Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Michel Forst

Visita a México, 24 de enero de 2017

Informe de cierre de misión

Buenos días damas y caballeros:

Me gustaría comenzar agradeciendo sinceramente al Gobierno de México por invitarme a llevar a cabo una misión oficial que se llevó a cabo del 16 al 24 de enero. Deseo elogiar su excelente cooperación y esfuerzos para asegurar una visita fructífera. Estoy agradecido por la oportunidad de reunirme con representantes de alto nivel de varias secretarías, varios Gobernadores e instituciones estatales. Estoy agradecido con todas las personas que se tomaron tiempo para reunirse conmigo y compartir sus valiosas experiencias y reflexiones; así como a aquellas que ayudaron a organizar esta visita.

Para comenzar, deseo recordar que no estoy empleado por las Naciones Unidas y el puesto que ostento es honorario. Como experto independiente, ejerzo mi juicio profesional e imparcial y reporto directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General.

Antes de continuar, me gustaría pedirles que me acompañen en un minuto de silencio en memoria de Isidro Baldenegro López, defensor indígena de los derechos humanos de la Sierra Tarahumara, quien fue asesinado el 14 de enero en Chihuahua. Nuestro minuto de silencio honra a todos aquellos que fueron asesinados en México mientras defendían los derechos humanos.

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el deber principal de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales le corresponde al Estado. Esto incluye garantizar el derecho de todos, de forma individual y en asociación con otros, a luchar por la protección y reconocimiento de los derechos humanos. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene el derecho a defender todos los derechos humanos para todos.

El objetivo de mi visita fue evaluar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si en México hay un ambiente seguro y favorable para las y los defensores de derechos humanos. En palabras más sencillas, la visita busca responder a la pregunta si los defensores de derechos humanos se sienten seguros y empoderados en México.

Asegurar estas condiciones es una de las principales responsabilidades del Estado. Por tanto, me he concentrado principalmente en evaluar algunos elementos básicos de dicho ambiente seguro y favorable, concretamente: un marco institucional y jurídico conducentes; acceso a la justicia; una institución nacional de derechos humanos sólida e independiente; políticas y mecanismos de protección efectivos poniendo atención a grupos en riesgo y aplicando un enfoque sensible al género; actores no estatales que respetan y apoyan el trabajo de los defensores y una comunidad de defensores fuerte y dinámica.

Como no quise confinar mi visita a la Ciudad de México, viajé a Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Como resultado, tuve la oportunidad de reunirme con más de 800 defensores de derechos humanos provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60% fueron mujeres defensoras. Esto reforzó mi impresión de una sociedad civil activa, vibrante y comprometida en México. Me reuní con un gran número de familias de personas desaparecidas, así como defensores que han sido arbitrariamente arrestados, algunos de ellos fueron torturados por la policía o el ejército, líderes de comunidades y personas indígenas que reportaron haber sido privados de su tierra, defensores trabajando en asuntos delicados como derechos sexuales y reproductivos u orientación sexual e identidad de género.

Como pueden saber, la ONU tiene una muy vasta y amplia definición de los defensores de derechos humanos, que ha sido consagrada en la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por consenso en diciembre de 1998. Durante la visita, tuve la oportunidad, en muchas ocasiones, de referirme a esta definición. Les recordaba que los defensores de los derechos humanos son aquellos que, de manera individual o con otros, actúan para promover o proteger los derechos humanos, nacional e internacionalmente, de una manera pacífica. Son miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, bloggers, informantes así como activistas políticos que abogan por los derechos de libertad de expresión, libre derecho de reunión, y ambiente seguro y saludable. No necesitan pertenecer a ninguna organización registrada para ser un defensor de derechos humanos. Pueden ser mujeres y hombres comunes, que creen en la universalidad de los derechos humanos y actúan para defenderlos. Son agentes de cambio, salvaguardando la democracia y asegurando que permanezca abierta, plural y participativa. Defienden los principios del Estado de Derecho y buena gobernanza. Sin defensores de derechos humanos y su invaluable contribución, nuestras sociedades serían mucho menos libres y tendrían menos esperanza.

