LA CONSULTA INDIGENA: UN DERECHO HUMANO O UNA HERRAMIENTA DEL ESTADO PARA CONTROLAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Artículo de opinión: Tequio Jurídico A.C.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de agosto del 2019.

Durante sus primeros ocho meses el gobierno de la 4T, se ha caracterizado por impulsar diversos instrumentos de participación ciudadana como: consultas ciudadanas, consultas populares y las consultas indígenas, para justificar el nuevo rostro del cambio que anunció en la toma de posesión el actual ejecutivo en apoyar a los pueblos indígenas y a los más necesitados.

En la realidad; estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta, consentimiento, libre previo e informado, ha sido seriamente cuestionado por académicos, organizaciones de derechos humanos y activistas, porque se ha traducido en una violación sistemática a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, convirtiendo éste derecho en un instrumento jurídico del estado y las empresas para legitimar y legalizar el despojo de los territorios indígenas y justificar la imposición de proyectos extractivos.

Algunas consultas que han sido cuestionadas por violentar los derechos humanos son: aeropuerto en la ciudad de México[1], la termoeléctrica de Huexca, donde después de la visita del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue asesinado el defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes[2], el Tren Maya[3], la consulta del Istmo – Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec[4]. Los cuestionamientos de organizaciones de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[5] dejan claro que las “consultas” no están respetando los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

A estos cuestionamientos sobre las consultas realizadas en México, se han sumado voces como el de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien en su informe detalla que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios y de agricultura constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Según el informe, las consultas que se han llevado a cabo para estos megaproyectos desde la visita del anterior relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen (en 2003) han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los que México se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Nuestro trabajo con pueblos indígenas chontales en la defensa de su territorio frente a proyectos mineros, nos permite ver críticamente la forma en cómo el gobierno federal está implementando la consulta, es preocupante que después de serios cuestionamientos, análisis y recomendaciones sobre del derecho a la consulta, consentimiento, libre, previo e informado, estos vicios en la consulta se sigue repitiendo de manera reiterada. El gobierno de la 4T, no sabe escuchar a otros sectores que piensan diferente.

Uno de los derechos que se transgreden dentro de la implementación del proceso de consulta, es el derecho a la autonomía y la libre determinación, entendido este como la forma en que los propios pueblos y comunidades indígenas toman sus propias decisiones sobre su existencia, sus formas de vida y el cuidado de su territorio frente al Estado y los proyectos de muerte que quieren imponerse. No es extraño que este derecho, es el mismo que ha sido negado históricamente por el Estado a los pueblos y comunidades indígenas.

En uso de la autonomía y libre determinación, los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, han declarado sus territorios prohibidos para la minería porque ataca su tierra, medios de vida, su existencia misma. Siguen implementando instrumentos jurídicos para protegerse como los Reglamentos Internos o Estatutos Comunales. Lo más importante, siguen viviendo y sintiendo el territorio.

El derecho a la consulta indígena producto de la resistencia, se está convirtiendo en bandera del actual gobierno para justificar su acercamiento con los pueblos, acompañado del uso folclórico de símbolos, espacios y prácticas ancestrales. La propuesta de reforma constitucional y legal que promueve el INPI en sus foros regionales, sin tocar bienes considerados estratégicos para la nación, son una simulación más. Aprobarse una reforma en esos términos, significaría fortalecer el estado de derecho para seguir atacando el territorio de las comunidades y los pueblos indígenas, no para protegerlos.

Una reforma constitucional que excluya el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, como forma de control de los pueblos sobre su territorio, convertiría al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en parte de la ingeniería de los conflictos, al hacer uso perverso del derecho, tal como ha ocurrido en las diversas “consultas” realizadas, ajenas a los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT.

Lamentamos que el gobierno se apropie de nuestros pensamientos, saberes, de nuestros nuestros lenguajes y de las formas de organización. Condenamos que se usen nuestras instituciones para seguir reprimiendo al pueblo. Nos indigna que nuestros propios hermanos y hermanas indígenas se dejen utilizar para someternos y hacernos creer que la consulta y una reforma constitucional salvarán la deuda pendiente que el estado nos tiene.

