Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República de Nicaragua.21 de abril de 2018.Por medio de la presente, diversas organizaciones y articulaciones nacionales, regionales e internacionales condenamos la violenta represión de las manifestaciones contra la reforma de la Seguridad Social en Nicaragua y exigimos que se respete el legítimo derecho a la protesta de los y las nicaragüenses.
Desde el miércoles 18 de abril, organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua están documentando y denunciando múltiples violaciones al ejercicio del derecho a la protesta pacífica, incluyendo asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, uso de piedras, palos, balas de goma, gases lacrimógenos, amenazas, actos de intimidación y vulneración del derecho a la información, en el marco de las manifestaciones convocadas ante la imposición por parte del gobierno de una reforma de la Seguridad Social que comporta recortes del 5% en las pensiones, entre otras medidas que afectan derechos fundamentales de los y las nicaragüenses.
Según se ha podido comprobar, estas agresiones están siendo perpetradas tanto por fuerzas de seguridad del Estado, que reprimen a la población con uso excesivo de la fuerza, como por grupos civiles vinculados a la Juventud Sandinista que están actuando con total impunidad, complicidad y anuencia por parte de la policía, provocando brotes de violencia que ya se han cobrado la vida de al menos 25 personas.
No menos preocupante son las violaciones al derecho a la libertad de expresión expresado en el robo de equipos de trabajo a periodistas, agresiones y actos de intimidación durante los actos represivos y el cierre de la trasmisión por servicio de cable digital de canales 100% Noticias, canal 12 y canal 23 que cubrían las protestas.
Estas agresiones vulneran los derechos a la libertad de reunión y asociación pacífica, la libertad de opinión y expresión del pueblo nicaragüense y su derecho a defender los derechos sociales amenazados por la reforma de la Seguridad Social que pretende imponer el Gobierno.
Esta situación no es un caso aislado, en los últimos tiempos se han documentado diferentes hechos que vulneran del derecho a la protesta social a través de la restricción del libre tránsito de las personas, campañas de criminalización, amenazas y hostigamiento contra organizaciones y personas defensoras o el cierre de espacios de comunicación, entre muchas otras acciones que atentan contra la democracia y los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
Por todo ello, las organizaciones y personas firmantes,
Exhortamos al Estado nicaragüense:
– Cese inmediato de la represión ejercida por las fuerzas armadas, la policia y los grupos civiles afines al gobierno. Las autoridades deben cumplir con su deber de garantizar el derecho a la protesta social de los y las nicaragüenses.
– Liberación de las personas detenidas en los distintos lugares del país. Se deben brindar garantías de no criminalización.
– Diálogo nacional incluyente que priorice la interlocución y el diálogo con los diferentes sectores que se han manifestado, las víctimas, redes y organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.
– Respeto a la labor que realizan las personas y organizaciones defensores/ras de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.