Antes de mi misión oficial, fui invitado por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos en México para participar en un foro sobre el papel de los defensores de derechos humanos en México. En esa ocasión, estuve complacido en escuchar fuertes declaraciones del Secretario de Gobernación¹ y el Procurador General de la República,² reconociendo y elogiando el papel activo y positivo que juegan los defensores de derechos humanos en la sociedad.

Este cambio es bienvenido en el contexto de las supuestas declaraciones, las cuales se referían a las y los defensores como enemigos del Estado o vinculados con el crimen organizado o no reconociendo el papel positivo que juegan los defensores en México.

Hoy, me limitaré a las observaciones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los puntos principales que se elaborarán en mayor detalle en el informe, una vez que revise totalmente los materiales y documentos que reuní durante la visita. Presentaré mi reporte final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en una de sus sesiones futuras.

Marco legal e institucional

México es un país federal integrado por 32 entidades federales y la Ciudad de México. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están divididos entre la federación y los estados. México ha ratificado

«Sé que el trabajo que llevan a cabo no es a partir de interés personal, sino de un compromiso al servicio de otros y que enfrentan condiciones difíciles, estando lejos de sus familias y muchas veces, enfrentando riesgos. Pero su compromiso de defender a aquellos que han sufrido abusos o violaciones de derechos humanos es sólido. De esto se deriva el amplio reconocimiento que el gobierno de la República hace del valioso trabajo que llevan a cabo. Sin sus acciones [como defensores de derechos humanos] y aquellos de los defensores que estuvieron antes de ustedes, no podríamos tener el país de mayores libertades que tenemos hoy en día”. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (13/0172017)
En una declaración de Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República (PGR), éste enfatizó que es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal el investigar violaciones de defensores de derechos humanos, así como establecer cuál será el mejor modelo de justicia para el país. El Procurador General pidió la colaboración de todos los sectores en la construcción de instituciones fortalecidas con el fin de generar y fortalecer los métodos y protocolos que funcionen en la protección de las y los defensores de derechos humanos.

las nueve convenciones principales internacionales de derechos humanos. En este aspecto, aliento al Estado mexicano a firmar y ratificar los Protocolos Opcionales del Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño (la cual establece un procedimiento de comunicaciones). También animo al Gobierno a reconocer la jurisdicción del Comité sobre Desapariciones Forzadas conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención y a considerar el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas hechas a los diferentes tratados que puedan afectar su implementación completa.

La Constitución Mexicana protege los derechos humanos consagrados por los tratados internacionales a nivel constitucional y la Suprema Corte ha establecido que todas las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos son obligatorias para México. La Constitución ofrece diferentes mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluyendo el amparo y reconoce sólidamente los derechos sociales y económicos. La legislación mexicana, especialmente a nivel estatal, todavía requiere armonizarse con el fin de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.

En años recientes, México ha hecho un esfuerzo importante para transformar el sistema jurídico en diferentes áreas, con participación sustancial de las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, expertos e investigadores. En 2008, el Congreso enmendó la Constitución, para pasar de un sistema de justicia criminal inquisitorio por escrito a uno acusatorio de naturaleza oral y adversarial. Esta reforma, que incluye el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, entró en vigor en 2016. Esta reforma debería contribuir a un sistema de justicia penal más ágil y justo, disminuyendo los retrasos, abusos contra las víctimas y presuntos agresores de delitos y el uso de la prisión preventiva. No obstante, se dice que la implementación total del sistema contencioso estará enfrentando varios retos.

En 2012, el Congreso mexicano pasó una ley federal para proteger a las y los defensores de derechos humanos y periodistas, estableciendo un mecanismo nacional de protección para asegurar la vida, integridad, libertad y seguridad de los defensores y periodistas.