La reforma Constitucional en materia indígena, no garantizará la deuda histórica que tiene el Estado con los Pueblos y Comunidades Indígenas, bastaría que el Estado y las Instituciones Públicas, los organismo de Procuración e Impartición de Justicia sean coherentes y respeten los derechos humanos y desde luego los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución y en los Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.

Los ensayos de consulta se han traducido en reuniones o foros de información en donde los pueblos indígenas no están presentes, considerando que una de las instituciones fundamentales son precisamente las asambleas, donde se debaten temas de transcendencia; en este sentido, las reuniones y foros de información con representantes que fueron convocados porque se le iba a recibir sus solicitudes para futuros apoyos, como sucedió con algunas comunidades chontales[6], se volvieron espacios de legitimación de una reforma, cuyos temas y criterios no fueron discutidos a profundidad.

Esta práctica de consulta, nos pone frente a un panorama delicado con relación a otras medidas administrativas y legislativas. Se están anunciando consultas para reformar la “Ley de Aguas Nacionales”, será que el INPI se asuma garante de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando es uno de los actores responsables de consultas que han sido calificadas como simulación, amañadas o legitimadoras de proyectos.

Nos preguntamos cual será el papel que hará el comité de expertos, alzarán su voz en favor de los pueblos y comunidades indígenas o serán instrumento de estado para fortalecer la simulación, así como decirnos que nos reconocen la libre determinación, pero tratándose de territorios indígenas, esta protección no nos alcanza, porque resulta que son bienes estratégicos y eso le corresponde a la nación, como si nosotros no fuéramos parte de ella.

Existe una confrontación legal entre el convenio 169 de la OIT y el artículo 27 constitucional que se debe atender. El convenio reconoce el derecho a la tierra y al territorio[7] a los pueblos y comunidades indígenas, es decir, lo que cubre la totalidad del hábitat[8] de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera, esto incluye el suelo y subsuelo, lo que el gobierno defiende como recursos estratégicos y da en concesiones a la inversión privada, como los minerales. Por su parte el artículo 27 de la constitución, reconoce que esos “recursos naturales” son propiedad de la Nación, generando una tensión legal.

En tiempos de la 4 Transformación abundan infinidad de preguntas ¿De verdad el Gobierno y las fuerzas políticas reconocerán plenamente los derechos de los pueblos indígenas?, o solo legislaran en otros derechos que les implique menor costo y salvar compromiso con el sector empresarial y los poderes fácticos.

¿Cuáles son los intereses que se juegan en la consulta? ¿Quiénes serán los mayores beneficiados, los Pueblos Indígenas o serán puntos a favor de legisladores y funcionarios quienes presentaran la iniciativa?, ¿Qué está pasando entre el Ejecutivo Federal, el INPI y el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos? Mientras el INPI consulta la reforma, el ejecutivo publica un decreto que adiciona un apartado C, al artículo 2 de la constitución, para reconocer lo siguiente:

Esta constitución reconoce a los “pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”

Vaya, no puede haber mayor burla.

Siendo así, pensamos que el estado no tocará el artículo 27 constitucional, para reconocer el verdadero derecho a los pueblos y comunidades indígenas sobre su territorio. No tocará los privilegios que tienen las empresas extractivas garantizada legalmente mediante concesiones. No reconocerá la libre determinación y la autonomía sobre el territorio indígena, seguirá siendo una reforma simulada y los pueblos indígenas seguirán fomentando el “deporte nacional” o luchando como lo han hecho siempre, incluso, sacrificando su propia vida.

[1] https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540328737_866495.html

[2] https://elpais.com/internacional/2019/02/20/mexico/1550686132_881347.html

[3] https://www.pagina66.mx/consulta-previa-sobre-megaproyectos-como-tren-maya-onu/

[4] https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-consulta-sobre-programa-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec

[5] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-debe-consultar-pueblos-indigenas-sobre-tren-maya-cndh

[6] Pronunciamiento de la escuela agraria para la defensa de nuestro territorio respecto a los procesos de consulta en el territorio chontal.

