MENCIÓN DEL ZFD (servicio civil para la paz) RESPECTO AL PREMIO NACIONAL SERGIO MÉNDEZ ARCEO

Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras del zfd Ziviler Friedensdienst  (Servicio Civil para la Paz), de Alemania, por la difusion del trabajo y el recibimiento del premio nacional de derechos humanos Sergio Méndez Arceo de Tequio Juridíco A.C. y la mención en el articulo “Mexiko: ein Hoch auf die Menschenrechte” (“Mexicó: ¡Vivan los derechos humanos!”).

https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/aktuelles/mexiko-ein-hoch-auf-die-menschenrechte

DESDE ABAJO Y EN LA TIERRA SEMBRAMOS AUTONOMÍA

 


DECLARACION MAÍZ COMUNAL DE OAXACA PARA EL MUNDO

Encuentro Estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo

“… Quetzalcóatl puso maíz en los labios de los primeros hombres, Oxomoco y Cipactónatl, antigua pareja de seres humanos, cultivadores del maíz, para que comiéndolo se hicieran fuertes.”

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, ciudad de la resistencia, los días 27 y 28 de septiembre de 2019, nos reunimos campesinas y campesinos indígenas del estado de Oaxaca en el Encuentro “Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo”, con la finalidad de reflexionar sobre las problemáticas que ha visibilizado el mal llamado “maíz mixe”, analizar las políticas públicas del actual gobierno hacia el campo mexicano, así como para proponer alternativas frente a las agresiones que sufren los maíces nativos y el campo mexicano.
Bajo el disfraz de la ciencia y el desarrollo, científicos norteamericanos cometieron del 2006 al 2015 una serie de agravios a comunidades indígenas mesoamericanas que desembocaron en la solicitud de patentar características genéticas derivadas del maíz olotón, que fue sustraído de la comunidad mixe de Totontepec y del cual se encuentra documentada su existencia desde la década de los 50’s del siglo pasado en Guatemala y México.
Vemos con preocupación que los ordenamientos internacionales a los que México está empujado a ratificar como el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y el Convenio de la Unión Internacional para la Protección a las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991), al que lo obliga el nuevo Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC); son instrumentos que legitiman el despojo de los recursos genéticos bajo un supuesto reparto de beneficios por un lado y por el otro la criminalización del libre intercambio de semillas, para favorecer el interés de las empresas transnacionales, menospreciando el hecho de que el maíz es una creación mesoamericana que tardó miles de años en producirse y que ahora quieren apropiarse para lucrar.
Calificamos esta acción como un acto de biopiratería, y aseveramos que las Universidades de California – Davis y Wisconsin – Madison, al servicio de la empresa Mars Inc., no realizaron ningún descubrimiento, solo pretenden apropiarse de nuestros saberes ancestrales, mostrando un desconocimiento y menosprecio de la ciencia tradicional que actualmente en nuestras comunidades se expresa como costumbre.
La práctica de la milpa siempre ha contribuido a enfriar el planeta, el que hoy se enteren por medio de la tecnología que ha desarrollado la ciencia occidental de que el maíz olotón se alimenta del nitrógeno que capturan las bacterias que viven en el mucílago que segregan sus raíces, así como que podrían manipular esta cualidad para disminuir el uso de fertilizantes hechos a base de petróleo, no les da derecho a apropiarse de este conocimiento milenario que desde la perspectiva indígena debe seguir en manos de quienes trabajan la tierra para producir sus alimentos.
En relación a las políticas públicas que se están impulsando hacia el campo mexicano, vemos con desagrado que se utilizan políticas paternalistas con el disfraz del combate a la pobreza que están individualizando la entrega de recursos mínimos a los campesinos, propiciando con esto la desintegración del tejido comunitario, al mismo tiempo que asestan un golpe a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; así mientras que se promete reconocer la libre determinación
Encuentro Estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo
de los pueblos indígenas, en los hechos se imponen programas que en aras de la transformación destruyen la comunidad.
Vemos al programa “Sembrando vida” como la intención de dividir las tierras de uso común para sentar las bases de su futura privatización, mediante la erosión del tejido social propiciado por la toma de decisiones en pequeños grupos que ignoran la existencia de las asambleas comunitarias; asimismo lo vemos como el impulso al establecimiento de plantaciones comerciales que pretenden sustituir los espacios donde se siembra la milpa.
La importación creciente de maíz transgénico se está haciendo con el propósito de servir de alimento a los animales de las granjas que han trasladado de Estados Unidos a México, mismas que ya han ocasionado graves problemas de contaminación e incluso la aparición de enfermedades provocadas por el uso intensivo de antibióticos para la crianza de cerdos, pollos y bovinos en condiciones de hacinamiento.
México produce el maíz que necesita para comer, pero las políticas globales de ventajas comparativas pretenden que dejemos de producir nuestros propios alimentos. Mientras se exportan verduras, frutas y hortalizas que necesitan grandes cantidades de agua para su producción, importamos granos que son el alimento cotidiano de la mayoría de la población.
Los bancos de germoplasma que se han construido a base de las miles de colectas que se han realizado en los últimos años a través de ferias de semillas organizadas por el CIMMyT, el SNICS y el INIFAP entre otras instituciones y con la participación de investigadores sin ética profesional, solo han servido para concentrar la diversidad genética de nuestro país en manos de las empresas transnacionales.
La biotecnología, así como la agricultura digitalizada y robotizada no son la panacea para salvar del hambre al planeta, son falsas soluciones que solo pretenden concentrar la producción de alimentos en manos de cada vez menos empresas transnacionales que pretenden controlar nuestras vidas; por eso hacemos un llamado:
A las comunidades indígenas y campesinas a seguir practicando la comunalidad como una forma de vida, a sembrar las semillas propias y utilizar técnicas ancestrales y agroecológicas para la producción de sus alimentos. La libre determinación de nuestros pueblos solo será posible en la medida que hagamos posible la soberanía alimentaria. Para nuestros pueblos el ejercicio de la política va más allá de participar en una elección, llevémoslo a la práctica mediante la siembra de nuestras semillas y el consumo de los alimentos que de ellas provengan.
A la comunidad científica a que actúe con una ética de respeto a los saberes tradicionales y se ponga al servicio de los pueblos buscando soluciones a nuestros problemas; asimismo que cuando tengan la posibilidad de utilizar los conocimientos de frontera, los resultados de sus investigaciones y propuestas sean respetuosos de la naturaleza.
A los maestros oaxaqueños, a que utilicen el maíz como un elemento importante en la construcción de sus proyectos para la educación de las niñas, niños y jóvenes.
Al gobierno mexicano a dejar de simular que apoya al campo y dejar en manos de los indígenas y campesinos las decisiones para que produzcan sus propios alimentos.
Encuentro Estatal Maíz Comunal de Oaxaca para el Mundo
El maíz comunal es una práctica es una forma de compartir, una forma de vida, en Oaxaca es guelaguetza del pueblo, no solo dinero y ganancia
Nos declaramos conservadores de las semillas que el planeta necesita para sortear los problemas que ya se están presentando y porque tenemos el propósito de conservar la vida.
El día de hoy entregamos nuestras semillas del maíz olotón, que se siembra en muchas comunidades de Oaxaca, así como de otros maíces y otras plantas a la Vía campesina, la organización campesina más importante del mundo para que por su conducto llegue a los campesinos interesados en sembrarla en sus respectivos países y no tengan la necesidad de comprarla a empresas transnacionales. Quedan bajo su resguardo para sembrarlas, hacerlas florecer y reproducirlas para adaptarlas a sus circunstancias.
Que las semillas sean libres para que florezcan pueblos libres.

¡Maíz comunal, tierra comunal.!
¡Semillas nativas no son mercancías!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 28 de septiembre de 2019.

Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca

Declaracion Maiz comunal de Oaxaca para el Mundo


PRONUNCIAMIENTO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES POR LA DEFENSA DE TERRITORIO FRENTE AL EXTRACTIVISMO

PRONUNCIAMIENTO

En la Barranca de Huentitán, Jalisco, mujeres indígenas, campesinas y mestizas nos reunimos del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2019. Somos integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones provenientes de los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Somos mujeres defensoras del territorio frente a megaproyectos extractivos de minería y fracking; gasoductos, presas, acueductos, termoeléctricas, oleoductos y proyectos de “desarrollo”, monocultivos, agrotóxicos, trenes, carreteras, autopistas, entre otros.