En 2013, después de una campaña dirigida por grupos de víctimas, entró en vigor la Ley General de Víctimas, resultando de ella la creación de la Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas (CEAV). La implementación de esta ley ha sido lenta y las víctimas han denunciado obstáculos para acceder a sus derechos, incluyendo el reconocimiento como víctimas debido a procesos burocráticos. Sólo 10 estados han creado sus propias comisiones de derechos de las víctimas. En 2016, la Ley General de Víctimas fue enmendada para atender algunos de estos retos.

En 2014, después de una serie de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte, el Código Penal Militar se enmendó para asegurar que las violaciones y delitos de derechos humanos contra civiles sean investigados y perseguidos por autoridades civiles. No obstante, la jurisdicción militar todavía prevalece para casos de derechos humanos cometidos por miembros del ejército contra su propio personal. Una nueva reforma adoptada en 2016 sobre la legislación militar levanta preocupaciones con respecto a salvaguardias del debido proceso.

En mis reuniones con el Congreso, fui informado de las discusiones en curso en las dos cámaras con respecto al cambio en el artículo 29 de la Constitución y un proyecto nuevo de ley sobre seguridad interna. Algunos miembros del Congreso y organizaciones de la sociedad civil han señalado varias preocupaciones, incluyendo que esta ley normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos

He recibido información de diversas fuentes que muestran los elevados niveles de inseguridad y violencia que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el país. A pesar del avance hecho en algunos frentes (por ejemplo la disminución de las tasas de asesinatos en algunos estados), el nivel de violencia permanece alarmantemente alto y afecta a la población en general. Estoy al tanto de los retos que conllevan la posición geográfica de México y la compleja dinámica de los carteles de drogas y crimen organizado en el país. Sin embargo, el uso de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil levanta varias preocupaciones en términos de gobernanza democrática. Sin tampoco haber puesto fin a la violencia.

Recibí varios testimonios con respecto a graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos años, en particular de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. Estas violaciones siempre son perturbadoras debido a su gravedad. Por eso, me preocupa que en muchos de los casos que me fueron transmitidos las investigaciones no han dado resultados. Las defensoras y los defensores de derechos humanos que buscan justicia han enfrentado actos de intimidación u obstáculos en su búsqueda. Debido a sus denuncias de estas violaciones, los defensores de derechos humanos tienen un riesgo más elevado de ser blancos de ataques y agresiones. Quienes denuncian violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias.

Los familiares de personas desaparecidas compartieron historias conmovedoras conmigo sobre su valentía, determinación y sus trágicas circunstancias. Además de la incertidumbre desgarradora de no saber en dónde están sus seres queridos, con frecuencia enfrentan obstáculos en sus demandas por justicia y por la verdad con respecto al paradero de sus familiares. En particular, cuando visité el estado de Guerrero, recibí testimonios de defensores que buscaban a sus familiares desaparecidos, siguiendo pistas de su paradero y en algunas ocasiones llevando a cabo búsquedas ciudadanas de alto riesgo para su propia seguridad. Los defensores de Chilapa, en donde las desapariciones colectivas parecen haber sucedido con el consentimiento de las autoridades, son particularmente vulnerables a ataques en el contexto del crimen organizado y corrupción. Cuando visité la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos enfatizaron la importancia de poder continuar el trabajo del mecanismo de seguimiento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sin obstáculos, así como el de las ONGs que los acompañan en su búsqueda para acceso a la justicia.

A lo largo de mi visita, recibí varias declaraciones de los defensores que trabajan en casos de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, en particular con respecto a los riesgos que enfrentan en la búsqueda de los agresores para que sean sancionados. En Oaxaca, me reuní con víctimas de los eventos de Nochixtlán de junio de 2016 así como con los defensores que trabajan en su caso. Para ellos, la mejor protección que podrían tener es que se otorgue justicia y los agresores rindan cuentas. Esto también pondría fin a actos de intimidación que están enfrentando.

