Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México.

 

Nota de la Secretaría

En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en México con base en la información recibida por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas durante su visita al país del 8 al 17 de noviembre de 2017 e investigación independiente.

La Relatora Especial observa que, desde la visita oficial realizada por el anterior Relator Especial Rodolfo Stavenhagen en 2003, y a pesar de los compromisos contraídos posteriormente por México en materia de derechos humanos, los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos.

Las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos.

Todos estos problemas se están desarrollando en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos.

MAYOR INFORMACIÓN: INFORME 2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp INFORME 2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp


JUICIO POPULAR COMUNITARIO CONTRA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS MINERAS

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

para más información: http://endefensadelosterritorios.org/  AYUDANOS A COMPARTIR


RESPALDAN ONG A LA TRABAJADORA DESPEDIDA DEL CENTRO MORELOS; EXIGEN UNA DISCULPA DEL DIRECTOR

Tequio Jurídico se suma a esta exigencia y se solidariza con la compañera Araceli Tecolapa

Defensores de derechos humanos, feministas, artistas, abogados y periodistas del estado y del país se declararon en respaldo a la ex trabajadora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Araceli Tecolapa, despedida injustificadamente por denunciar acoso sexual y laboral del director Manuel Olivares Hernández, y le exigieron una disculpa pública y que reconozca la violencia de género que ejerció en contra de ella.

Agregaron que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política, que confían que esta crisis ayude a construir organizaciones más coherentes, y aprovecharon para exigir al Estado un trato digno.
Entre los firmantes está la senadora electa Nestora Salgado, el poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos Martín Tolnameyotl, profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, sin embargo no firman como integrantes de las organizaciones, sino de manera individual. La única organización que se pronuncia en el escrito es el Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A. C.
El pasado 26 de junio Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar que sufrió violencia de género, acoso laboral y sexual del director del Centro Morelos, que se ubica en Chilapa.
“El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacía más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentran en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el Ministerio Público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos”, se menciona en el comunicado.
El 6 de julio Araceli Tecolapa emitió un comunicado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos locales y nacionales y personas de su confianza, donde expresó el trato y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación.
“De igual forma queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad”, remarcan los firmantes.
Añade que se viven tiempos difíciles en el país y en Guerrero, y por ello resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, “cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida”.
El documento expone que con este pronunciamiento no quieren sacar provecho de la situación ni mucho menos pretenden afectar a la organización, a sus integrantes, a las familias que acompañan ni el trabajo de años, porque reconocen la labor que ha desempeñado.
“Como mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella”, abunda.
En consulta telefónica el director de Tlachinollan, Abel Barrera expuso que “lo que hemos platicado como sabemos que es una situación lamentable, en el sentido en que un organismo hermano se encuentra en una situación complicada con una compañera que siente que no está siendo escuchada, atendida, la importancia de que internamente puedan platicar, para sobre todo atender el planteamiento de la compañera Araceli, y al mismo tiempo de poder ser partícipes de este diálogo, yo creo que son situaciones delicadas, complicadas donde se tiene que escuchar a la compañera”, expuso. “Yo creo que el compañero Manuel tiene que asumir una responsabilidad de atender el planteamiento”, consideró. (Beatriz García / Chilpancingo).

Fuente: https://suracapulco.mx/impreso/2/respaldan-ong-a-la-trabajadora-despedida-del-centro-morelos-exigen-una-disculpa-del-director/

 


2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

Estimados jefes de información, periodistas y miembros de la sociedad civil,

El Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (colectivo que reúne a Serapaz, BHHRC, PODER, ProDESC, Cemda, Oxfam México, y que está acompañado por AIDA y PBI) presentó conferencia de prensa el día de hoy martes 24 de julio a las 10:30 en el Centro Nacional de Comunicación Social (Medellín 33, colonia Roma, Ciudad de México), por el Informe Anual de Global Witness “¿A que precio?”, sobre la preocupante situación para personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente a nivel global, latinoamericano y, específicamente, sobre la situación de riesgo en México.

El Grupo busca la visibilización del tema e invitar al nuevo gobierno a actuar sobre este contexto, así como hablar de la importancia de implementar la agenda global sobre empresas y derechos humanos en México.

-Entre las actividades realizadas se presentó un video de parte de Global Witness sobre los principales hallazgos del informe y platica con Isela González, integrante de la Alianza Sierra Madre A.C. de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en relación con uno de los casos desarrollados en el informe.