Durante tres días intercambiamos experiencias y compartimos la diversidad de estrategias que las mujeres hemos construido en la defensa de nuestros territorios a nivel local y regional.

Las mujeres participamos y estamos en los procesos de defensa del territorio, nos movilizamos, nos organizamos, generamos propuestas, analizamos el contexto, estamos en las acciones directas, nos capacitamos, intercambiamos experiencias, gestionamos recursos, cuidamos los procesos, participamos de las estrategias jurídicas, sociales, políticas, organizativas y de comunicación. Las mujeres jugamos un papel fundamental en la defensa de la tierra y el territorio. Además, nuestro trabajo en los hogares y en los movimientos es un sostén fundamental de las luchas. Reivindicamos que esta participación sea visible, reconocida y compartida por nuestros compañeros, esposos, hijos e hijas.

En un contexto nacional, regional y local de transformaciones, continuidad e imposición, como mujeres defensoras del territorio estamos preocupadas por la ambigüedad y el doble discurso con el que los distintos gobiernos han dado respuesta a nuestra demanda de poner fin a los proyectos que vulneran y agreden nuestros territorios. Mientras en campañas prometían el fin del neoliberalismo y la cancelación de muchos de los proyectos a los que nos oponemos, hoy vemos con preocupación la continuidad del modelo extractivista, que no se ha modificado el proyecto económico de desarrollo y que por el contrario, se están implementando programas sociales que están fracturando el tejido social de las comunidades yse usan procesos de consulta que buscan legitimar decisiones ya tomadas, sin la participación de los pueblos afectados.

Venimos de luchas diversas, con estrategias diferentes en momentos muy distintos, encontrarnos fue importante para fortalecernos, para saber que no estamos solas, para comprender que somos muchas las que desde lugares muy lejanos y aún cuando tenemos condiciones diferentes, nos une y nos hermana la defensa de la tierra, los bienes comunes, la vida y el territorio.

Queremos solidarizarnos con todas las luchas y todas las mujeres de este Encuentro, principalmente con aquellas comunidades que actualmente enfrentan momentos difíciles, como las Comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en contra de la Presa El Zapotillo y la Comunidad de Huexca que está amenazada por la Termoeléctrica y también con otros, menos visibles pero igualmente importantes.

Estamos pendientes de los resultados que pueda haber en el proceso de consulta sobre la soya transgénica en Hopelchén, Campeche, donde pedimos que se reconozca, se dé voz a las mujeres y se avance en acuerdos que favorezcan los derechos de los pueblos afectados. Estaremos atentas frente a los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico y demandamos el respeto al derecho de los pueblos a decidir sobre sus bienes naturales, sus territorios y sus formas de vida.

Acordamos seguir acompañándonos, articularnos más allá de nuestras comunidades, sumar a más compañeras a nuestras luchas, no claudicar, visibilizar el papel de las mujeres en la defensa del territorio, apoyarnos y seguirnos encontrando para compartir estrategias, espacios de reflexión, talleres y encuentros.

Llamamos a nuestros compañeros de lucha a reconocer la importancia fundamental que las mujeres tenemos en los movimientos y las organizaciones, los invitamos a que reflexionen sobre sus privilegios, que respeten nuestro trabajo y el lugar que tenemos.

Exigimos a los gobiernos que respeten y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, incluyendo nuestro derecho a la tierra, al territorio y a una vida libre de violencia; exigimos que garanticen nuestra seguridad como mujeres y defensoras del territorio. ¡Ni una mujer desaparecida, ni una mujer muerta más! Queremos seguir vivas. Queremos territorios libres extractivismo, rechazamos todos los megaproyectos en cualquier parte del país.

FIRMAS

MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES Agua para Todos y Agua para la Vida Huasteca Potosina Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio Asamblea por la Defensa del Agua en el AMG – UPOJAST Awe Tibuame, A.C. Colectiva de Mujeres Nëëj Jukiiny Colectiva Tierra de Mujeres-Xpujil Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén, A.C. Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo Comités de Cuenca del Río Sonora Comunidad Temaca Consejo de Pueblos de Morelos, A.C. Consejo de Pueblos Unidos Consejo General del Pueblo Indígena de San Juan de la Laguna Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C. CRIPX-Xpujil

Frente de Pueblos por la Defensa de Aire y la Tierra, Morelos Hermandad de la Cuenca/Acción Colectiva Huexca en Resistencia – Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos K-Luumil X` Ko` Olelo`Ob Movimiento Atzin Libres, No a la Minería Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida Mujeres de la Comunidad de Bawinokachi Mujeres de Lachatao en Defensa del Territorio Mujeres Popolucas Muuch Kambal, A.C. Red de Mujeres Organizadas de Sonora – RMOS Red de Mujeres Siuamej Tayolchikauanij Red por un Lago Limpio Red Solidaria de Derechos Humanos – Michoacán Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica Sbelal Kuxlejalil, A.C. Unidad de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra y el Agua Unión de Defensa del Agua y la Vida Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua y la Vida Acolhua

ORGANIZACIONES Y REDES Alianza Mexicana contra el Fracking Alianza Sierra Madre, A.C. Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. Centro de Derechos Humanos Bety Cariño Colectivo de Abogadas – COA Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan – CORASON FASOL Fondo Semillas FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Grupo Territorio, Género y Extractivismo Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC, A.C. La Sandía Digital Mujer y Medio Ambiente, A.C. Mujeres Transformando Mundos, A.C. Mujeres, Organización y Territorios – MOOTS, A.C. Pobladores, A.C. Servicios para una Educación Alternativa – EDUCA, A.C. Tequio Jurídico, A.C. Tochan Nuestra Casa, A.C.

PRONUNCIAMIENTO ENCUENTRO FINAL



LA CONSULTA INDIGENA: UN DERECHO HUMANO O UNA HERRAMIENTA DEL ESTADO PARA CONTROLAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Artículo de opinión: Tequio Jurídico A.C.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 12 de agosto del 2019.

Durante sus primeros ocho meses el gobierno de la 4T, se ha caracterizado por impulsar diversos instrumentos de participación ciudadana como: consultas ciudadanas, consultas populares y las consultas indígenas, para justificar el nuevo rostro del cambio que anunció en la toma de posesión el actual ejecutivo en apoyar a los pueblos indígenas y a los más necesitados.

En la realidad; estos derechos fundamentales de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta, consentimiento, libre previo e informado, ha sido seriamente cuestionado por académicos, organizaciones de derechos humanos y activistas, porque se ha traducido en una violación sistemática a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas, convirtiendo éste derecho en un instrumento jurídico del estado y las empresas para legitimar y legalizar el despojo de los territorios indígenas y justificar la imposición de proyectos extractivos.

Algunas consultas que han sido cuestionadas por violentar los derechos humanos son: aeropuerto en la ciudad de México[1], la termoeléctrica de Huexca, donde después de la visita del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue asesinado el defensor de derechos humanos Samir Flores Soberanes[2], el Tren Maya[3], la consulta del Istmo – Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec[4]. Los cuestionamientos de organizaciones de Derechos Humanos y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)[5] dejan claro que las “consultas” no están respetando los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta indígena, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

A estos cuestionamientos sobre las consultas realizadas en México, se han sumado voces como el de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien en su informe detalla que las actuales políticas del desarrollo basadas en megaproyectos extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios y de agricultura constituyen “un reto mayúsculo” para los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Según el informe, las consultas que se han llevado a cabo para estos megaproyectos desde la visita del anterior relator de la ONU, Rodolfo Stavenhagen (en 2003) han incumplido los estándares internacionales de derechos humanos a los que México se ha comprometido: que sean previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe.

Nuestro trabajo con pueblos indígenas chontales en la defensa de su territorio frente a proyectos mineros, nos permite ver críticamente la forma en cómo el gobierno federal está implementando la consulta, es preocupante que después de serios cuestionamientos, análisis y recomendaciones sobre del derecho a la consulta, consentimiento, libre, previo e informado, estos vicios en la consulta se sigue repitiendo de manera reiterada. El gobierno de la 4T, no sabe escuchar a otros sectores que piensan diferente.

Uno de los derechos que se transgreden dentro de la implementación del proceso de consulta, es el derecho a la autonomía y la libre determinación, entendido este como la forma en que los propios pueblos y comunidades indígenas toman sus propias decisiones sobre su existencia, sus formas de vida y el cuidado de su territorio frente al Estado y los proyectos de muerte que quieren imponerse. No es extraño que este derecho, es el mismo que ha sido negado históricamente por el Estado a los pueblos y comunidades indígenas.

En uso de la autonomía y libre determinación, los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, han declarado sus territorios prohibidos para la minería porque ataca su tierra, medios de vida, su existencia misma. Siguen implementando instrumentos jurídicos para protegerse como los Reglamentos Internos o Estatutos Comunales. Lo más importante, siguen viviendo y sintiendo el territorio.

El derecho a la consulta indígena producto de la resistencia, se está convirtiendo en bandera del actual gobierno para justificar su acercamiento con los pueblos, acompañado del uso folclórico de símbolos, espacios y prácticas ancestrales. La propuesta de reforma constitucional y legal que promueve el INPI en sus foros regionales, sin tocar bienes considerados estratégicos para la nación, son una simulación más. Aprobarse una reforma en esos términos, significaría fortalecer el estado de derecho para seguir atacando el territorio de las comunidades y los pueblos indígenas, no para protegerlos.

Una reforma constitucional que excluya el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, como forma de control de los pueblos sobre su territorio, convertiría al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en parte de la ingeniería de los conflictos, al hacer uso perverso del derecho, tal como ha ocurrido en las diversas “consultas” realizadas, ajenas a los estándares internacionales que establece el Convenio 169 de la OIT.

Lamentamos que el gobierno se apropie de nuestros pensamientos, saberes, de nuestros nuestros lenguajes y de las formas de organización. Condenamos que se usen nuestras instituciones para seguir reprimiendo al pueblo. Nos indigna que nuestros propios hermanos y hermanas indígenas se dejen utilizar para someternos y hacernos creer que la consulta y una reforma constitucional salvarán la deuda pendiente que el estado nos tiene.

La reforma Constitucional en materia indígena, no garantizará la deuda histórica que tiene el Estado con los Pueblos y Comunidades Indígenas, bastaría que el Estado y las Instituciones Públicas, los organismo de Procuración e Impartición de Justicia sean coherentes y respeten los derechos humanos y desde luego los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución y en los Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.

Los ensayos de consulta se han traducido en reuniones o foros de información en donde los pueblos indígenas no están presentes, considerando que una de las instituciones fundamentales son precisamente las asambleas, donde se debaten temas de transcendencia; en este sentido, las reuniones y foros de información con representantes que fueron convocados porque se le iba a recibir sus solicitudes para futuros apoyos, como sucedió con algunas comunidades chontales[6], se volvieron espacios de legitimación de una reforma, cuyos temas y criterios no fueron discutidos a profundidad.

Esta práctica de consulta, nos pone frente a un panorama delicado con relación a otras medidas administrativas y legislativas. Se están anunciando consultas para reformar la “Ley de Aguas Nacionales”, será que el INPI se asuma garante de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando es uno de los actores responsables de consultas que han sido calificadas como simulación, amañadas o legitimadoras de proyectos.

Nos preguntamos cual será el papel que hará el comité de expertos, alzarán su voz en favor de los pueblos y comunidades indígenas o serán instrumento de estado para fortalecer la simulación, así como decirnos que nos reconocen la libre determinación, pero tratándose de territorios indígenas, esta protección no nos alcanza, porque resulta que son bienes estratégicos y eso le corresponde a la nación, como si nosotros no fuéramos parte de ella.

Existe una confrontación legal entre el convenio 169 de la OIT y el artículo 27 constitucional que se debe atender. El convenio reconoce el derecho a la tierra y al territorio[7] a los pueblos y comunidades indígenas, es decir, lo que cubre la totalidad del hábitat[8] de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera, esto incluye el suelo y subsuelo, lo que el gobierno defiende como recursos estratégicos y da en concesiones a la inversión privada, como los minerales. Por su parte el artículo 27 de la constitución, reconoce que esos “recursos naturales” son propiedad de la Nación, generando una tensión legal.

En tiempos de la 4 Transformación abundan infinidad de preguntas ¿De verdad el Gobierno y las fuerzas políticas reconocerán plenamente los derechos de los pueblos indígenas?, o solo legislaran en otros derechos que les implique menor costo y salvar compromiso con el sector empresarial y los poderes fácticos.

¿Cuáles son los intereses que se juegan en la consulta? ¿Quiénes serán los mayores beneficiados, los Pueblos Indígenas o serán puntos a favor de legisladores y funcionarios quienes presentaran la iniciativa?, ¿Qué está pasando entre el Ejecutivo Federal, el INPI y el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos? Mientras el INPI consulta la reforma, el ejecutivo publica un decreto que adiciona un apartado C, al artículo 2 de la constitución, para reconocer lo siguiente:

Esta constitución reconoce a los “pueblos y comunidades afromexicanas cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”

Vaya, no puede haber mayor burla.

Siendo así, pensamos que el estado no tocará el artículo 27 constitucional, para reconocer el verdadero derecho a los pueblos y comunidades indígenas sobre su territorio. No tocará los privilegios que tienen las empresas extractivas garantizada legalmente mediante concesiones. No reconocerá la libre determinación y la autonomía sobre el territorio indígena, seguirá siendo una reforma simulada y los pueblos indígenas seguirán fomentando el “deporte nacional” o luchando como lo han hecho siempre, incluso, sacrificando su propia vida.

[1] https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540328737_866495.html

[2] https://elpais.com/internacional/2019/02/20/mexico/1550686132_881347.html

[3] https://www.pagina66.mx/consulta-previa-sobre-megaproyectos-como-tren-maya-onu/

[4] https://www.eluniversal.com.mx/estados/rechazan-consulta-sobre-programa-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec

[5] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-debe-consultar-pueblos-indigenas-sobre-tren-maya-cndh

[6] Pronunciamiento de la escuela agraria para la defensa de nuestro territorio respecto a los procesos de consulta en el territorio chontal.

[7] Artículo 13, 2.- La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

[8] Artículo 15 punto 1.- Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.


Misión Civil de Observación constata violaciones a los derechos de la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe

  • Es urgente e inaplazable la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población.
  • Autoridades estatales han incurrido en violaciones a derechos humanos que han recrudecido el conflicto entre estas dos comunidades.

Organizaciones de la sociedad civil realizaron una Misión Civil durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 2019 a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixes, en la que se realizaron entrevistas, así como reuniones de trabajo con autoridades municipales y estatales, donde se constataron una serie de hechos, acciones y omisiones que han causado la vulneración sistemática de los derechos humanos de personas habitantes del municipio de Ayutla, entre ellas personas defensoras, niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad y enfermos.

Ante un contexto de grave urgencia, en el que la comunidad de Ayutla Mixe no ha contado con acceso a agua durante más de dos años, la Misión buscó entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto agrario que, de acuerdo con declaraciones públicas del gobierno estatal, es la causa principal de la falta de obras públicas para conectar a la comunidad con el manantial del que históricamente se han provisto.

Sin embargo, en las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, pudimos constatar que hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua. Por este motivo vemos con preocupación que la Secretaría General de Gobierno no haya atendido a diversas solicitudes de reunión para conocer las acciones que ha llevado a cabo para resolver la problemática que enfrentan las comunidades.

En cuanto al derecho al agua:

  • Se documentó que la comunidad de Ayutla no cuenta con el servicio de agua a través de la red de distribución del municipio.
  • Se pudo constatar que, a pesar de ser un derecho humano y una necesidad vital, actualmente no se encuentra plenamente garantizado.

Esta situación ha generado graves afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación de la comunidad, y al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; además los pobladores, los comités de las diferentes instituciones de salud y educación, así las autoridades encargadas del suministro de agua utilizan medios alternos para acarrearla. Estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.

La Misión también realizó recorridos a los cuatro tanques de abastecimiento y constató que se encuentran totalmente vacíos. La falta del agua en la comunidad puede desencadenar otros conflictos inter-comunitarios. Así, la prioridad es la reconexión inmediata del sistema de agua potable de Ayutla.

Recibimos testimonios de víctimas de hechos delictivos a quienes, a más de dos años, y tras presentar denuncias, no se ha garantizado el acceso a la justicia. Si bien la Fiscalía General del Estado nombró una fiscal especial, esto no ha sido suficiente, pues siguen sin cumplirse las diligencias correspondientes, no se han recabado las pruebas necesarias y, en tanto, estos delitos se mantienen impunes y los derechos de las víctimas continúan sin garantizarse.

Entre las observaciones de la Misión, recalcamos que esta problemática requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades.

Además, documentamos una serie de hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Exhortamos a las comunidades a facilitar la solución del conflicto y el cumplimiento de su palabra ante los acuerdos firmados. Para la Misión y las organizaciones de derechos humanos que la conforman, el diálogo y las vías institucionales son la ruta adecuada. Rechazamos el uso de la violencia como medida de presión y llamamos al gobierno del estado de Oaxaca a cumplir cabalmente con sus obligaciones legales.

En el presente boletín damos a conocer de forma preliminar lo documentado, de manera posterior se presentará un informe con mayores detalles.

Participan en esta Misión de Observación:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos
(conformada por 87 organizaciones de 23 estados de la República mexicana).

Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi -Tuxtepec

Red Solidaria de Derechos Humanos -Michoacán

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.

Servicios del Pueblo Mixe

Asesoría Integral y Litigios Estratégicos a Pueblos Originarios

Tequio Jurídico

Servicios para una Educación Alternativa


Boletín informativo

Boletín informativo

Tenemos conocimiento que hoy aproximadamente a las diez de la mañana fueron detenidos Jesús Tovar Alcántara, Ana de la Huerta, Alondra Ali Gómez y Ramón. Esta detención lo realizaron policías municipales del municipio de Santa Lucía del camino mientras amarraban una manta sobre el puente peatonal ubicado frente al Instituto Estatal de Educación Pública, en solidaridad con el defensor Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero del 2019.

Tequio Jurídico A.C. condena la detención ilegal y los mecanismos de represión en contra de los y las jóvenes y recuerda que la manifestación es un derecho constitucional consagrado en el artículo siente de la carta magna.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 2.

6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Por tal motivo exigimos:

1. La libertad inmediata de Jesús Tovar Alcántara, Ana de la Huerta, Alondra Ali Gómez y Ramón porque la libertad de expresión es un derecho no un delito.

2. Solicitamos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, su intervención inmediata para certificar el estado físico y emocional de los y las jóvenes y solicite su inmediata libertad.

3. Garantizar el derecho a manifestar nuestras ideas a través de los medios que estén en nuestro alcance.

“Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía”
“Justicia para Samir Flores Soberanes”
Tequio Jurídico A.C.

Boletín Informativo


Presentación del libro “flores en el desierto”