[7] Artículo 13, 2.- La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

[8] Artículo 15 punto 1.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.


Misión Civil de Observación constata violaciones a los derechos de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe

  • Es urgente e inaplazable la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población.
  • Autoridades estatales han incurrido en violaciones a derechos humanos que han recrudecido el conflicto entre estas dos comunidades.

Organizaciones de la sociedad civil realizaron una Misión Civil durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 2019 a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes, en la que se realizaron entrevistas, así como reuniones de trabajo con autoridades municipales y estatales, donde se constataron una serie de hechos, acciones y omisiones que han causado la vulneración sistemática de los derechos humanos de personas habitantes del municipio de Ayutla, entre ellas personas defensoras, niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad y enfermos.

Ante un contexto de grave urgencia, en el que la comunidad de Ayutla Mixe no ha contado con acceso a agua durante más de dos años, la Misión buscó entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto agrario que, de acuerdo con declaraciones públicas del gobierno estatal, es la causa principal de la falta de obras públicas para conectar a la comunidad con el manantial del que históricamente se han provisto.

Sin embargo, en las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, pudimos constatar que hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua. Por este motivo vemos con preocupación que la Secretaría General de Gobierno no haya atendido a diversas solicitudes de reunión para conocer las acciones que ha llevado a cabo para resolver la problemática que enfrentan las comunidades.

En cuanto al derecho al agua:

  • Se documentó que la comunidad de Ayutla no cuenta con el servicio de agua a través de la red de distribución del municipio.
  • Se pudo constatar que, a pesar de ser un derecho humano y una necesidad vital, actualmente no se encuentra plenamente garantizado.

Esta situación ha generado graves afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación de la comunidad, y al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; además los pobladores, los comités de las diferentes instituciones de salud y educación, así las autoridades encargadas del suministro de agua utilizan medios alternos para acarrearla. Estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

La Misión también realizó recorridos a los cuatro tanques de abastecimiento y constató que se encuentran totalmente vacíos. La falta del agua en la comunidad puede desencadenar otros conflictos inter-comunitarios. Así, la prioridad es la reconexión inmediata del sistema de agua potable de Ayutla.

Recibimos testimonios de víctimas de hechos delictivos a quienes, a más de dos años, y tras presentar denuncias, no se ha garantizado el acceso a la justicia. Si bien la Fiscalía General del Estado nombró una fiscal especial, esto no ha sido suficiente, pues siguen sin cumplirse las diligencias correspondientes, no se han recabado las pruebas necesarias y, en tanto, estos delitos se mantienen impunes y los derechos de las víctimas continúan sin garantizarse.

Entre las observaciones de la Misión, recalcamos que esta problemática requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades.

Además, documentamos una serie de hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Exhortamos a las comunidades a facilitar la solución del conflicto y el cumplimiento de su palabra ante los acuerdos firmados. Para la Misión y las organizaciones de derechos humanos que la conforman, el diálogo y las vías institucionales son la ruta adecuada. Rechazamos el uso de la violencia como medida de presión y llamamos al gobierno del estado de Oaxaca a cumplir cabalmente con sus obligaciones legales.

En el presente boletín damos a conocer de forma preliminar lo documentado, de manera posterior se presentará un informe con mayores detalles.

Participan en esta Misión de Observación:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos
(conformada por 87 organizaciones de 23 estados de la República mexicana).

Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi -Tuxtepec

Red Solidaria de Derechos Humanos -Michoacán

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.

Servicios del Pueblo Mixe

Asesoría Integral y Litigios Estratégicos a Pueblos Originarios

Tequio Jurídico

Servicios para una Educación Alternativa


PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA AGRARIA PARA LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO RESPECTO A LOS PROCESOS DE CONSULTA EN EL TERRITORIO CHONTAL

PRONUNCIAMIENTO DE LA ESCUELA AGRARIA PARA LA DEFENSA DE NUESTRO
TERRITORIO RESPECTO A LOS PROCESOS DE CONSULTA EN EL TERRITORIO CHONTA

Los días tres y cuatro de agosto del año 2019, nos reunimos autoridades agrarias, municipales, alumnas y alumnos de las comunidades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa María Candelaria, Santa María Zapotitlán, Santa Lucía Mecaltepec y San Pedro Tepalcatepec, en el marco del sexto módulo y clausura de la Escuela Agraria para la Defensa de Nuestro Territorio.

