MUJERES CHONTALES EN DEFENSA DE SU TERRITORIO

Compartimos con ustedes el segundo Podcast realizado por la vereda de trabajo Derecho de las Mujeres Indígenas de Tequio Jurídico A.C., en el marco de  la Escuela por la tierra y el territorio. En este trabajo, se da cuenta de la defensa del territorio chontal frente a la concesión minera Zapotitlán 1.


ASAMBLEA DEL PUEBLO CHONTAL PARA LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO DEMANDA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE ATIENDA COMO CASO URGENTE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE 1208/2018

  • Continúa el riesgo sobre el territorio indígena chontal frente a la paralización de la administración de justicia en el sistema judicial.
  •  Demandamos se atienda como caso urgente el recurso de revisión interpuesto por la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de nuestro Territorio en el expediente 1208/2018.

En el marco del 22 de julio, Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería, denunciamos la actuación insuficiente de diversas autoridades relacionada directamente con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en el contexto de la actual pandemia.

Nos preocupa la ampliación de seis concesiones mineras en territorio de los pueblos de Oaxaca durante la segunda mitad del año 2019 por la Secretaría de Economía, comprometiendo una superficie acumulada de 29 mil 142 hectáreas, en los municipios de San Pedro Quiatoni, San Pedro Totolapan y San Baltazar Chichicapam.[1] Dichas concesiones fueron otorgadas violentando los derechos colectivos de libre determinación, autonomía y consulta indígena protegidos por tratados internacionales.

Nos alarma el reconocimiento reciente de las actividades de la Minería, industria de la construcción y la referente a la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales, durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que el gobierno federal realizó a través de la Secretaría de Salud[2], cuyas implicaciones prácticas confrontan abiertamente el derecho a la salud de quienes trabajan en dicho sector y en una clara posición de anteponer los intereses de las mineras sobre los derechos colectivos de la población indígena.

Demandamos que la administración de justicia en el sistema judicial, ha experimentado una suspensión sin precedentes, a la fecha solo está atendiendo casos clasificados por criterios de urgencia. La suspensión de actividades dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha dicho, busca proteger la salud de las personas justiciables y de las personas que laboran en los órganos de justicia. En la práctica, esta determinación ha resultado en una evidente demora en la atención de los casos iniciados presencialmente y en la imposibilidad de iniciar nuevos procesos judiciales por no cumplir criterios de urgencia, limitando el derecho de acceso a la justicia.

Manifestamos que el trámite de los casos en línea, profundiza la brecha que existe entre los pueblos indígenas y la administración de justicia en el país. La falta de servicios de luz, internet e infraestructura digital, hacen imposible seguir un juicio en línea en el contexto de nuestras comunidades. La gestión para la obtención de la firma electrónica se vuelve un obstáculo, ya que en algún momento, se tiene que entregar presencialmente los documentos[3], lo que no pudo ser posible en tiempo de la pandemia, limitando también el derecho de acceso a la justicia.

En este sentido, debe tomarse en consideración que “…el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, […] debe ser asegurado aún en contextos de pandemia.”[4] Que “ […] al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados […] deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo,”[5] dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas.

Demandamos del Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, estado de Oaxaca, la atención urgente del recurso de revisión interpuesto el 07 de julio de 2020, contra la sentencia dictada en el amparo 1208/2018,[6] respecto del que acordó reservar los escritos de impugnación “hasta una vez que se reanuden los plazos de forma regular”. Consideramos que la protección del territorio indígena chontal, frente a la inconstitucional Ley Minera, deber ser un caso prioritario y urgente. Es importante que los criterios actuales de atención a casos sean revalorados por el poder judicial, ya que de permanecer en lo subsecuente, nuestro expediente no tendría fecha cierta para ser atendido, dada la prolongada suspensión de actividades en dicho órgano, misma que ha sido reiterada en sus acuerdos generales[7].

¡La vida es primero, fuera el proyecto minero!

¡Gay mama laypitine jlamast´s! – Mi madre, mi vida es la tierra!

¡Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía¡

ATENTAMENTE

Autoridades de la comunidad de Santa María Zapotitlán, Santa María Ecatepec, Yautepec, Oaxaca.

Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio.

Tequio Jurídico, A.C.

