San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 03 de diciembre de 2019
Exigimos la libertad de Juan de La Cruz Ruiz
- Autoridades del gobierno de Chiapas responsables de violaciones a derechos humanos de pueblos originarios.
Juan de la Cruz Ruiz, (Juan) integrante del pueblo maya tsotsil, sobreviviente de Tortura, víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, interpuso esta mañana, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, un amparo indirecto solicitando la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas entregó la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En mencionado documento se reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios expesidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación.
Esta recomendación fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad. El Frayba conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.
Han pasado 3 años y casi 10 meses desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión pagando un delito que no cometió. El Frayba ha documentado que el 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.
La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de discriminación a población integrante de pueblos originarios, por ello desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una huelga de hambre para denunciar las injusticias del sistema penal en Chiapas.
La familia de Juan y quienes lo acompañamos en la defensa de sus derechos humanos enfrentamos hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación a pesar de mantener el diálogo con el gobierno de Chiapas. Formas de intimidación y represión que son parte del terrorismo de los gobiernos para inhibir las acciones de quien denuncian la situaciones de violencia del Estado. Estos hechos ya se ha denunciado ante la Fiscalía, el gobierno federal y estatal tienen conocimiento mediante las intervenciones realizadas y se ha solicitado Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en este país el gobierno es ineficiente y no cuenta con capacidades para proteger a los defensores de derechos humanos.
El Frayba reitera al Estado mexicano que su deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales no se están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz y recuerda que la falta de su obligación configura responsabilidad por omisión.
Por lo anterior urgimos al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz.
Responsabilizamos directamente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman La Voz de Indígenas en Resistencia, La Organización Viniketik en Resistencia y La Verdadera Voz del Amate, así como de las familias de estos presos en lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y sus redes de solidaridad.
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