Palabras de Rosa Luxemburg-Stiftung a Tequio Jurídico por el premio Don Sergio Méndez Arceo

Hace unas semanas, Tequio Jurídico A.C. recibió el Premio Don Sergio, un reconocimiento que resalta el trabajo individual o grupal en la defensa de los derechos humanos en México. Hoy, Tequio se ha sumado a la gran lista de galardonados entre los que se encuentran Las Patronas, “Las Abejas”, Lydia Cacho o la Comunidad de Cherán. Re-conocer su trabajo es una forma de celebrar con este equipo profundamente oaxaqueño y extraordinariamente comprometido.


Pronunciamiento

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los colectivos autónomos y medios libres

A las organizaciones de la sociedad civil

A los pueblos de México y el mundo.

En menos de un mes, los compañeros del Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, CIPOEG-EZ, han sido victimas de la estrategia de contraisurgencia ejercida por narcoparamilitarismo, respaldado por el estado en sus tres niveles de gobierno y también por las corporaciones mineras.

El incremento de agresiones a nuestros territorios y quienes lo defienden frente estos tres actores nos obliga a redoblar los esfuerzos organizativos de autonomía y autodeterminación. Nos queda claro que nuestra única seguridad no va a venir ni del ejército, de la policía, ni de la guardia nacional, sino de la organización horizontal entre nosotras y nosotros; quienes habitamos en los pueblos oprimidos. Es por eso que nos sumamos a la solidaridad con los compañeros asesinados; Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián del CIPOEG-EZ, alzamos la voz en un claro grito de justicia que haga retumbar los oídos de las defensoras y defensores de lo existente y a sus falsos críticos. Denunciamos las agresiones, amenazas y asesinatos de quienes dan su vida en defensa de las causas justas; el territorio, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.

Nos sumamos también a las voces que exclaman un alto a la militarización en territorio zapatista, y a quienes se mantienen críticos/as y escépticos/as ante este nuevo gobierno y sus proyectos de inversión como el tren Maya y el Plan para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Invitamos, de la misma manera, a diferentes organizaciones civiles, colectivos y comunidades, a sumarse al esfuerzo organizativo que viene impulsando el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno.

 

Justicia para Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote integrantes, Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián.

¡Justicia para Samir Flores Soberanes y Abiram Hernández Fernández!

¡Alto a la guerra contrainsurgente en contra del EZLN!

Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía

Tequio Jurídico AC.

 

29 de mayo del 2019.

Pronunciamiento 29-05-19


Lamentamos el trágico fallecimiento de Ana Paula, Sally, Ana y Daniel, ocurridos el pasado 7 de abril.

Desde el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios  lamentamos el trágico fallecimiento de Ana Paula, Sally, Ana y Daniel, ocurridos el pasado 7 de abril.

Ana Paula fue una gran compañera comprometida en la defensa de los derechos humanos,  cercana a las comunidades indigenas en Oaxaca y fundadora del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

Se queda con nosotras y nosotros su fuerza y compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos. Nos solidarizamos con sus familiares, amigas, amigos y organizaciones en esta pérdida lamentable.

Coletivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.


CONSULTA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, GRAVE SIMULACIÓN DEL ESTADO MEXICANO.

  • Exigimos al Estado Mexicano garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha convocado en días recientes a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca y Náhuatl asentados en el Istmo de Tehuantepec a participar en lo que ha denominado “Asambleas Regionales Consultivas” sobre el “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, comunicando que las mismas se realizarán los días 30 y 31 de marzo del año en curso, en las sedes y fechas que se especifican en dicha Convocatoria, al respecto, las organizaciones firmantes:

1.-Rechazamos enérgicamente la realización de asambleas de consulta como ejercicios de simulación, pues no se apegan a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comentarios y recomendaciones generales emanados del sistema universal de derechos humanos.

2.-Solicitamos que la información sobre proyectos de desarrollo que afecten tierras indígenas, sea objetiva, completa, actualizada, técnica y culturalmente accesible, incluidas las repercusiones sobre la  vida y entorno de las comunidades así como  estudios sobre el impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever y que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones libres e informadas, proporcionando la información en las primeras etapas de la consulta, con el tiempo suficiente  de entender las conclusiones de los estudios para así poder presentar sus observaciones.

3.- Reafirmamos que la etapa deliberativa es el proceso de discusión interno de la comunidad o pueblo indígena, sin la intervención de las autoridades del Estado mexicano, en donde los pueblos indígenas determinan la duración del periodo deliberativo y analizan la información proporcionada y, con base en ella, entablan diálogos y ejercicios participativos que permitan llegar a una decisión conjunta sobre sus posiciones con relación al objeto de la consulta.