[1] Regeneracionradio.org. Concesiones mineras entregadas en Oaxaca durante gobierno de AMLO. ARELLANO, Chávez, Daniel. Nota publicada el 26.06.2020. Disponible en https://regeneracionradio.org/archivos/9879

[2] Diario Oficial de la Federación de 15 de mayo de 2020. ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. “ARTICULO CUARTO.- Se establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales. […]”.

[3] Cartel “SU FIREL EN 10 PASOS” Disponible en: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf consultado el 20.07.2020

[4] Resolución No. 1/2020, PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS (Adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020)

[5] ídem

[6] https://www.facebook.com/tequiojuridicoac/videos/1112031385807871/

[7] ACUERDO GENERAL 19/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 17/2020 RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO CONSEJO POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA. […] A C U E R D O ÚNICO. Se reforma el artículo 1 del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, las labores de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se sujetarán a las siguientes modalidades durante el período comprendido del 1 al 31 de julio de 2020. https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral19_2020.pdf


Podcast mujeres y cargos agrarios

Aquí les presentamos el primer Podcast producido por la Vereda de Trabajo “Derechos de las Mujeres Indígenas de Tequio Jurídico A.C., como resultado de la Escuela de Mujeres por la defensa de la tierra y el territorio que impulsa la organización. Esperamos que provoque nuevas reflexiones en sus procesos que acompañan en la defensa de los derechos de las mujeres.

 


Comunidad Chontal se queda sin servicios de energía eléctrica por más de un mes.

  • Demandan pronta intervención de la CFE para evitar conflicto entre comunidades.

La Comunidad indígena de San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca, denuncia públicamente que desde el 28 de Mayo se han quedado sin servicio de energía Eléctrica, en esa situación fueron sorprendidos por el temblor de 7.4 que cimbro el estado de Oaxaca el 23 de junio. Demandan intervención de las autoridades para la renovación de los servicios de luz. Piden evitar conflicto con comunidad vecina.



CONVOCAMOS A ORGANIZARNOS Y TEJER ESFUERZOS PARA LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS: COMUNIDADES, ORGANIZACIONES, SINDICATOS, COLECTIVOS EN OAXACA

Boletín de Prensa

Los pueblos oaxaqueños representamos una amenaza a las grandes ambiciones y proyectos capitalistas, como los proyectos mineros, la privatización del agua y el Megaproyecto del Istmo, hoy llamado Corredor Interoceánico.

Ante ello, pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos de Oaxaca nos unimos para convocar a las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, ante las amenazas y despojos territoriales que violan en los hechos y de manera sistemática la autonomía y la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas.

Nos preguntamos: ¿Cómo nos podemos organizar frente a la amenaza y el despojo contra nuestros territorios?, ¿Qué acciones conjuntas proponemos para nuestras luchas?

Con reciprocidad en Asamblea, crear arte con nuestras vivencias para movilizarnos juntos, son caminos que proponemos para encaminar con fuerza comunitaria la defensa de nuestros territorios, por ello, damos a conocer las acciones que haremos los días 20 y 22 de febrero en el marco de las acciones globales, a un año del asesinato de Samir Flores.

Hermanas y hermanos profesores, estudiantes, campesinos, jornaleros, artistas, comunicadores, activistas, luchadores, militantes, autoridades locales y comunitarias, comités comunitarios, colectivos y colectivas, feministas,  mujeres, anarquistas, ambientalistas y a las diversidades sexuales, los convocamos a la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Barricada Cultural, pinta de mural y altar colectivo.

La Asamblea Oaxaqueña en defensa de la tierra y el territorio será el espacio para escucharnos y acordar trabajos que fortalezcan el tejido de nuestras luchas, a realizarse en la Alameda de León, el día sábado 22 de febrero de 2020 a las 9:00am.

La palabra de los pueblos indígenas denunciarán también los atropellos y hostigamiento que vienen sufriendo en las regiones de Oaxaca en torno a proyectos extractivos.

Este día 20 de febrero 2020, aquí en este territorio de la Oaxaca Rebelde, pintamos un mural colectivo, a las cuatro de la tarde nos enfiestaremos con música, arte y la palabra colectiva durante la barricada cultural y la construcción del altar colectivo.

