Pronunciamiento

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal

 

  • Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.
  • Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.
  • Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.
  • Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

 

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

 

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria.  Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

puedes ver el informe del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras:http://endefensadelosterritorios.org/wp-content/uploads/2018/12/INFORMEJUICIOPOPULAR.pdf


161 personas defensoras de DH asesinadas en sexenio que termina, sembradores de esperanza: Red TDT

161 personas defensoras de DH asesinadas en sexenio que termina, sembradores de esperanza: Red TDT

  • El Informe Desde la Memoria… la esperanza, documenta 159 a las que se sumaron dos en noviembre con lo que totalizan 161 en el sexenio, más 40 periodistas.
  • Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
  • Guerrero, Oaxaca y Chihuahua los estados más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos

CDMX | 29 Nov 2018 | La defensa de derechos humanos no es un privilegio en sí misma como acusan furibundos sus detractores. Tampoco es algo dispensable, algo que debamos desear que se extinga, como opinan otros. La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad. En ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia. Eso es lo que nos une: la esperanza.

Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra.

El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos. Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?

De ninguna manera

Como Red respondemos a esta realidad con convicción de esperanza y de memoria. Eso nos han enseñado pueblos, comunidades y víctimas. Hoy estamos aquí para conmemorar la esperanza y retomar la estafeta de las tantas luchas que nuestra sociedad requiere. Hoy estamos aquí para decirles a nuestras compañeras y compañeros que su muerte no es ni será inútil. No lo permitiremos.

Por eso queremos dejar constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas. Según solicitudes de información hechas a Procuradurías/Fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados. Las investigaciones por asesinato de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato.

Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación, que tiene solo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias. Este año, incluso, el Fideicomiso que dota de recursos al Mecanismo se quedó sin recursos, colocando en mayor situación de riesgo a 727 personas defensoras y periodistas.

La situación tiene matices importantes:

  • Por lo menos 42 de 159 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran: yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil, triqui.
  • Según la documentación los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son: Guerrero (28% de los casos), Oaxaca (20%) y Chihuahua (11%).
  • El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de DESCA y Tierra y territorio.

El Saldo de este sexenio es de más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas, 8 feminicidios diarios, una crisis migratoria sin precedentes, más de 500 conflictos socioambientales, así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán) y de corrupción en las altas esferas de gobierno (Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra).

La lucha de todas estas personas fue interrumpida de forma violenta, pero no así sus ideales y sus convicciones, no sus sueños ni la memoria de su lucha justa por un mundo diferente.

Ahí está la esperanza.

En todas esas personas que durante y ahora tras estos 6 años persisten en la defensa de derechos humanos, en este servicio por la vida. La esperanza está en los aprendizajes, logros y siembras de aquellas personas que aunque ya no están, continúan presentes en su espíritu combativo y digno.

informe completo: https://redtdt.org.mx/?p=12409