4.- Precisamos que a partir de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Estados están obligados a obtener el consentimiento en los procesos de consulta cuando se trate de proyectos de desarrollo de gran impacto. El consentimiento libre, previo e informado es esencial para los derechos humanos de los pueblos indígenas y es la piedra angular del derecho a la consulta, separar el concepto de consulta del concepto de consentimiento provoca que la consulta se convierta en una herramienta de participación y no de libre determinación. La CIDH ha dicho expresamente que los proyectos de desarrollo a gran escala requieren no solo la consulta sino el consentimiento de las comunidades o pueblos que habitan el territorio en donde se pretende realizar el proyecto, alude incluso al deber de los Estados de cancelar los planes o proyectos a partir de los resultados que se obtengan de la consulta.

5.- Nos preocupa que el Estado Mexicano ignore la Nota Técnica sobre la obligación de consulta que recientemente ha enviado la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en donde se reafirma que “La consulta indígena no debe entenderse como un simple proceso de socialización sobre decisiones previamente tomadas por el Estado, sino como un proceso de diálogo horizontal con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento respecto a la medida, teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas que podrían resultar afectados.”

6.-Los procesos de consulta indígena no son un solo acto puntual, sino que deben realizarse en todas las fases de planeación e implementación; observamos y denunciamos la violación al carácter previo de la consulta y el consentimiento, pues se informó en diciembre de 2018 al presentar el proyecto en referencia que estaban ya contempladas inversiones para este proyecto del Istmo de Tehuantepec, lo que confirma que las asambleas regionales consultivas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse.

7.-Exigimos al Estado mexicano reconocer y proteger el derecho al territorio de los pueblos indígenas, estableciendo las garantías efectivas para el ejercicio de su autodeterminación y autonomía y su derecho a definir sus prioridades de desarrollo, así como garantizar la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y obtener su consentimiento previo, libre e informado durante la planeación e implementación de proyectos que les afecten.

8.- Exigimos se respete durante el ejercicio de las consultas, los tiempos, usos, costumbres y formas de toma de decisión de las comunidades, así como sus instancias representativas, definidas por ellas mismas y solicitamos al Estado se abstenga de acelerar estos procesos con el fin de legitimar con ejercicios de simulación los proyectos de desarrollo construidos al margen de las comunidades.

9.- Repudiamos que los proyectos gubernamentales intenten imponerse bajo “consultas” que no cumplen con la normatividad nacional e internacional, y que dichos procedimientos se estén convirtiendo en el modelo a seguir para proyectos de despojo a los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar el derecho a la consulta, éstas deben ser previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe. Cualquier ejercicio que se aleje de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México es firmante, será una simulación.

Por lo anterior, quienes firmamos este pronunciamiento, nos sumamos a la voz de los pueblos indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec en la exigencia al respeto pleno de sus derechos colectivos, al mismo tiempo exigimos al Estado mexicano detener la violación sistemática del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en todo el país.

PORQUE SON NUESTRA FUENTE DE VIDA, DEFENDAMOS NUESTROS TERRITORIOS

Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC; Monapaküy-organización comunitaria de San Mateo del Mar; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A. C.; Enlace Comunicación y Capacitación A.C.; Organizaciones Indias por los Derechos Humanos OIDHO; Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Servicios del Pueblo Mixe SER A.C.; Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA; Tequio Jurídico A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C.


Nota Aclaratoria

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de marzo del 2019.

ASUNTO: Nota Aclaratoria.
En nuestra comunicación de fecha 27 de febrero del año 2019 afirmamos “la empresa Zalamera S.A. de C.V. prestanombre y filial de la Corporación Minaurum Gold de origen canadiense”. Ante esta información, Tequio Jurídico A.C., la comunidad de Santa María Zapotitlán y la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio aclaramos lo siguiente:

1. La Empresa Zalamera S.A de C.V. es una empresa mexicana, constituida el 05 de marzo del año 2004

2. La minera Minaurum Gold Inc. no tiene relación de posesión, uso de prestanombres o sociedad matriz con Minera Zalamera S.A. de C.V.

3. Uno de los directores de Minaurum Gold Inc, David M. Jones, es propietario de la empresa Minera Zalamera S.A. de C.V.

Atentamente
Tequio Jurídico A.C.
Santa María Zapotitlán
Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio.