Uno de los temas analizados fue el derecho a la consulta y sus procesos de implementación por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en algunas comunidades del Pueblo Chontal. Una vez analizado los principios y criterios que establece el documento PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS manifestamos lo siguiente:

1.- La consulta es un derecho logrado por la resistencia y lucha de los propios pueblos indígenas. Este derecho está reconocido en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este derecho se está violentando en la forma en cómo se están realizando las supuestas consultas en la región.

2.- El protocolo adolece de un vicio de origen debido a que no fue consultado previamente con los pueblos indígenas, por tratarse de una medida administrativa con consecuencias legislativas, debió consultarse para dar cumplimiento al artículo sexto del convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por el gobierno mexicano.

3.- El protocolo no señala específicamente a las comunidades indígenas chontales que deberán de consultarse, solo refiere al pueblo chontal y señala como lugar sede de la reunión al Municipio de Santiago la Ollaga, este municipio está entre seis y ocho horas de traslado, esto violenta los procedimientos apropiados, la buena fe, y las instituciones representativas de nuestras comunidades, los vemos como una estrategia del gobierno para que las comunidades no asistan, dando por hecho las consultas.

4.- Los tiempos señalados para la consulta en el protocolo, son insuficientes para realizar un análisis profundo de los dieciséis temas que contiene el documento PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANOS. Violenta las formas comunitarias para la toma de decisiones, al convocar solo a las autoridades municipales y comunitarias excluyendo a las asambleas comunitarias, principal instancia de toma de decisiones.

5.- La convocatoria no fue difundida en todas las comunidades indígenas chontales de la región chontal alta y de la región chontal baja. En los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Santa María Quiegolani, Asunción Tlacolulita, Magdalena Tequisitlán, San Miguel Tenango, Santiago Astata y San Pedro Huamelua existimos más de setenta comunidades indígenas.

6.- En San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca, el funcionario Jaime García Sosa del INPI, invito a las autoridades agrarias y municipales para la participación en la reunión de Santiago la Ollaga, con la finalidad de reforzar los acuerdos obtenidos con anterioridad con las otras comunidades de la costa que están exigiendo la instalación de pozos profundos, justificando que la comunidad se va a beneficiar con el apoyo en proyectos sociales entre ellos con la CONAVI.

7.- Sobre el tema de tierra y territorio, los criterios son contradictorios; por un lado, dice que los pueblos indígenas podrán poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorio y recursos o bienes naturales y por el otro manifiesta “salvo aquellos considerados estratégicos para la nación”. Esto fortalece las concesiones mineras existentes y garantiza su continuidad poniendo en riego elementos naturales como el agua de los ríos, los minerales del subsuelo y el medio ambiente natural

8.- La libre determinación y la autonomía está cargada a cuestiones administrativas, designación de recursos y funciones de tipo electoral. Esto implicaría que los problemas que viven los municipios actualmente, serán traslados a las comunidades indígenas, modificando las formas e instancias comunitarias por los vicios que puedan generar los recursos municipales, en el ejercicio de la transparencia, control fiscal y su distribución en la vida interna de las comunidades.

9.- Reconocemos que las mujeres sufren violencia, esto se manifiesta en la discriminación, carga de trabajo y falta de participación en los espacios de toma de decisiones, a pesar que su aportación en la vida comunitaria es fundamental. Los criterios no son concretos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Reconocer la violencia sexual como violencia especial, limita otros derechos.

10.- Sobre la consulta del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el INPI solo convoco a reuniones en Santa María Ecatepec y San Pedro Huamelula, el testimonio de las autoridades es que fueron invitados porque estarían reunidas autoridades del gobierno federal, que llevaran sus solicitudes para apoyarlos con proyectos.Una reforma constitucional como se plantea en la supuesta consulta, no resolverá la deuda histórica que el estado tiene con los pueblos y comunidades indígenas. Se requiera un verdade ro cambio estructural y cultural que tenga como centro las personas y el sistema en la que nos desenvolvemos.

