Artículo de Opinión: De la Cuarta transformación y la continuidad del neoliberalismo

De la Cuarta Transformación y la Continuidad del Neoliberalismo

El día de hoy, 20 de Febrero del 2019, amanecimos con una terrible noticia; el asesinato del compañero defensor del territorio Samir Flores Soberanes a dos días de realizarse una consulta para la instalación de una termoeléctrica. Uriel Carmona, Fiscal del estado de Morelos, afirmó en la mañana de este 20 de febrero que se había tratado del “crimen organizado” y que no había un vínculo con la instalación de la termoeléctrica.  El presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que lo sucedido “pudo ser para afectar la realización de la consulta”, cuando durante su campaña había afirmado la cancelación de este proyecto. El estado, como ha sido su función históricamente, respalda y justifica los crímenes del capital, hoy traducidos como crímenes de las grandes corporaciones, SI, crímenes del estado-capital-corporativo. Se muestra al crimen organizado como un órgano ajeno al estado y no cómo parte de él. Fue el crimen organizado, no fuimos nosotros, afirman, lavándose las manos.

La termoeléctrica a la que se oponía el compañero Samir Flores, pertenece  a un conjunto de megaproyectos que conforman el PIM (Proyecto Integral Morelos) que consta de 2 centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, las cuales han sido concesionadas a la empresa ABENGOA; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas ELECNOR y ANAGAS y a la empresa BONATTI; una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec en el mismo estado de Morelos; y un acueducto que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km. De la misma manera, el PIM consta de la ampliación y construcción de diferentes autopistas colindantes al estado de Morelos y la rehabilitación de las vías del ferrocarril.

Las tres primeras corporaciones de origen español han sido denunciadas por contaminación en diferentes estados como Jalisco y Tabasco, y por abusos laborales en su país de origen. La ultima de origen Italiano, ha sido acusada de destrucción ambiental.

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COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLÁN Boletín de Prensa

COORDINADORA DE LOS PUEBLOS UNIDOS DEL VALLE DE OCOTLÁN
Boletín de Prensa

  • LA COPUVO hace un llamado al Ayuntamiento de San José del
    Progreso a mantener el diálogo para la reconstrucción del tejido
    comunitario.
  • La COPUVO denuncia actos de intimidación hacia sus integrantes
    debido al incremento de detonaciones de armas de fuego de alto
    calibre.

La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO)
hacemos un llamado al Ayuntamiento de San José del Progreso a mantener el
dialogo que permita generar las condiciones para la reconstrucción de tejido
comunitario y la paz dentro de la comunidad. Le demandamos la continuación de
la mesa de dialogo generada por la Secretaria General de Gobierno el 4 de
febrero del 2019.

Boletín completo: BOLETÍN COPUVO


Comunicado Urgente: San José del Progreso en riesgo de confrontación por decisiones unilaterales del H. Ayuntamiento

Comunicado Urgente: San José del Progreso en riesgo de confrontación por decisiones unilaterales del H. Ayuntamiento #OaxacaVsMineria

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 03 de febrero de 2019.

Las organizaciones que integramos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios hemos recibido información que las autoridades municipales de San José del Progreso pretenden “recuperar” el día 4 de febrero el palacio municipal de la comunidad, sin mediar ningun acuerdo con la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Nos preocupa que esto derive en una confrontación que eleve el clima de violencia en San José derivados del proyecto minero “San José”

Advertimos que esta situación podría generar un enfrentamiento en la población y poner en riesgo la integridad de mujeres y hombres de la comunidad; la CPUVO, mantiene tomada dicha instalación desde 2009, fecha en que Fortuna Silver Mines se impuso en la comunidad con el proyecto minero.

Nos solidarizamos con la Cpuvo en su lucha contra la minería y la defensa de sus derechos fundamentales, por lo que exigimos a las autoridades estatales y federales inmediata intervención para evitar cualquier confrontación en la comunidad.

A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, exigimos dicte las medidas pertinentes urgentes para evitar violaciones a los derechos humanos de difícil reparación. Es importante mencionar que 3 defensoras y defensores, integrantes de la CPUVO cuentan con medidas cautelares debido al conflicto derivado del proyecto minero (Rosalinda Dionicio Sánchez, Hilario Ignacio Vásquez Gómez, Ivon Vásquez Hernández), en el cual además han sido asesinados 2 defensores de derechos humanos.

Responsabilizamos al Estado y la Empresa Minera, de cualquier situación que pueda derivar de los anuncios que ha hecho el Presidente Municipal de recuperar el palacio municipal, sin privilegiar el diálogo y el respeto de los derechos Humanos.

Porque son nuestra fuente de vida, defendamos nuestros territorios.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C.

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Servicios del Pueblo Mixe, Ser A.C.

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.

Tequio Jurídico A.C.

Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C.

Movimiento Radio

Radio Calenda

Página 3

REMA Red Mexicana de Afectados por la Minería

Servicios del Pueblo Mixe A.C.

Unosjo S.C.

Flor y Canto A.C.

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero
Centro Prodh


COMUNIDAD INDÍGENA CHONTAL DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, PROMUEVE AMPARO CONTRA CONCESIÓN MINERA EN OAXACA.

BOLETIN INFORMATIVO

  • La comunidad indígena chontal de Santa María Zapotitlán, promueve amparo contra concesión minera en Oaxaca.
  • El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, le otorga SUSPENSIÓN DE PLANO.

El 18 de diciembre del año 2018, la comunidad indígena de Santa María Zapotitlán, Ecatepec, Yautepec, Oaxaca, integrante de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDT) promovió juicio de amparo en contra del título de concesión minera número 238447, otorgada por la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía a la Empresa Zalamera S.A de C.V.

En la tramitación del juicio de amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en el estado de Oaxaca, dio entrada a la demanda bajo el número 1208/2018 y concedió la “SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleven a cabo actos que puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios al núcleo de población comunal quejoso”.

mayor información ver PDF: Boletin


Pronunciamiento

“Oaxaca territorio prohibido para la minería”: exigencia de pueblos, comunidades y organizaciones frente al nuevo gobierno federal

 

  • Atención al dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca.
  • Emisión de Moratoria que declare el territorio estatal: Prohibido para la Minería.
  • Cancelación de concesiones mineras y proyectos vigentes en el estado, impuestas sin el consentimiento de las comunidades.
  • Leyes y políticas públicas que respeten los derechos de los pueblos indígenas y equiparables.

 

Los días 11 y 12 de octubre del presente año se realizó en la Ciudad de Oaxaca el “Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras” con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería de cinco regiones en la entidad (Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo).

 

Hoy 10 de diciembre, en el marco del Día internacional de los Derechos Humanos, venimos a manifestar nuestras exigencias frente al nuevo gobierno federal, a la luz del dictamen final emitido por el jurado del Juicio Popular, integrado por expertas y expertos internacionales. Dicho dictamen se emite a partir de la evidencia presentada sobre violaciones a derechos humanos de pueblos y comunidades de Oaxaca, que incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalizacion de autoridades comunitarias y de las y los defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan estos proyectos mineros por parte de empresas mineras, grupos de choque instancias del Estado.

Exigimos:

Que se atienda a cabalidad el dictamen final del Juicio Popular en contra del Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca y en ese sentido que se cancelen las 322 concesiones y los 41 proyectos mineros vigentes en el estado, ya que estos se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y en violación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía a nuestra integridad cultural, a administrar y controlar nuestros territorios y a mantener la propiedad colectiva de nuestras tierras y bienes comunes naturales. Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria; en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades son las asambleas. Los pueblos de Oaxaca hemos decidido: Sí a la Vida, No a la Minería.

Que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución, la derogación de la actual ley minera y otras que guardan relación con esta industria.  Asimismo, que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas y equiparables que los reconozcan como sujetos de derecho público y incluyan mecanismos efectivos de reparación integral de daño ocasionado.

Que se garantice a quienes defienden los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas, el ejercicio del derecho a defender sus derechos en condiciones de libertad y seguridad. Asimismo, ratifique por parte del Senado de la República, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de asesinatos y presentación con vida de manera inmediata, de las personas desaparecidas defensoras del territorio así como suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas. En el Juicio Popular, se produjo evidencia de hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por parte de grupos de choque armados y del crimen organizado que han actuado para debilitar la oposición de las comunidades frente al ingreso de la minería en sus territorios. De la misma forma se han evidenciado violaciones al derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y derecho a la salud, por la contaminación producto de las actividades de exploración y explotación minera.

Que se cree de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

Que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al estado mexicano, en particular de las relatorías especiales de naciones unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos.

El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como la opción de desarrollo que pregonan los gobiernos federal, estatal, y empresas privadas. En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales.

Por todo eso, y con la legitimidad que nos brindan las decisiones de nuestras asambleas comunitarias que declaran nuestros territorios libres de minería, decimos:

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

¡Oaxaca territorio prohibido para la minería!

Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca

puedes ver el informe del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras:http://endefensadelosterritorios.org/wp-content/uploads/2018/12/INFORMEJUICIOPOPULAR.pdf


161 personas defensoras de DH asesinadas en sexenio que termina, sembradores de esperanza: Red TDT

161 personas defensoras de DH asesinadas en sexenio que termina, sembradores de esperanza: Red TDT

  • El Informe Desde la Memoria… la esperanza, documenta 159 a las que se sumaron dos en noviembre con lo que totalizan 161 en el sexenio, más 40 periodistas.
  • Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos.
  • Guerrero, Oaxaca y Chihuahua los estados más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos

CDMX | 29 Nov 2018 | La defensa de derechos humanos no es un privilegio en sí misma como acusan furibundos sus detractores. Tampoco es algo dispensable, algo que debamos desear que se extinga, como opinan otros. La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad. En ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia. Eso es lo que nos une: la esperanza.

Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra.

El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos. Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?

De ninguna manera

Como Red respondemos a esta realidad con convicción de esperanza y de memoria. Eso nos han enseñado pueblos, comunidades y víctimas. Hoy estamos aquí para conmemorar la esperanza y retomar la estafeta de las tantas luchas que nuestra sociedad requiere. Hoy estamos aquí para decirles a nuestras compañeras y compañeros que su muerte no es ni será inútil. No lo permitiremos.

Por eso queremos dejar constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas. Según solicitudes de información hechas a Procuradurías/Fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados. Las investigaciones por asesinato de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato.

Como Red TDT, a lo largo de este sexenio documentamos como el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. Su respuesta se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación, que tiene solo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias. Este año, incluso, el Fideicomiso que dota de recursos al Mecanismo se quedó sin recursos, colocando en mayor situación de riesgo a 727 personas defensoras y periodistas.

La situación tiene matices importantes:

  • Por lo menos 42 de 159 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran: yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil, triqui.
  • Según la documentación los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son: Guerrero (28% de los casos), Oaxaca (20%) y Chihuahua (11%).
  • El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de DESCA y Tierra y territorio.

El Saldo de este sexenio es de más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas, 8 feminicidios diarios, una crisis migratoria sin precedentes, más de 500 conflictos socioambientales, así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán) y de corrupción en las altas esferas de gobierno (Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra).

La lucha de todas estas personas fue interrumpida de forma violenta, pero no así sus ideales y sus convicciones, no sus sueños ni la memoria de su lucha justa por un mundo diferente.

Ahí está la esperanza.

En todas esas personas que durante y ahora tras estos 6 años persisten en la defensa de derechos humanos, en este servicio por la vida. La esperanza está en los aprendizajes, logros y siembras de aquellas personas que aunque ya no están, continúan presentes en su espíritu combativo y digno.

informe completo: https://redtdt.org.mx/?p=12409


Con Peña se reactivó el despojo de tierras indígenas: De la Cruz, defensor contra las mineras

El territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. Ese permiso de explotación fue cedido por la Secretaría de Economía en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– Armando de la Cruz Cortés es originario del poblado San Miguel Chongos, que pertenece al Municipio de San Carlos Yuatepec en el estado de Oaxaca. Es indígena chontal y abogado, con una Maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental. Actualmente forma parte de la organización Tequio Jurídico, que se dedicada a brindar apoyo a otros defensores del territorio que luchan por la preservación de la organización comunal.

Desde muy joven, gracias al fuerte vínculo que sentía con su comunidad, empezó a vincularse con las asambleas comunitarias a las que se acercaba como oyente. Los tequios colectivos y las fiestas tradicionales terminaron de completar la base de lo que él mismo llama sus “pilares comunales”.

Cuando estudiaba la preparatoria, rememora De la Cruz Cortés, fue maestro rural de niños de primaria en otras regiones indígenas de Oaxaca. En sus estudios de licenciatura comenzó a involucrarse con los derechos humanos lo que posteriormente lo llevarían a reconocer las necesidades del Derecho Agrario. Fue en esta etapa cuando comenzó a consolidarse la organización en la que hoy participa que  en un primer momento, decidió concentrar su actividad en las comunidades chontales de donde provenían una buena parte de los colaboradores.

Como defensor se ha concentrado en promover la organización colectiva de la tenencia de la tierra, lo que lo ha llevado a realizar acciones preventivas para proteger el territorio oaxaqueño de las empresas de la industria minera.

De acuerdo con el también Coordinador de Veredas de la organización Tequio Jurídico, el territorio chontal tiene concesionada una extensión de tierras comunales de 5 mil 413 hectáreas, que pertenecen a seis poblaciones distintas. El permiso de explotación fue otorgado por la Secretaría de Economía (SE) en 2011 a la empresa Zalamera, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc.

Minaurum Gold explora y desarrolla proyectos de oro y plata en México. Su principal accionista es la empresa de inversiones inglesa Sector Investments Managers Ltd. Con sede en Vancouver, posee y explora los proyectos de plata Alamos y Adelita, en el estado de Sonora; los proyectos de oro Aurena y de oro-cobre Santa Marta en Oaxaca, y los proyectos de oro Vuelcos del Destino y Biricú en Guerrero.

Las concesiones otorgadas para un periodo de 50 años –de 2011 a 2061– están conectadas por los territorios de varias comunidades chontales de la zona alta, desconociéndose para qué servirá la conexión. Los permisos fueron otorgados sin informar y sin consultar a las comunidades que tuvieron conocimiento del proyecto hasta 2014, afirma De la Cruz.