Participaron: Ben Leather (Global Witness), Isela González (Alianza Sierra Madre A.C.), Alejandra Leyva (Cemda), por parte del Espacio OSC, Espacio de Organizaciones Civiles para la Protección de Personas de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, Alberto Solís de Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.), por parte del Grupo Focal y fue moderado por Melissa Ortiz, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Aquí el boletín de prensa:
2017, el año más letal para personas defensoras de derechos humanos: Global Witness

La estrategia: asesinatos múltiples en comunidades, priorizando el beneficio económico sobre la vida.
Distintos actores estatales y no estatales, presuntos responsables de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.

(Ciudad de México, 24 de julio de 2018) Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras, calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?

Tres de cada cinco personas defensoras asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información públicas. En México, la situación empeoró respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante 2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales.

Un caso es el de la Sierra Tarahumara, donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno. Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades ahí.

Las y los activistas ambientales, en su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos Humanos; lo mismo que las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Parte del problema es la falta de implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial.

México es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona. Se necesita una política gubernamental integral para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural:

El informe de Global Witness insta al Estado Mexicano a implementar las siguientes recomendaciones para atender la preocupante situación en que vive el país:

Atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.

Apoyar y proteger a las personas defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad.

Garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar consecuencias políticas, financieras y judiciales.

Una gran parte de las personas defensoras del medio ambiente en el mundo son líderes indígenas o campesinas, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos o megaproyectos mineros, agronegocios a gran escala, proyectos energéticos y hoteles de lujo. Otros, abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También son abogadas y abogados, periodistas o integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que visibilizan y denuncian el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras.

Desde el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, reiteramos nuestra preocupación por el aumento de los asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De igual forma, refrendamos nuestro interés en sostener un diálogo constructivo con el nuevo Gobierno, a fin de aportar al desarrollo de una agenda integral de empresas y derechos humanos en México.

La coyuntura actual de alternancia de gobierno representa una oportunidad de integrar, desde el inicio, la agenda de empresas y derechos humanos como parte de la política general de derechos humanos, y desde una perspectiva más incluyente, que también procure la protección de las y los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Consulta el informe en www.globalwitness.org/AQuePrecio



Aniversario Asamblea del Pueblo Chontal por la Defensa de Nuestros Territorios

A dos años de la constitución formal de la asamblea del pueblo chontal, nació por la necesidad de defender el territorio y mantener unidas a las comunidades chontales, actualmente estas comunidades programan sus asambleas cada dos meses, encuentros de convivencia y experiencias de las diferentes comunidades que la integran, en el procesos hubo espacios que permitieron  la creación colectiva de su actual logotipo.

“GAY MAMA LAYPITINE JIAMAT ´S “

MI MADRE, MI VIDA ES LA TIERRA


20 Años Bordando Derechos y Tejiendo Resistencias Desde Lotsaweyomma´

Mesa de Presidium, Agentes Municipales, Consejo de Vigilancia de las diferentes comunidades que integran la Asamblea del Pueblo Chontal y la Concejala y Concejal representantes de estas comunidades en el Congreso Nacional Indígena. Mesa decorada con bordados de las compañeras chontales.

Manta pintada que decoró y se enmarcó en los 20 años de Tequio Jurídico, el trabajo “LOTSAWEYOMMA´” que significa desde las bases. Dibujo elaborado de manera colectiva por los integrantes de Tequio Jurídico que refleja el lugar que se camina y comunidades a las que se acompaña. 

Inicio del ritual de agradecimiento por estos 20 años de caminar con las comunidades, Agente Municipal y Cabildo de la comunidad anfitriona. Los representantes de las demás comunidades que integran la asamblea, la concejala, concejal y el coordinador de veredas de Tequio Jurídico.

Ritual de agradecimiento, participación de las diferentes comunidades, familiares, amigos, organizaciones y financiadoras agradeciendo junto con los que conformamos Tequio Jurídico por estos 20 años.

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Equipo de Tequio Jurídico, acompañando al coordinador de veredas para agradecer a los que acompañaron y vivieron esta fiesta con nosotros, encuadre del caminar de estos 20 años por la defensa de nuestros  territorios.

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Comisionados para compartir el mezcal con todos los que nos acompañaron en la fiesta. El mezcal servido en las tradicionales jícaras de morro que se cosechan en la misma comunidad.

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Una de las invitadas disfrutando del mezcal que las comunidades regalaron para compartir en esta fiesta.