Esta convocatoria es en seguimiento a las jornadas realizadas el 12 de octubre de 2019. Complementariamente, estas acciones son parte de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”. Convocadas por el Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN.

Y, esta vez como entonces, llamamos a conjuntar nuestras diferencias y a reunirnos para compartir nuestros sentires y dolores, platicar de las amenazas y despojos en nuestras regiones, articularnos para defender la vida y nuestros territorios y generar un plan de acción conjunto que compartiremos en un pronunciamiento al término de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio

 Convocamos: Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y colectivos de Oaxaca



ARTÍCULO PUBLICADO EN LA JORNADA: “RESISTENCIA DEL PUEBLO CHONTAL”

Resistencia del pueblo chontal
7 de diciembre 2019, Miguel Concha

Las diversas luchas contra el extractivismo en México se han convertido en una constante en todas sus formas, con presencia en buena parte del territorio nacional. En su mayoría, son comunidades y pueblos indígenas y campesinos los que directamente enfrentan despojos de sus territorios y bienes comunes.

Para los tiempos que corren, no ha dejado de ser un tema recurrente, incluso se perfila como un modelo económico hasta cierto punto de continuidad, basado de manera importante en la extracción de recursos naturales.

Habrá que recordar y reafirmar primero que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, emanada de la norma internacional de los derechos humanos, de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que uno de los instrumentos internacionales más referido en este asunto es la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Esos documentos, debidamente interpretados, posibilitan también una seria tarea para el gobierno actual: revertir o dejar de hacer todo aquello que impida la realización de los derechos de estos pueblos

Por desgracia, hasta ahora son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada Zapotitlán 1, según la Secretaría de Economía, pertenece a la empresa minera Zalamera SA de CV.

Cuando un proyecto a gran escala llega como amenaza a alguna comunidad indígena, como ahora lo vemos, la pone en riesgo, pues la explotación de recursos en su territorio puede generar el desplazamiento forzado de su población, como ya lo hemos visto en casos similares.

Se podría dar el abandono de sus tierras, ríos, bosques y de sus hogares y escuelas; dejando además de lado sus templos y lugares ceremoniales, de convivencia y realización de su vida comunitaria.

Hemos constatado que de proceder estos megaproyectos, se podría romper el tejido vital de las comunidades. En el caso que ahora reportamos, esta inversión de la minera pone directamente en riesgo las tierras comunales de al menos cinco comunidades vecinas, entre las que se cuentan San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Macaltepec y San Matías Petalcaltepec, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec, todas de Oaxaca.

Urge que las autoridades atiendan y dimensionen la afectación enorme que traería a toda esa región. Además, se ha comprobado que, por los desechos que se generarían, existen riesgos indirectos ambientales y de salud para las comunidades. En este caso las que se ubican en la zona chontal baja.

Hasta la fecha las comunidades, en búsqueda de la protección a sus derechos, han recurrido al Poder Judicial. Y, dado el riesgo que corren, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su solidaridad y mostrado su preocupa-ción ante los impartidores de justicia. Hacemos votos para que toda sentencia que se emita del caso sea hecha con el ánimo de hacer prevalecer los derechos de esta comunidad chontal, los cuales incluyen su derecho a la libre determinación, su autonomía y el respeto irrestricto de su derecho al territorio. Esto frente al interés particular de la empresa minera y de la propia Secretaría de Economía.

Ayudaría mucho que en casos como este las empresas inversoras y las propias instituciones del Estado hicieran un esfuerzo mayor para conocer la forma de vivir de la comunidad y el riesgo que significa la procedencia de la concesión minera para tales territorios y región. No sobra decir que en situaciones como la que narramos debe primar el deber judicial de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad, como una función ineludible del juzgador.

Hago un reconocimiento a la organización defensora Tequio Jurídico AC, que ha acompañando a la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio por varios años. En particular acompaña la estrategia jurídica y de defensa del territorio que la comunidad de Santa María Zapoti-tlán lleva a cabo. Sin duda y frente a la crisis de civilización, en la que incluyo la crisis de derechos humanos, ambiental y climática, la experiencia de resistencia de esta comunidad es esperanzadora, pues centra su interés en la vida misma. Es decir, en toda forma de vida que habita en sus territorios.

https://www.jornada.com.mx/2019/12/07/opinion/018a1pol


BOLETÍN DE PRENSA: EXIGENCIA DE LA LIBERACION DE JUAN DE LA CRUZ RUIZ

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 03 de diciembre de 2019

Exigimos la libertad de Juan de La Cruz Ruiz

  • Autoridades del gobierno de Chiapas responsables de violaciones a derechos humanos de pueblos originarios.