DEFENDER LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO

Desde sus inicios como defensor, Armando de la Cruz se ha preocupado por la protección de las tierras comunales de la región, entradas en conflicto desde la creación del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agraríos (RRAJA-FANAR), con el que se busca regular y darle título a todas las tierras comunales. Un acuerdo supuestamente voluntario que la organización campesina denuncia como un acto de privatización que los vuelve vulnerables frente al despojo.

Junto a su organización ha dado acompañamiento a las comunidades que padecen la falta de transparencia de los recursos municipales. Y desde 2014 defiende el territorio de los proyectos mineros que buscan aprovechar la tierra para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

Al enterarse de las concesiones, la organización inició un proceso informativo con las comunidades explicando qué era una concesión y también cuáles eran los perjuicios de la extracción de metales. Dichas sesiones, desarrolladas en asambleas regionales, constituirían la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio, constituida por 16 comunidades agrarias que buscaban formalizar su derecho a la protesta.

A la par de esta organización, Tequió Jurídico ha promovido actas de asamblea de tipo agrario para declarar territorios prohibidos para la minería, logrando que cinco actas de asamblea jurídicamente redactadas hayan sido inventariadas en el Registro Agrario Nacional, cumpliendo con el requisito gubernamental de informar sobre las decisiones comunitarias.

De manera insólita todas las acciones se desarrollan de manera preventiva. La minera canadiense aún no logrado entrar a los territorios del sur del país, sin embargo ya comienza a insistir con el inicio de la fase de exploración…..

Nota completa: https://www.sinembargo.mx/26-11-2018/3500922


LA INICIATIVA LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO PROPUESTA POR EL SENADOR MONREAL PROFUNDIZARÁ EL DESPOJO DE LOS TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

LA INICIATIVA DE LEY PARA EL DESARROLLO AGRARIO PROPUESTA POR
EL SENADOR MONREAL PROFUNDIZARÁ EL DESPOJO DE LOS
TERRITORIOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

 Es una iniciativa para hacer efectivo el uso y ocupación superficial de
tierras de comunidades y ejidos para las industrias de hidrocarburos y
energía eléctrica.
 No existe un reconocimiento de los pueblos y las comunidades
indígenas y su derecho al territorio, conforme con los estándares
internacionales.
El 23 de octubre el Senador Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el
desarrollo agrario. La iniciativa busca profundizar el despojo de los territorios de las
comunidades indígenas y campesinas contrario a su propio objetivo que describe
establecer la protección de la tierra de comunidades pertenecientes a pueblos
indígenas.
La iniciativa contiene 272 artículos, 195 reglamentan el derecho sustantivo y 77
reglamentan el derecho agrario adjetivo o procedimental; contiene diez artículos
transitorios. A pesar de tratarse de una abrogación varios artículos de la anterior ley
agraria vigente se mantienen sin modificaciones.
La exposición de motivos de dicha iniciativa se fundamenta en los artículos 2 y 27
constitucionales, el primero es un artículo que no atiende las aspiraciones de los
pueblos indígenas y el segundo de corte neoliberal cuyo principal objetivo ha sido
convertir la propiedad colectiva de la tierra en dominio pleno a través del programa
de certificación, actualmente denominado Programa de Regularización y Registro
de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA) y generar condiciones legales para la
inversión.
Es una iniciativa que refuerza la visión mercantilista de la tierra y figuras jurídicas
que favorecen el despojo legalizado de los territorios tales como los contratos de
usufructo, derechos a la asociación, enajenación de las tierras ejidales, dominio
pleno, otorgar las tierras en garantía, así como las modalidades para participar en
proyectos de inversión pública y privada o aportar tierras ejidales y comunales a
sociedades mercantiles o civiles.

pronunciamiento completo: Pronunciamiento-tj-sobre la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario

Pronunciamiento traducción al Alemán: Presseerklärung zur Initiative des Agrarentwicklungsgesetzes in Mexiko – Tequio Jurídico


Entrega de reconocimiento a Tequio Jurídico en el premio Tata Vasco

Agradecemos a los y las compañeras de lucha que nos han felicitado por el reconocimiento que nos fue otorgado por La Junta de Rectores del Sistema Universitario Jesuita, en el marco de premio tata vasco otorgado al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, compartimos nuestra alegría y satisfacción por este reconocimiento. “La lucha sigue” “Desde abajo y ne la tierra sembramos autonomía”

 


Tequio Jurídico A. C. Felicita al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Tequio Jurídico A. C.

Felicita al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Al ser galardonado el día de hoy con el premio Tata Vasco

Por su loable labor en la defensa de los derechos humanos, desde la atención integral a víctimas de tortura.

Nuestro abrazo fraterno

Oaxaca, Oaxaca, 17 de octubre 2018