El Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila” resalta que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano. El estudio fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y se basa en las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra integrantes del sangriento cártel que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016. “Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones ilícitas sin resistencia”, resalta el trabajo. Julio Hernández López comenta al respecto: “Los testimonios, que no necesariamente son veraces ni constituyen por sí mismos una prueba judicial definitiva, son coincidentes, en términos generales, y dibujan las redes de complicidades que colocaron los aparatos gubernamentales de Veracruz y Coahuila, pero también las delegaciones o ramificaciones de las administraciones de los gobiernos federales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y empresas claves, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, al servicio del terrorífico grupo de Los Zetas”.
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