Juan de la Cruz Ruiz, (Juan) integrante del pueblo maya tsotsil, sobreviviente de Tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, interpuso esta mañana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, un amparo indirecto solicitando la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregó la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En mencionado documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios expesidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación.

Esta recomendación fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad. El Frayba conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.

Han pasado 3 años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión pagando un delito que no cometió. El Frayba ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad   y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.

La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por ello desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas.

La familia de Juan y quienes lo acompañamos en la defensa de sus derechos humanos enfrentamos hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación a pesar de mantener el diálogo con el gobierno de Chiapas. Formas de intimidación y represión que son parte del terrorismo de los gobiernos para inhibir las acciones de quien denuncian la situaciones de violencia del Estado. Estos hechos  ya se ha denunciado ante la Fiscalía, el gobierno federal y estatal tienen conocimiento mediante las intervenciones realizadas y se ha solicitado Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en este país el gobierno es ineficiente y no cuenta con capacidades para proteger a los defensores de derechos humanos.

El Frayba reitera al Estado mexicano que su deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales no se están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz y recuerda que la falta de su obligación  configura responsabilidad por omisión.

Por lo anterior urgimos al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz.

Responsabilizamos directamente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman La Voz de Indígenas en Resistencia, La Organización Viniketik en Resistencia y La Verdadera Voz del Amate, así como de las familias de estos presos en lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y sus redes de solidaridad.

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POSICIONAMIENTO DE LA RED EN DEFENSA DEL MAÍZ RESPECTO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS

No a la privatización de las semillas,

No a la Ley Federal de Variedades Vegetales

POSICIONAMIENTO DE LA RED EN DEFENSA DEL MAIZ

Las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que nos reconocemos en la Red en Defensa del Maíz rechazamos la iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) introducida por el diputado federal Eraclio Rodríguez del partido MORENA, pues significa un grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria.

El fondo y principal objetivo de esta iniciativa es asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras ampliando el control oligopólico del mercado por parte de BayerMonsanto, Syngenta, Corteva y las demás grandes empresas semilleras y de transgénicos que dominan casi la totalidad del mercado de semillas comerciales en México. Siendo su objeto proteger y defender los derechos de las empresas transnacionales semilleras, fomenta la privatización de lo que ha sido un legado colectivo de los pueblos, en especial de las comunidades campesinas y los pueblos originarios.

La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Siendo México el país que más Tratados de libre comercio ha firmado, se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie.

A pesar de que el propio T-MEC establece que México puede tomar un periodo de 4 años antes de suscribir dicha acta, la iniciativa oculta esto y quiere sacar una reforma al vapor, sin considerar salvaguardas, ni que México estudie cómo puede desafiar esta absurda obligación que compromete la soberanía alimentaria del país y los derechos indígenas y campesinos de los pueblos.

La iniciativa del diputado Eraclio Rodríguez reproduce con detalle los intereses de las empresas y busca aumentar la dependencia de agricultores grandes, medianos y pequeños hacia ellas. Por un lado plantea establecer canales más restrictivos de propiedad intelectual sobre semillas con “títulos de obtentor”, permitiendo el uso e intercambio de semillas sólo a quienes detenten títulos o a quienes autoricen las empresas dueñas de dichos títulos, criminalizando así a quienes realicen intercambios libres o incluso a quienes usen las semillas de su propia cosecha para volverlas a sembrar sin considerar las condiciones impuestas por las empresas y sus disposiciones unilaterales.

Desde la exposición de motivos se invoca como argumento el “brindar certeza jurídica a la propiedad intelectual de las innovaciones y la investigación y la transferencia de tecnología en materia de variedades vegetales”, haciendo “necesaria la adopción de las disposiciones del Acta de 1991 de la UPOV conforme a las realidades de nuestro país”. La parte punitiva viene cuando afirma: “es indispensable fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y el daño a los agricultores causados por estos efectos”. Propone además sanciones económicas graves y requisar las semillas supuestamente infractoras.