Presentación del libro Flores en el desierto el 19 de Octubre a las 6:00 de la tarde en el Maco, convocan Tequio Juridico, Educa, Rosa Luxemburg y Desinformémonos, Comentan Erika Carbajal, Tannia Falconer, Gloria Múñoz, con el testimonio de Reyna Cruz López Concejala Chontal del CIG, Modera Ana María. Allá nos vemos.
Flores en el desierto
Ellas son como cualquiera de nosotras. Y no. Han vivido el racismo en su escala más infame. Les han negado historia, lengua y vestimenta, al tiempo que les arrebatan territorios, centros sagrados, ceremonias y recursos naturales. Empresas y gobiernos quieren sus aguas, sus montañas y sus vientos. Y ellas, hijas y nietas de mujeres guerreras, se atreven a vaticinar otro mañana para su pueblo y para el país entero, pues no hay día en que no pongan alma y cuerpo para defender lo que es de todos.
No son víctimas. Ni de poderes ni de costumbres. Pero sí están agraviadas. Desafían los destinos impuestos y han roto con tradiciones locales y globales para construir su propia historia. Son lo que son y lo que de ellas ha hecho la vida, dice Lupita, a quien los paramilitares le asesinaron a nueve familiares. A Rocío, Magda, Sara y Bettina, el gobierno las detuvo y encarceló por el delito de luchar y no dejarse, mientras que Gabriela enfrenta a la delincuencia marina, Myrna y Osbelia a la maquinaria que devora sus territorios, y Lucero a quienes les arrebatan sus plantas medicinales. Marichuy, sanadora y defensora, es su vocera y, junto a ellas y otras más, pone la vida para construir un mundo más bueno, uno donde, como dicen los zapatistas, quepan muchos mundos, y donde el que mande, mande obedeciendo.
Su corazón es comca’ac, yoreme, coca, binnizá, nahua, tzotzil, mazahua, maya y kumiai, aunque no todas guarden la lengua. Padres y abuelos aprendieron a no enseñar, como dice Myrna, para evitarles maltratos en escuelas y ciudades. A Magda, el levantamiento zapatista la hizo recuperar sus trenzas, su enagua y sus palabras. A Rocío la hizo saberse indígena, en un pueblo que el gobierno dice que no lo es.
Todas son integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), estructura creada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) para visibilizar sus luchas y llamar a la organización de los pueblos, indígenas y no, en una iniciativa respaldada por el EZLN que se inscribe en el proceso electoral del 2018, pero que no compite en ese esquema. La toma del poder no es lo suyo. Van por más. Van por todo. Es su tiempo.
El CIG está conformado por más de 200 indígenas de todo México, mitad hombres y mitad mujeres. Son producto de la decisión colectiva del V Congreso Nacional Indígena anunciada en diciembre de 2016. Detener la destrucción y fortalecer resistencias y rebeldías es su horizonte, la autonomía su aportación.
Este trabajo presenta sólo diez historias en distintos formatos. Son ellas, sus pueblos y sus luchas en representación de muchas más, incluidas las no indígenas.
Flores contra el mal en tierra que se piensa infértil. Si su voz es nuestra voz, también nuestro es su destino.
Gloria Muñoz Ramírez / Desinformémonos

Misión Civil de Observación inicia nueva visita para constatar situación en Azqueltán

Al pueblo de México

A las redes de apoyo al CIG

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

Ante el ataque perpetrado por el mal gobierno en contra de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad otomí radicada en la Ciudad de México, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, repudiamos la cobarde represión llevada a cabo el día de hoy 19 de septiembre, a un año de los sismos que sacudieron varias partes del país. Hoy alrededor de las 9:30 horas, cientos de granaderos y un grupo de golpeadores atacaron por igual a niños, mujeres y ancianos dejando heridos a 15 de nuestros compañeros, para desalojar con su violencia a 70 familias de la comunidad otomí, que han permanecido en el campamento de damnificados desde hace un año ante el daño que sufrió el edificio ubicado en la esquina de las calles Milán y Roma de la colonia Juárez en la Delegación Cuauhtémoc.

En esta agresión, fue golpeado nuestro compañero Diego García Bautista a quien le robaron dos teléfonos celulares cuando estaba documentando el desalojo violento para despojar a nuestros compañeros.

Exigimos que termine el desprecio, el despojo y la represión en contra de la comunidad Otomí radicada en la Ciudad de México y sean reparados los daños causados, con los que buscan callar sus justas demandas para beneficiar nuevamente a los dueños del dinero.

Atentamente

Septiembre de 2018

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

LEE EL COMUNICADO COMPLETO:180919_comunicado_inicial_final


JUICIO POPULAR COMUNITARIO CONTRA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS MINERAS

Comunidades y organizaciones de Oaxaca anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado.

Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

para más información: http://endefensadelosterritorios.org/  AYUDANOS A COMPARTIR