ARTÍCULO PUBLICADO EN LA JORNADA: “RESISTENCIA DEL PUEBLO CHONTAL”

Resistencia del pueblo chontal
7 de diciembre 2019, Miguel Concha

Las diversas luchas contra el extractivismo en México se han convertido en una constante en todas sus formas, con presencia en buena parte del territorio nacional. En su mayoría, son comunidades y pueblos indígenas y campesinos los que directamente enfrentan despojos de sus territorios y bienes comunes.

Para los tiempos que corren, no ha dejado de ser un tema recurrente, incluso se perfila como un modelo económico hasta cierto punto de continuidad, basado de manera importante en la extracción de recursos naturales.

Habrá que recordar y reafirmar primero que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, emanada de la norma internacional de los derechos humanos, de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que uno de los instrumentos internacionales más referido en este asunto es la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esos documentos, debidamente interpretados, posibilitan también una seria tarea para el gobierno actual: revertir o dejar de hacer todo aquello que impida la realización de los derechos de estos pueblos

Por desgracia, hasta ahora son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada Zapotitlán 1, según la Secretaría de Economía, pertenece a la empresa minera Zalamera SA de CV.

Cuando un proyecto a gran escala llega como amenaza a alguna comunidad indígena, como ahora lo vemos, la pone en riesgo, pues la explotación de recursos en su territorio puede generar el desplazamiento forzado de su población, como ya lo hemos visto en casos similares.

Se podría dar el abandono de sus tierras, ríos, bosques y de sus hogares y escuelas; dejando además de lado sus templos y lugares ceremoniales, de convivencia y realización de su vida comunitaria.

Hemos constatado que de proceder estos megaproyectos, se podría romper el tejido vital de las comunidades. En el caso que ahora reportamos, esta inversión de la minera pone directamente en riesgo las tierras comunales de al menos cinco comunidades vecinas, entre las que se cuentan San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Macaltepec y San Matías Petalcaltepec, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec, todas de Oaxaca.

Urge que las autoridades atiendan y dimensionen la afectación enorme que traería a toda esa región. Además, se ha comprobado que, por los desechos que se generarían, existen riesgos indirectos ambientales y de salud para las comunidades. En este caso las que se ubican en la zona chontal baja.

Hasta la fecha las comunidades, en búsqueda de la protección a sus derechos, han recurrido al Poder Judicial. Y, dado el riesgo que corren, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su solidaridad y mostrado su preocupa-ción ante los impartidores de justicia. Hacemos votos para que toda sentencia que se emita del caso sea hecha con el ánimo de hacer prevalecer los derechos de esta comunidad chontal, los cuales incluyen su derecho a la libre determinación, su autonomía y el respeto irrestricto de su derecho al territorio. Esto frente al interés particular de la empresa minera y de la propia Secretaría de Economía.

Ayudaría mucho que en casos como este las empresas inversoras y las propias instituciones del Estado hicieran un esfuerzo mayor para conocer la forma de vivir de la comunidad y el riesgo que significa la procedencia de la concesión minera para tales territorios y región. No sobra decir que en situaciones como la que narramos debe primar el deber judicial de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad, como una función ineludible del juzgador.

Hago un reconocimiento a la organización defensora Tequio Jurídico AC, que ha acompañando a la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio por varios años. En particular acompaña la estrategia jurídica y de defensa del territorio que la comunidad de Santa María Zapoti-tlán lleva a cabo. Sin duda y frente a la crisis de civilización, en la que incluyo la crisis de derechos humanos, ambiental y climática, la experiencia de resistencia de esta comunidad es esperanzadora, pues centra su interés en la vida misma. Es decir, en toda forma de vida que habita en sus territorios.

https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/018a1pol


BOLETÍN DE PRENSA: EXIGENCIA DE LA LIBERACION DE JUAN DE LA CRUZ RUIZ

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 03 de diciembre de 2019

Exigimos la libertad de Juan de La Cruz Ruiz

  • Autoridades del gobierno de Chiapas responsables de violaciones a derechos humanos de pueblos originarios.

Juan de la Cruz Ruiz, (Juan) integrante del pueblo maya tsotsil, sobreviviente de Tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, interpuso esta mañana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, un amparo indirecto solicitando la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregó la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En mencionado documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios expesidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación.

Esta recomendación fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad. El Frayba conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.

Han pasado 3 años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión pagando un delito que no cometió. El Frayba ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad   y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.

La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por ello desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas.

La familia de Juan y quienes lo acompañamos en la defensa de sus derechos humanos enfrentamos hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación a pesar de mantener el diálogo con el gobierno de Chiapas. Formas de intimidación y represión que son parte del terrorismo de los gobiernos para inhibir las acciones de quien denuncian la situaciones de violencia del Estado. Estos hechos  ya se ha denunciado ante la Fiscalía, el gobierno federal y estatal tienen conocimiento mediante las intervenciones realizadas y se ha solicitado Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en este país el gobierno es ineficiente y no cuenta con capacidades para proteger a los defensores de derechos humanos.

El Frayba reitera al Estado mexicano que su deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales no se están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz y recuerda que la falta de su obligación  configura responsabilidad por omisión.

Por lo anterior urgimos al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz.

Responsabilizamos directamente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman La Voz de Indígenas en Resistencia, La Organización Viniketik en Resistencia y La Verdadera Voz del Amate, así como de las familias de estos presos en lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y sus redes de solidaridad.

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