¡Alto a las violaciones a los Derechos Humanos en Oaxaca!
33 ORGANIZACIONES, REDES Y COLECTIVAS
DENUNCIAN GRAVE CRISIS DE DERECHOS
HUMANOS EN OAXACA
El informe documenta agresiones sistemáticas a los derechos de pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, feminicidios, crímenes de odio,
desplazamientos forzados, crisis en el sistema de salud, deterioro ambiental,
extractivismo y falta de acceso efectivo a la justicia.
Oaxaca de Juárez, Oax. – 26 de mayo de 2025
- 33 organizaciones, colectivos y redes de la Sociedad Civil presentan el
informe Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos
en el estado de Oaxaca y hacen un llamado urgente al Gobierno del
Estado ante la grave situación de los derechos humanos en el estado. - Oaxaca ocupa el primer lugar en asesinatos a personas defensoras: el
panorama actual es alarmante en un territorio habitado por 16 pueblos
indígenas y el pueblo afromexicano.
El pasado 9 de mayo, 33 organizaciones, redes y colectivos de la Sociedad
Civil presentaron el documento Situación sobre el respeto y ejercicio de los
derechos humanos en el estado de Oaxaca, en el marco de la visita de la
Embajada de los Países Bajos en la ciudad. Este documento denuncia
graves violaciones a los Derechos Humanos que persisten en la entidad
oaxaqueña y que se han intensificado durante la actual administración, por
lo que hacen un llamado urgente al gobernador, Salomón Jara Cruz, para la
garantía de los mismos.
Las organizaciones firmantes son parte de una articulación amplia de la
sociedad civil oaxaqueña, dedicada a la defensa de los derechos humanos,
el territorio, la justicia social, la vida digna, los derechos de las mujeres,
comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, las niñeces,
adolescencias y juventudes, la diversidad sexual, entre otras.
Entre las denuncias se señalan agravios en materia de derechos de los
pueblos indígenas y afromexicanos, a una vida libre de violencia, a la
diversidad sexual, a la salud, a la seguridad, a un medio ambiente sano, a la
participación política de las mujeres, a la organización y participación
ciudadana, y a la información y comunicación.
El panorama actual es alarmante, Oaxaca ocupa el primer lugar en
asesinatos a personas defensoras, de las 58 personas asesinadas, 55
pertenecían a un pueblo indígena. Lo anterior, debido a la persistencia de
conflictos agrarios, así como a la oposición comunitaria ante la imposición
de megaproyectos en sus territorios, esto ha traído consigo el
desplazamiento forzado y la división del tejido social, denunciaron las
organizaciones.
Respecto al derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo con el
Observatorio sobre el Feminicidio que coordina GESMujer, durante la actual
administración se han registrado 237 asesinatos violentos de niñas y
mujeres. Por su parte, el 85% de las personas trans experimentaron
violencia física, psicológica y sexual; 11 casos por crímenes de odio fueron
reportados en 2024 y 2025.
Asimismo, demandaron la garantía del derecho a la salud mediante la
atención a la crisis hospitalaria que atraviesa el Hospital Civil de Oaxaca Dr.
Aurelio Valdivieso; el derecho a un medio ambiente sano, considerando que
en 2024 el 70.4% de los municipios de Oaxaca enfrentaron un grado de
sequía severa y extrema; así como la visibilización de las 294 concesiones
mineras que hasta 2020 se encontraban vigentes.
Las organizaciones, redes y colectivos han emitido una serie de exigencias y
recomendaciones al Gobierno del Estado, a los poderes públicos y a la
Embajada de los Países Bajos en México, entre ellas se enlistan:
- Restitución y justicia por personas defensoras del territorio asesinadas y
desaparecidas. - Garantía de una actuación imparcial y del respeto al principio de
igualdad por parte de las personas operadoras del sistema de justicia.
Protocolos y normativas que contemplen rutas prioritarias para la
atención en casos de violencia por razones de género, discapacidad,
sexo, identidad u orientación sexual. - Condiciones para el fortalecimiento de liderazgos en mujeres indígenas
y afromexicanas.
Las organizaciones, redes y colectivos hacen un llamado urgente a las
instituciones correspondientes y a la sociedad en general para responder
ante esta crisis estructural que impacta a lo largo y ancho del estado,
caracterizada por una brecha de desigualdad y violaciones a los derechos
humanos. Al mismo tiempo, este documento visibiliza el trabajo colectivo y
comunitario que la Sociedad civil realiza día con día en los territorios para
sostener y preservar la vida.