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Coordinador de veredas de Tequio Jurídico haciendo sonar el caracol con el compromiso de continuar luchando, resistiendo y caminando con las comunidades para defender la tierra y el territorio de nuestras comunidades.

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Compañeros tequianos bailando las marmotas de la resistencia con mensajes de ‘No a la Minería’ plasmados como parte de la lucha de las comunidades.

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El tradicional convite de flores, en donde las capitanas invitan a madrinas para que participen en la fiesta con frutas en su bandejas, bailan  por un rato y posteriormente tiran las frutas al público, de esta manera se comparte.

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Recorrido de casa de la capitana a casa del padrino de toritos, lugar en donde también se baila y después de un rato se camina a la explanada de la Agencia,  a la casa del mayordomo o al lugar de la fiesta.

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Una de las bandas filarmónicas que amenizó el baile en casa de las capitanas, acompañando el recorrido por la comunidad.

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Círculo en donde se encuentra el logo de Tequio Jurídico y alrededor las comunidades y procesos a los que está vinculado, representando también la importancia de la tierra y el territorio.

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Palabra de ex tequiana. Expresó lo que significó Tequio Jurídico en su vida personal y profesional.

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Quema de cohetes anunciando el inicio de la fiesta y la bienvenida de los invitados. Sonaron en momentos importantes del transcurso de la fiesta en donde se hicieron sonar.

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Registro, con la finalidad de compartir materiales para los invitados, playeras en el marco de la fiesta, video sobre experiencias en la defensa del territorio, el Saurín Informativo, trípticos y organigrama de Tequio Jurídico.

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El grupo musical ‘La Magia’ amenizó el segundo día de baile.

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Invitados de la comunidad de San Pedro Tepalcatepec, presentando un bailable tradicional de su comunidad “El toro pinto”.

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Maqueta presentada por las alumnas de preparatoria de la comunidad de Guadalupe Victoria.

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Niños jugando un rompecabezas de ¡Justicia Comunitaria!, material hecho por Tequio Jurídico para compartir con las comunidades.

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Encuentro deportivo de básquetbol varonil, femenil e infantil.

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Ni oro, ni plata… la Minería Mata

¿sabes cuáles son las afectaciones al agua por la actividad minera?

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios inicia esta serie de micro-vídeos en el marco de la campaña “Ni Oro Ni Plata, la Minería Mata” con el objetivo de proporcionar información respecto a las afectaciones al agua producidas por la compañía Fortuna Silver Mines, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Ni oro, ni plata… la Minería Mata

En los Valles Centrales de Oaxaca, existe un proyecto minero de plata y oro denominado San José. Dicho proyecto ha producido una situación de emergencia permanente en el municipio de San José del Progreso desde 2008, año en el que la empresa minera Fortuna Silver Mines corrompió a las autoridades municipales y agrarias para poder instalarse.

A pesar de las agresiones, asesinatos, contaminación y violencia producida en este municipio, la empresa minera obtuvo ganancias por 2 mil 124 millones 252 mil pesos y sólo pagó impuestos por 4 millones 252 mil pesos, lo que significa el 2.001% de sus ganancias.

Por otro lado la Secretaría de Economía ha otorgado a la misma empresa 80 mil hectáreas del territorio de los Valles Centrales, afectando casi el 80% del territorio de esta región. A nivel estatal, prácticamente todas las regiones tienen concesiones mineras.

A partir de este contexto, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, junto con las autoridades municipales y agrarias de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula hemos decidido impulsar la campaña “Ni oro, Ni plata, la Minería Mata” con el objetivo de concientizar e informar sobre los principales impactos de proyectos mineros en el estado de Oaxaca.

Por lo que hemos decidido generar una serie de materiales escritos (carpeta), auditivos y en  vídeo sobre los impactos de la minería. Durante 3 meses iremos compartiendo dicha información.

Aquí el primer spot

¿Cómo puedes sumarte a la campaña?

Existen diferentes formas para participar:

  • Compartiendo los materiales de audio, vídeo y textos en tus redes sociales.
  • Puedes difundir los spots de audio en las radios comunitarias donde tengas contacto.
  • Compartiendo esta información en tus asambleas y promover la defensa del territorio.
  • También hemos acordado impulsar murales y pinturas en paredes, rocas, al principio de la comunidad.

Si requieres mayor información, puedes comunicarte al siguiente correo: colectivoaxaca@yahoo.com.mx

Aquí decimos Sí a la Vida, No a la Minería

Ni Oro, Ni Plata, la Minería Mata

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Autoridades Agrarias y Municipales de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula

para más información: http://endefensadelosterritorios.org/2018/06/05/oro-plata-la-mineria-mata/


México no necesita armas, sino un Estado de derecho que funcione

Comunicado de Prensa Pan para el Mundo
México no necesita armas, sino un Estado de derecho que funcione

Alemania necesita una ley sobre la exportación de armas
Berlín, 14 de mayo de 2018.

Con ocasión del juicio que comienza mañana [15 de mayo] en Stuttgart en contra de personal de la compañía fabricante de armas alemana Heckler & Koch, Pan para el Mundo llama la atención sobre la desoladora situación de los derechos humanos en México. “Precisamente el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos muestra de manera sintomática el involucramiento de la policía federal, la policía estatal y el ejército en las desapariciones forzadas, actualmente masivas, y en el asesinato de más de 200.000 personas en México”, afirmó Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidenta de Pan para el Mundo. Por eso, continuó, es absolutamente incomprensible que el gobierno federal alemán haya concedido autorizaciones para exportar a México el fusil de asalto G36. “Aquí se muestra de manera ejemplar que resulta ajeno a la realidad y una clara forma de autoengaño el querer limitar el
permiso de exportación a ciertos estados mexicanos, supuestamente más tranquilos: las armas se usaron presuntamente contra estudiantes pacíficos en uno de los estados más violentos, para el cual ni se solicitó ni se concedió un permiso de exportación. Si el gobierno federal y el parlamento federal de Alemania realmente no quieren exportar armas a regiones en crisis y a regiones con graves violaciones a los derechos humanos, entonces debe echar a andar de manera urgente una ley de exportación de armamento.” Una delegación de alto nivel de Pan para el Mundo, dirigida por Füllkrug-Weitzel, realizó una visita de diez días a México para evaluar la situación de derechos humanos. La delegación viajó por los estados de Guerrero y de Veracruz y habló con familiares de los 43 desaparecidos y de dos estudiantes asesinados en Ayotiznapa, contra quienes se utilizaron los fusiles de
asalto G36 de Heckler & Koch. La situación de los derechos humanos ha empeorado de manera aterradora desde hace años: el enorme número de casos de desaparición forzada choca con la inactividad y la falta de voluntad por parte de las autoridades para buscar realmente a las víctimas o para investigar a los delincuentes. Esto vale también para el caso de Ayotzinapa, sobre el cual las autoridades continuamente difunden nuevas teorías que a veces incluso se contradicen entre sí, mientras que las declaraciones y recomendaciones de investigadores internacionales son ignoradas y los propios investigadores son expulsados del país. Las fosas comunes en Veracruz fueron encontradas únicamente gracias a la intervención de colectivos de familiares, y en contra de los desmentidos oficiales por parte de las autoridades. La violencia en Guerrero ha aumentado aún más en los últimos años, a pesar de una militarización masiva del estado. Las compañías mineras tienen concesiones de explotación en zonas controladas por la mafia. Según cifras oficiales existen aproximadamente 35.000 desaparecidos registrados. Pero con base en el hallazgo de osamentas, se calcula que esa cantidad representa sólo entre el 10 y el 25 por ciento del total. Muchos familiares no reportan la desaparición por miedo a más abusos y a la estigmatización. “Quien hace pública la desaparición de sus familiares se arriesga a que otros familiares desaparezcan o sean asesinados. Sobre todo la desaparición de mujeres jóvenes
con frecuencia no se denuncia porque los familiares tienen miedo a que sus hijas sean vistas de forma negativa”, dice Füllkrug-Weitzel.

ver comunicado completo: 20180514 Comunicado de Prensa_México no necesita armas, sino un Estado de derecho que funcione


Agresión y violencia

Se hace necesario desmontar el discurso retórico del Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN) – específicamente del gobierno en turno encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo- sobre los acontecimientos políticos actuales en Nicaragua, los cuales intentan justificar, bajo el anuncio de una “intervención de la derecha” o la “intervención imperialista”, la represión y el asesinato de las y los inconformes. Un discurso que ha logrado limitar la solidaridad con la insurrección popular Nicaragüense. Pero que a su vez, también ha logrado mostrar la cara de la revuelta, misma que solo puede ser vista y leída bajo la inmensidad de los gestos dingos de la rabia, la tristeza y la alegría de un pueblo que ha aprendido que la lucha es un proceso, un gesto interminable.

Mayor información: https://avispa.org/23093-2/