Esto llanamente significa que buscan criminalizar toda aquella semilla que no tenga certificaciones, registros, facturas. Buscan cercar los bienes comunes de tal suerte que si se cuenta con variedades campesinas de uso común, (las que supuestamente no tienen que ver con la LFVV ni con la reforma propuesta o que estarían protegidas), al no poder demostrar su procedencia (en los términos establecidos por sus propias regulaciones), pueden ser calificadas de “piratas” y como tal sancionar a quien las utilice, aunque sean los verdaderos cultivadores ancestrales de tales semillas.

Así, contrariamente a lo expresado en la exposición de motivos, estas reformas abren las puertas a la privatización y expropiación de la biodiversidad nativa agrícola y silvestre de México.

En el texto de la iniciativa los partidarios de la privatización de las semillas afirman que las variedades de uso común no se pueden privatizar porque no se conceden derechos de propiedad sobre lo que no es “distinto” o “nuevo”, sobre lo que no se ha “reclamado”. Insisten en que las variedades “notoriamente conocidas” no califican para privatizar.

Pero lo “notoriamente conocido” no se refiere a lo que la gente común o los campesinos conocen, sino a lo que la industria semillera, los institutos o los funcionarios de la propiedad intelectual reconocen. Entonces todo aquello no reconocido por ellos puede ser privatizado. En este galimatías del pensamiento y a nivel jurídico nos quieren enredar.

Se pretende establecer derechos de propiedad intelectual, derechos de obtención, para reclamar como propiedad todas aquellas variedades que supuestamente “obtuvieron” los laboratorios de las empresas. Pero todo lo que ellas hacen está basado en lo que han venido haciendo campesinas y campesinos del mundo entero por generaciones y generaciones en conversaciones colectivas permanentes y siempre cambiantes. Que un puñado de empresas hayan decidido proteger lo que ellas dicen haber “obtenido” es siempre un robo y no les da derecho a intentar criminalizar todo lo que caiga fuera de su registro y certificación. Estamos ante un ataque a toda forma de semilla pública o del uso propio de campesinas y campesinos sin pasar por las empresas. También es un ataque feroz a quienes utilizan semillas mejoradas, o a quienes mezclan con sus variedades y que sacan semilla mejorada para la próxima cosecha (sean pequeños o medianos). Dificultará aún más el trabajo de los productores nacionales, encareciendo las semillas y obligándolos a comprar más de las trasnacionales, exactamente al contrario de lo que afirma esta iniciativa de reforma a la LFVV en su argumentación.

Además, la iniciativa establece sanciones punitivas a quienes no cumplan, y que sea el propio estado que vigile y haga cumplir que todas y todos los agricultores de México se sometan al yugo de la propiedad intelectual sobre semillas de las trasnacionales. Todo esto va más allá de lo que incluso pide la propia UPOV 91 y los tratados de libre comercio.

La reforma quiere abrir la puerta de las nuevas tecnologías (con su cauda de derechos de propiedad intelectual adicionales) cuando al definir el mejoramiento se incluyen la “técnica o conjunto de técnicas y procedimientos, incluyendo los últimos avances y herramientas tecnológicas, que permiten desarrollar y obtener una variedad vegetal distinta, homogénea y estable; quedan incluidas dentro de este proceso las que utilizan el conocimiento preciso de la relación entre el genotipo y fenotipo de las plantas y las herramientas de la biología molecular, que permiten desarrollar una nueva variedad vegetal, equivalente o indistinguible de las variedades que pueden desarrollarse utilizando técnicas convencionales de mejoramiento vegetal”. Tenemos que defender las semillas, creación milenaria colectiva, campesina, indígena, legado que los pueblos brindan a la humanidad. Permitir que sean las corporaciones las que impongan sus restricciones, es permitir un robo descomunal que tarde o temprano nos dejará en manos de quienes hoy nos arrebatan las semillas y ya buscan arrebatarnos la existencia.

Desde la Red en Defensa del Maíz llamamos a rechazar esta reforma a la LFVV y a impugnar la aberración jurídica que implica UPOV.

 

Comunicado contra LFVV