De conformidad con el título de concesión minera que obra en nuestro poder.
http://www.minaurum.com/s/Directors.asp – acceso del 26 de marzo 2019.
http://www.minaurum.com/s/Directors.asp – acceso del 26 de marzo 2019.

 

Documento:Carta aclaratoria


Justicia para San José del Progreso, Oaxaca. México

Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.

Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.

Hoy, siete años después de estos lamentables hechos, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) nuevamente enfrenta un clima de hostigamiento y amenazas en la comunidad, a partir del anuncio del Presidente Municipal de “recuperar” el palacio municipal de San José del Progreso. La COPUVO ha manifestado en diferentes comunicados y en mesas de trabajo con el gobierno estatal su preocupación en torno a este clima de violencia, nuevamente se ha enfrentado a la omisión de dichas autoridades en torno a la exigencia de justicia, reparación del daño y paz en la comunidad.

Durante este periodo, la empresa minera ha operado en total impunidad en el municipio de San José del Progreso, ha habido un daño profundo al tejido social, además de una violación sistemática de sus derechos fundamentales como pueblo zapoteco.

Ante estos hechos, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, manifestamos lo siguiente:

  1. Nos solidarizamos con la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, en su lucha por construir una vida digna para la comunidad y la defensa de su territorio.
  2. Nos solidarizamos con las familias de Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, y nos sumamos a la exigencia de castigo para los autores intelectuales y materiales.
  3. Exigimos al gobierno estatal una atención oportuna, eficaz, transparente, además de trabajar con seriedad en torno al conflicto, igualmente exigimos que las autoridades estatales proporcionen las condiciones necesarias para la protección de defensoras y defensores en San José del Progreso, sobre todo en el marco de la fiesta patronal, a celebrarse del 17 al 20 de marzo de 2019.
  4. Al gobierno federal exigimos garantizar los derechos al territorio, libre determinación y ambiente sano en la comunidad de San José del Progreso, por lo que nos sumamos a la demanda de la COPUVO: cancelación del proyecto minero San José y las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales.
  5. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca active  las medidas de protección a los derechos humanos de las y los defensores de San José del Progreso en el marco del aniversario del asesinato de Bernardo Méndez Sánchez y la celebración de la fiesta.

¡Porque son Nuestra Fuente de Vida, defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios


Justicia para San José del Progreso, Oaxaca. México

Hace siete años, el 15 de marzo de 2012, recibimos con indignación la noticia del artero asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, agrónomo, defensor comunitario y opositor al proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca.

Bernardo Vásquez iba acompañado de su hermano Álvaro Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez, cuando fueron emboscados en su vehículo. Bernardo había recibido amenazas por parte del H. Ayuntamiento de San José y la empresa minera Fortuna Silver Mines, quien opera a través de su filial Cuzcatlán S.A. de C.V. las amenazas fueron denunciadas públicamente y ante las autoridades competentes, sin embargo fueron ignoradas por las autoridades federales y estatales.

Más información:

ttp://endefensadelosterritorios.org/2019/03/14/justicia-para-san-jose-del-progreso-oaxaca-mexico/

 


LA COPUVO HACE UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES ESTATALES A TRABAJAR CON SERIEDAD EN LA MESAS DE DIALOGO Y BRINDAR SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO.

Las Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO)
hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a poner atención y mantener
el dialogo que permita generar las condiciones de seguridad en la comunidad
para la reconstrucción de tejido comunitario y la paz dentro del Municipio de San
José del Progreso.
Denunciamos que a raíz del intento unilateral del Presidente Municipal por
recuperar el Palacio Municipal resguarda por la coordinadora, se ha incrementado
la inseguridad que vivimos desde la llegada el proyecto minero impuesto por la
Empresa Minera Fortuna Silver Mines, en el año 2006. Nos preocupa que en el
afán de fortalecer el tejido comunitario de San José del Progreso, siga
aumentando las intimidaciones hacia los y las integrantes de la COPUVO, hemos
visto personas armadas rodeando domicilios de las y los integrantes de la
COPUVO y el incremento de detonaciones de arma de fuego de alto calibre en
San José del Progreso.

VER COMUNICADO:

http://endefensadelosterritorios.org/wp-content/uploads/2019/03/Boletin-CPUVO-04-03-29.pdf

 

 


161 personas defensoras de DH asesinadas en sexenio que termina, sembradores de esperanza: Red TDT

  • El Informe Desde la Memoria… la esperanza, documenta 159 a las que se sumaron dos en noviembre con lo que totalizan 161 en el sexenio, más 40 periodistas.
  • Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
  • Guerrero, Oaxaca y Chihuahua los estados más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos

CDMX | 29 Nov 2018 | La defensa de derechos humanos no es un privilegio en sí misma como acusan furibundos sus detractores. Tampoco es algo dispensable, algo que debamos desear que se extinga, como opinan otros. La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad. En ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia. Eso es lo que nos une: la esperanza.

Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra.

El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos. Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?

De ninguna manera

Como Red respondemos a esta realidad con convicción de esperanza y de memoria. Eso nos han enseñado pueblos, comunidades y víctimas. Hoy estamos aquí para conmemorar la esperanza y retomar la estafeta de las tantas luchas que nuestra sociedad requiere. Hoy estamos aquí para decirles a nuestras compañeras y compañeros que su muerte no es ni será inútil. No lo permitiremos.

Por eso queremos dejar constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas. Según solicitudes de información hechas a Procuradurías/Fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados. Las investigaciones por asesinato de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato.

Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación, que tiene solo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias. Este año, incluso, el Fideicomiso que dota de recursos al Mecanismo se quedó sin recursos, colocando en mayor situación de riesgo a 727 personas defensoras y periodistas.

La situación tiene matices importantes:

  • Por lo menos 42 de 159 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran: yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil, triqui.
  • Según la documentación los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son: Guerrero (28% de los casos), Oaxaca (20%) y Chihuahua (11%).
  • El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de DESCA y Tierra y territorio.

El Saldo de este sexenio es de más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas, 8 feminicidios diarios, una crisis migratoria sin precedentes, más de 500 conflictos socioambientales, así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán) y de corrupción en las altas esferas de gobierno (Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra).

La lucha de todas estas personas fue interrumpida de forma violenta, pero no así sus ideales y sus convicciones, no sus sueños ni la memoria de su lucha justa por un mundo diferente.

Ahí está la esperanza.

En todas esas personas que durante y ahora tras estos 6 años persisten en la defensa de derechos humanos, en este servicio por la vida. La esperanza está en los aprendizajes, logros y siembras de aquellas personas que aunque ya no están, continúan presentes en su espíritu combativo y digno.

Para más información y contacto:
Quetzalcoatl g. Fontanot
comunicacion@redtdt.org.mx
cel 551796 6731

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

puedes descargar el informe aquí: desde la memoria informe

Informe Red TDT | Desde la memoria… la esperanza


Cancelación definitiva de concesión minera en Territorio Chontal: CODT se pronuncia por respeto a los derechos territoriales de comunidades indígenas

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODT) se solidariza con la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico A.C. en su lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos frente a concesiones y proyectos mineros.

El 18 de diciembre, dicha comunidad interpuso una demanda de amparo para exigir la cancelación del título de concesión minera Zapotitlán 1, que cubre una superficie de 5413 hectáreas y que pone en riesgo el 80% de sus tierras comunales.

El Juzgado Cuarto de Distrito otorgó una suspensión de plano a favor de la comunidad, por su parte el Gobierno Federal y la Secretaría de Economía colocaron dos recursos de queja frente a la determinación del Juzgado argumentando que la decisión de la comunidad indígena “obstaculiza el desarrollo del país” y “afecta el interés social”.

Las concesiones mineras otorgadas en territorios indígenas y campesinos de Oaxaca, representan un retroceso en términos del reconocimiento y respeto de los derechos territoriales; el desarrollo no se puede dar a través de proyectos que profundizan la violencia, el despojo, la discriminación, la contaminación del ambiente y la privatización de los bienes comunes.

El CODT aplaude la decisión de las comunidades Chontales de hacer respetar sus derechos utilizando las vías legales y se suma a la demanda de cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas en territorio chontal.

El CODT Considera que el fallo del Juzgado Cuarto Distrito del Estado de Oaxaca, puede ser una oportunidad que coloque precedentes para el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales de las comunidades indígenas frente a los megaproyectos, donde tendrán que prevalecer los derechos humanos de las comunidades, ante los intereses de los particulares o empresariales.

En este sentido, el CODT Exhorta  al Gobierno Federal y la Secretaría de Economía, a revalorar su postura frente al litigio contra la concesión Minera Zapotitlán 1, que respete los derechos colectivos de la comunidad agraria e indígena de Santa María Zapotitlán, como una muestra de seguir avanzando en el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

¡Respeto a los derechos de autonomía y libre determinación!

¡Ni Oro, Ni Plata, la  Minería Mata!

Porque son Nuestra Fuente de Vida, Defendamos Nuestros Territorios!

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios