Entrega de reconocimiento a Tequio Jurídico en el premio Tata Vasco

Agradecemos a los y las compañeras de lucha que nos han felicitado por el reconocimiento que nos fue otorgado por La Junta de Rectores del Sistema Universitario Jesuita, en el marco de premio tata vasco otorgado al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, compartimos nuestra alegría y satisfacción por este reconocimiento. “La lucha sigue” “Desde abajo y ne la tierra sembramos autonomía”

 


Tequio Jurídico A. C. Felicita al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Tequio Jurídico A. C.

Felicita al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Al ser galardonado el día de hoy con el premio Tata Vasco

Por su loable labor en la defensa de los derechos humanos, desde la atención integral a víctimas de tortura.

Nuestro abrazo fraterno

Oaxaca, Oaxaca, 17 de octubre 2018


JUICIO POPULAR VS MINERÍA

Comunidades indígenas de Oaxaca denuncian asesinatos de personas defensoras, contaminación de los bienes comunes y fractura de las instancias de organización comunitaria como resultado de la actividad minera en el estado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de octubre de 2018.- Veintidós casos de violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fueron presentados en el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’ que se llevó a cabo el 11 y 12 de octubre en Oaxaca.

El Juicio Popular hizo posible que los pueblos y comunidades ejercieran su derecho a la protesta, la libre determinación y autonomía en un espacio seguro, lo que les permitió denunciar abusos y violaciones a derechos fundamentales, ante la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones e impartir justicia.

Estuvieron presentes autoridades y miembros de los pueblos Chatino, Chontal, Cuicateco Ikoots, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizo, en representación de 52 comunidades de regiones de Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, Mixteca y Cuicateca. Las y los representantes de los pueblos presentaron evidencias para denunciar proyectos mineros que se implementan con engaños o condicionamientos -incluyendo la criminalización y la represión- violentando el derecho a la vida de las personas y el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

MAYOR INF.

http://endefensadelosterritorios.org/2018/10/12/mineras-responsables-de-22-casos-de-violaciones-a-derechos-de-pueblos-y-comunidades-indigenas-exigen-comunidades-cancelacion-de-concesiones-y-derogacion-de-la-ley-minera/


OMS recomienda límites a exposición al ruido

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una serie de recomendaciones para limitar la exposición de las personas al ruido procedente del tráfico de vehículos, trenes, aviones, turbinas eólicas y conciertos musicales.

En un informe destinado a emitir recomendaciones para los Gobiernos europeos, la OMS considera que el ruido “es uno de los principales riesgos tanto para la salud mental como la física y el bienestar”.

“La contaminación por ruido en nuestras ciudades está aumentando y perjudicando las vidas de muchos ciudadanos europeos. Más que algo molesto, el ruido excesivo es un riesgo para la salud que contribuye por ejemplo a las enfermedades cardiovasculares“, según un comunicado de la Organización.

Las recomendaciones fijan niveles que no se deberían exceder para minimizar el impacto sobre la salud derivado de la exposición de los humanos al ruido según diferentes fuentes de emisión.

Mayor información LINK:

https://www.ultimahora.com/oms-recomienda-limites-exposicion-al-ruido-n2750040.html

https://www.dw.com/es/la-oms-recomienda-limitar-exposición-a-ruidos-excesivos-por-su-impacto-en-la-salud/a-45823552

 


Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras

● La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios
indígenas.
● El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la
autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no
interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente
manejados.
El pasado 26 de septiembre, integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de
Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia, en contra de las concesiones mineras
Atexcaco I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila”, que inciden principalmente sobre los municipios de
Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan. Dicha sentencia sienta un precedente importante
respecto de la minería en territorios indígenas.

Boletín completo:

BOLETÍN DE PRENSA SENTENCIA CONSEJO MASEUAL


Misión Civil de Observación inicia nueva visita para constatar situación en Azqueltán

Al pueblo de México

A las redes de apoyo al CIG

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

Ante el ataque perpetrado por el mal gobierno en contra de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad otomí radicada en la Ciudad de México, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, repudiamos la cobarde represión llevada a cabo el día de hoy 19 de septiembre, a un año de los sismos que sacudieron varias partes del país. Hoy alrededor de las 9:30 horas, cientos de granaderos y un grupo de golpeadores atacaron por igual a niños, mujeres y ancianos dejando heridos a 15 de nuestros compañeros, para desalojar con su violencia a 70 familias de la comunidad otomí, que han permanecido en el campamento de damnificados desde hace un año ante el daño que sufrió el edificio ubicado en la esquina de las calles Milán y Roma de la colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc.

En esta agresión, fue golpeado nuestro compañero Diego García Bautista a quien le robaron dos teléfonos celulares cuando estaba documentando el desalojo violento para despojar a nuestros compañeros.

Exigimos que termine el desprecio, el despojo y la represión en contra de la comunidad Otomí radicada en la Ciudad de México y sean reparados los daños causados, con los que buscan callar sus justas demandas para beneficiar nuevamente a los dueños del dinero.

Atentamente

Septiembre de 2018

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

LEE EL COMUNICADO COMPLETO:180919_comunicado_inicial_final


Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México.

 

Nota de la Secretaría

En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente.

La Relatora Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.

Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Todos estos problemas se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

MAYOR INFORMACIÓN: INFORME 2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp INFORME 2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp


JUICIO POPULAR COMUNITARIO CONTRA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS MINERAS

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

para más información: http://endefensadelosterritorios.org/  AYUDANOS A COMPARTIR


RESPALDAN ONG A LA TRABAJADORA DESPEDIDA DEL CENTRO MORELOS; EXIGEN UNA DISCULPA DEL DIRECTOR

Tequio Jurídico se suma a esta exigencia y se solidariza con la compañera Araceli Tecolapa

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.

Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

Fuente: https://suracapulco.mx/impreso/2/respaldan-ong-a-la-trabajadora-despedida-del-centro-morelos-exigen-una-disculpa-del-director/

 


2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

Estimados jefes de información, periodistas y miembros de la sociedad civil,

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (colectivo que reúne a Serapaz, BHHRC, PODER, ProDESC, Cemda, Oxfam México, y que está acompañado por AIDA y PBI) presentó conferencia de prensa el día de hoy martes 24 de julio a las 10:30 en el Centro Nacional de Comunicación Social (Medellín 33, colonia Roma, Ciudad de México), por el Informe Anual de Global Witness “¿A que precio?”, sobre la preocupante situación para personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente a nivel global, latinoamericano y, específicamente, sobre la situación de riesgo en México.

El Grupo busca la visibilización del tema e invitar al nuevo gobierno a actuar sobre este contexto, así como hablar de la importancia de implementar la agenda global sobre empresas y derechos humanos en México.

-Entre las actividades realizadas se presentó un video de parte de Global Witness sobre los principales hallazgos del informe y platica con Isela González, integrante de la Alianza Sierra Madre A.C. de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en relación con uno de los casos desarrollados en el informe.

Participaron: Ben Leather (Global Witness), Isela González (Alianza Sierra Madre A.C.), Alejandra Leyva (Cemda), por parte del Espacio OSC, Espacio de Organizaciones Civiles para la Protección de Personas de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Solís de Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.), por parte del Grupo Focal y fue moderado por Melissa Ortiz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Aquí el boletín de prensa:
2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida.
Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

(Ciudad de México, 24 de julio de 2018) Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?

Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales.

Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí.

Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial.

México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural:

El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país:

Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.

Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad.

Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.

Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras.

Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México.

La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio