

El territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. Ese permiso de explotación fue cedido por la Secretaría de Economía en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Armando de la Cruz Cortés es originario del poblado San Miguel Chongos, que pertenece al Municipio de San Carlos Yuatepec en el estado de Oaxaca. Es indígena chontal y abogado, con una Maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental. Actualmente forma parte de la organización Tequio Jurídico, que se dedicada a brindar apoyo a otros defensores del territorio que luchan por la preservación de la organización comunal.

Desde muy joven, gracias al fuerte vínculo que sentía con su comunidad, empezó a vincularse con las asambleas comunitarias a las que se acercaba como oyente. Los tequios colectivos y las fiestas tradicionales terminaron de completar la base de lo que él mismo llama sus “pilares comunales”.

Cuando estudiaba la preparatoria, rememora De la Cruz Cortés, fue maestro rural de niños de primaria en otras regiones indígenas de Oaxaca. En sus estudios de licenciatura comenzó a involucrarse con los derechos humanos lo que posteriormente lo llevarían a reconocer las necesidades del Derecho Agrario. Fue en esta etapa cuando comenzó a consolidarse la organización en la que hoy participa que  en un primer momento, decidió concentrar su actividad en las comunidades chontales de donde provenían una buena parte de los colaboradores.

Como defensor se ha concentrado en promover la organización colectiva de la tenencia de la tierra, lo que lo ha llevado a realizar acciones preventivas para proteger el territorio oaxaqueño de las empresas de la industria minera.

De acuerdo con el también Coordinador de Veredas de la organización Tequio Jurídico, el territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. El permiso de explotación fue otorgado por la Secretaría de Economía (SE) en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.

Minaurum Gold explora y desarrolla proyectos de oro y plata en México. Su principal accionista es la empresa de inversiones inglesa Sector Investments Managers Ltd. Con sede en Vancouver, posee y explora los proyectos de plata Alamos y Adelita, en el estado de Sonora; los proyectos de oro Aurena y de oro-cobre Santa Marta en Oaxaca, y los proyectos de oro Vuelcos del Destino y Biricú en Guerrero.

Las concesiones otorgadas para un periodo de 50 años –de 2011 a 2061– están conectadas por los territorios de varias comunidades chontales de la zona alta, desconociéndose para qué servirá la conexión. Los permisos fueron otorgados sin informar y sin consultar a las comunidades que tuvieron conocimiento del proyecto hasta 2014, afirma De la Cruz.

DEFENDER LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO

Desde sus inicios como defensor, Armando de la Cruz se ha preocupado por la protección de las tierras comunales de la región, entradas en conflicto desde la creación del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agraríos (RRAJA-FANAR), con el que se busca regular y darle título a todas las tierras comunales. Un acuerdo supuestamente voluntario que la organización campesina denuncia como un acto de privatización que los vuelve vulnerables frente al despojo.

Junto a su organización ha dado acompañamiento a las comunidades que padecen la falta de transparencia de los recursos municipales. Y desde 2014 defiende el territorio de los proyectos mineros que buscan aprovechar la tierra para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

Al enterarse de las concesiones, la organización inició un proceso informativo con las comunidades explicando qué era una concesión y también cuáles eran los perjuicios de la extracción de metales. Dichas sesiones, desarrolladas en asambleas regionales, constituirían la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, constituida por 16 comunidades agrarias que buscaban formalizar su derecho a la protesta.

A la par de esta organización, Tequió Jurídico ha promovido actas de asamblea de tipo agrario para declarar territorios prohibidos para la minería, logrando que cinco actas de asamblea jurídicamente redactadas hayan sido inventariadas en el Registro Agrario Nacional, cumpliendo con el requisito gubernamental de informar sobre las decisiones comunitarias.

De manera insólita todas las acciones se desarrollan de manera preventiva. La minera canadiense aún no logrado entrar a los territorios del sur del país, sin embargo ya comienza a insistir con el inicio de la fase de exploración…..

Nota completa: https://www.sinembargo.mx/26-11-2018/3500922


LA INICIATIVA LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO PROPUESTA POR EL SENADOR MONREAL PROFUNDIZARÁ EL DESPOJO DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

LA INICIATIVA DE LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO PROPUESTA POR
EL SENADOR MONREAL PROFUNDIZARÁ EL DESPOJO DE LOS
TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

 Es una iniciativa para hacer efectivo el uso y ocupación superficial de
tierras de comunidades y ejidos para las industrias de hidrocarburos y
energía eléctrica.
 No existe un reconocimiento de los pueblos y las comunidades
indígenas y su derecho al territorio, conforme con los estándares
internacionales.
El 23 de octubre el Senador Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el
desarrollo agrario. La iniciativa busca profundizar el despojo de los territorios de las
comunidades indígenas y campesinas contrario a su propio objetivo que describe
establecer la protección de la tierra de comunidades pertenecientes a pueblos
indígenas.
La iniciativa contiene 272 artículos, 195 reglamentan el derecho sustantivo y 77
reglamentan el derecho agrario adjetivo o procedimental; contiene diez artículos
transitorios. A pesar de tratarse de una abrogación varios artículos de la anterior ley
agraria vigente se mantienen sin modificaciones.
La exposición de motivos de dicha iniciativa se fundamenta en los artículos 2 y 27
constitucionales, el primero es un artículo que no atiende las aspiraciones de los
pueblos indígenas y el segundo de corte neoliberal cuyo principal objetivo ha sido
convertir la propiedad colectiva de la tierra en dominio pleno a través del programa
de certificación, actualmente denominado Programa de Regularización y Registro
de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) y generar condiciones legales para la
inversión.
Es una iniciativa que refuerza la visión mercantilista de la tierra y figuras jurídicas
que favorecen el despojo legalizado de los territorios tales como los contratos de
usufructo, derechos a la asociación, enajenación de las tierras ejidales, dominio
pleno, otorgar las tierras en garantía, así como las modalidades para participar en
proyectos de inversión pública y privada o aportar tierras ejidales y comunales a
sociedades mercantiles o civiles.

pronunciamiento completo: Pronunciamiento-tj-sobre la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario

Pronunciamiento traducción al Alemán: Presseerklärung zur Initiative des Agrarentwicklungsgesetzes in Mexiko – Tequio Jurídico