San Miguel Chongos, Yautepec, Oaxaca a 04 de agosto del 2019.

Gay mama laipitine Jlamat’s
Mi madre, mi vida, es la tierra
Escuela Agraria para la Defensa de Nuestro Territorio

descarga pronuncimiento: POSICIONAIENTO ESCUELA


Inauguración de nuevo espacio de trabajo de Tequio Jurídico

El viernes 12 de Julio, la asociación civil Tequio Jurídico celebro la apertura de su nuevo espacio de trabajo en: Calle Pinos 200-1, Esquina Progreso, Colonia el Pilar. San Jacinto Amilpas, Oaxaca. La casa tequiana tuvo el honor de contar con la asistencia de personas que conocen y han logrado acompañar este proceso que camina desde abajo sembrando autonomía.

Redes sociales: Facebook: Tequio Jurídico A.C., Twitter: @TequioJuridico, pág: www.tequiojuridico.org, contacto:
contacto@tequiojuridico.org

Desde Abajo y en la Tierra Sembramos Autonomía
Tequio Jurídico AC.


MÉXICO: ALTA EN DERECHOS HUMANOS

La organización socia de ZFD “Tequio Jurídico” recibió recientemente el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”. El premio reconoce su compromiso peligroso pero incansable con los derechos de los indígenas en el estado de Oaxaca, sur de México.

El trabajo de derechos humanos en México es potencialmente mortal. Desde la declaración de guerra contra los carteles de la droga en 2006, el país se está hundiendo en un torbellino de violencia. Más de 250,000 personas perdieron la vida como resultado. Los conflictos sobre la tierra, los recursos y el poder también conducen regularmente a conflictos violentos. Las violaciones de los derechos humanos son comunes, incluso en la justicia penal. Gran parte del crimen cometido en México no es legalmente procesado. Esto tiene consecuencias devastadoras para el trabajo de las personas que defienden la justicia y la justicia. Son amenazados, detenidos ilegalmente, torturados y asesinados. Muchos desaparecen sin dejar rastro. Cerca de 40,000 personas son consideradas desaparecidas. Desde 2010, el Instituto Heidelberg para la Investigación de Conflictos Internacionales (HIIK) clasifica el conflicto como una guerra doméstica.

Un premio como el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” los alienta a permanecer en la pelota a pesar de las amenazas . La ceremonia de premiación de este año tuvo lugar el 13 de abril de 2019 en la capilla de la catedral de Cuernavaca. Cuernavaca es la capital del estado de Morelos y la sede de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo. Además de la organización socia de ZFD “Tequio Jurídico”, la activista de derechos humanos Teresa Castellanos Ruiz ha sido honrada.

Tequio Jurídico es una organización local de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Fue fundada a fines de 1997 por iniciativa de hombres y mujeres jóvenes del grupo étnico Chongnant de Oaxaca y se registró en 1998 como una organización no gubernamental. Tequio Jurídico está comprometido con los derechos y la autodeterminación de la población indígena., La organización actualmente apoya a las comunidades indígenas de varios grupos étnicos en las tierras altas del sur y en la costa del estado de Oaxaca para proteger su territorio y fortalecer su autonomía. Uno de los objetivos de Tequio Jurídico es la promoción de la igualdad de relaciones entre mujeres y hombres y la promoción del acceso a la información en las comunidades. Además, Tequio Jurídico contribuye a la capacitación de líderes indígenas en la región de Chontal. Todos los empleados de la organización tienen voz en las decisiones operativas. El nombre retoma el concepto tradicional de trabajo colaborativo (“Tequio”). “Tequio” representa el trabajo voluntario y no remunerado que un feligrés proporciona para el bien de la comunidad. Es una costumbre indigena

El Premio a los Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” se lanzó en 1992 para reconocer a las organizaciones y personas comprometidas con la paz, la autodeterminación y el respeto por los derechos humanos . El premio se otorga anualmente en dos categorías: para grupos y para individuos. Está dotado con 10,000 pesos (para grupos) y 5,000 pesos (para individuos). En 2019 fue galardonado por la 27ª vez. Regresa al clérigo católico Sergio Méndez Arceo (1907-1992) , que fue desde 1952 hasta 1982 obispo de Cuernavaca. El obispo Méndez hizo campaña con vehemencia durante toda su vida por los desfavorecidos de la sociedad mexicana.

Más información sobre el premio y los dos ganadores se pueden encontrar aquí .


El Servicio Civil de Paz apoya el trabajo de los defensores de derechos humanos amenazados y los defensores de derechos humanos (MRV) en México con nueve trabajadores calificados actualmente a través de las dos agencias PBI y Brot für die Welt.Los MRV mexicanos hacen campaña por los derechos de los pueblos indígenas y abogan por un uso responsable del medio ambiente y los recursos naturales. Muchos han hecho su objetivo poner fin a la impunidad. Por ejemplo, investigan casos de violencia y los llevan ante la justicia. Ellos investigan los destinos de los desaparecidos. Luchan contra las expropiaciones de tierras. Trabajan en condiciones extremas por los derechos de los grupos desfavorecidos y expresan sus preocupaciones al público mexicano e internacional. La presencia de la ZFD les permite actuar con relativa seguridad. Se está trabajando en conjunto para garantizar que los MRV puedan protegerse mejor y enfrentar la amenaza permanente. Redes de ayuda

Foto: Tequio Jurídico





Palabras de Rosa Luxemburg-Stiftung a Tequio Jurídico por el premio Don Sergio Méndez Arceo

Hace unas semanas, Tequio Jurídico A.C. recibió el Premio Don Sergio, un reconocimiento que resalta el trabajo individual o grupal en la defensa de los derechos humanos en México. Hoy, Tequio se ha sumado a la gran lista de galardonados entre los que se encuentran Las Patronas, “Las Abejas”, Lydia Cacho o la Comunidad de Cherán. Re-conocer su trabajo es una forma de celebrar con este equipo profundamente oaxaqueño y extraordinariamente comprometido.


Pronunciamiento

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los colectivos autónomos y medios libres

A las organizaciones de la sociedad civil

A los pueblos de México y el mundo.

En menos de un mes, los compañeros del Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, CIPOEG-EZ, han sido victimas de la estrategia de contraisurgencia ejercida por narcoparamilitarismo, respaldado por el estado en sus tres niveles de gobierno y también por las corporaciones mineras.

El incremento de agresiones a nuestros territorios y quienes lo defienden frente estos tres actores nos obliga a redoblar los esfuerzos organizativos de autonomía y autodeterminación. Nos queda claro que nuestra única seguridad no va a venir ni del ejército, de la policía, ni de la guardia nacional, sino de la organización horizontal entre nosotras y nosotros; quienes habitamos en los pueblos oprimidos. Es por eso que nos sumamos a la solidaridad con los compañeros asesinados; Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián del CIPOEG-EZ, alzamos la voz en un claro grito de justicia que haga retumbar los oídos de las defensoras y defensores de lo existente y a sus falsos críticos. Denunciamos las agresiones, amenazas y asesinatos de quienes dan su vida en defensa de las causas justas; el territorio, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro.

Nos sumamos también a las voces que exclaman un alto a la militarización en territorio zapatista, y a quienes se mantienen críticos/as y escépticos/as ante este nuevo gobierno y sus proyectos de inversión como el tren Maya y el Plan para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

Invitamos, de la misma manera, a diferentes organizaciones civiles, colectivos y comunidades, a sumarse al esfuerzo organizativo que viene impulsando el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno.

 

Justicia para Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote integrantes, Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián.

¡Justicia para Samir Flores Soberanes y Abiram Hernández Fernández!

¡Alto a la guerra contrainsurgente en contra del EZLN!

Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía

Tequio Jurídico AC.

 

29 de mayo del 2019.

Pronunciamiento 29-05-19