Las defensoras y los defensores de derechos humanos que denuncian la tortura han enfrentado recientemente una serie de ataques virulentos contra ellos, acusándolos falsamente de apoyar a criminales. Las campañas de difamación, incluyendo aquellas realizadas a través de medios de comunicación nacionales, han intentado describir el papel de los defensores que trabajan en casos de tortura, como personas que lucran con las reparaciones económicas. Las mujeres víctimas de tortura y muchas de las cuales convertidas en valientes defensoras de derechos humanos han sido objeto de campañas sexistas de difamación y acoso contra ellas y sus familias. Este ha sido el caso de las mujeres defensoras que denunciaron tortura sexual en el caso Atenco.

También me reuní con defensores de derechos humanos, desplazados internos de sus comunidades o lugares de trabajo y que no pueden regresar debido a la falta de seguridad. El gobierno debe elaborar políticas que atiendan su situación particular para garantizar que puedan llevar a cabo su labor en materia de derechos humanos en condiciones seguras, incluso a través de su regreso.

Criminalización de las defensoras y los defensores de derechos humanos

Durante la visita he recibido múltiples testimonios que indican que la situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento para intimidarlos y subyugar su defensa de los derechos humanos. Según la información recibida los tribunales imponen medidas precautorias contra los defensores y las defensoras sin las garantizar sus derechos y las garantías del debido proceso.

Esas acciones criminalizantes son en ocasiones precedidas por declaraciones hechas por funcionarios públicos, en las cuales las defensoras y los defensores son acusados de cometer crímenes u obstaculizar la seguridad o el desarrollo nacional. Tales declaraciones despectivas de altos funcionarios provocando el desencadenamiento de procesos penales prolongados contra las personas que defienden derechos humanos.

También se han usado los arrestos y detenciones arbitrarios como un instrumento para silenciar las voces disidentes y frenar los movimientos sociales. Entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias emitió seis opiniones oficiales al gobierno mexicano sobre casos de defensores de derechos humanos y un periodista (Librado Baños, Pedro Canché, Damián Gallardo, Enrique Guerrero, Nestora Salgado e integrantes del Frente Popular Revolucionario), quienes fueron detenidos arbitrariamente y cuyos procesos judiciales se vieron afectados por irregularidades. Esta serie de opiniones no tenía precedentes y marcó la primera vez en que el Grupo de Trabajo emitió seis opiniones en poco más de un año. Hasta la fecha, únicamente dos de estas personas han sido liberadas, y la implementación completa de todas las Opiniones sigue pendiente.

En muchos casos, se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos. El caso de Martha Esthela Solorzano de San Luis Río Colorado en Sonora es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal. En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En febrero de 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora debido a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.

La criminalización de las defensoras y los defensores tiene un efecto inhibidor no solo en ellos, sino también en la sociedad en general. Debilita los movimientos de la sociedad civil y es una de las principales causas que evita que la población en general presente denuncias ante la policía por crímenes serios. Las defensoras y los defensores cada vez más tienen que dedicar una importante cantidad de tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad de proteger a las personas más vulnerables en la sociedad. La criminalización también debilita la confianza de la sociedad civil en el gobierno, el cual en lugar de eso debería garantizar que las autoridades y terceras personas no manipulan los poderes estatales y judiciales para hostigar a los defensores por sus legítimas actividades.

Recomiendo que las leyes y políticas, cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a las defensoras y los defensores de derechos humanos por su legítima labor, se revisen con objeto de que su contenido e implementación respeten el principio de legalidad y otras normas internacionales de derechos humanos.

Parece que la criminalización está vinculada a las acciones tanto de elementos federales como estatales, incluyendo la policía, el Ejército, la Marina, autoridades gubernamentales y el poder judicial. El uso de la justicia por parte de empresas y otros actores interesados, quienes inician las denuncias penales contra los defensores, la débil independencia de la judicatura y la corrupción entre las autoridades gubernamentales, contribuyen a la criminalización de los defensores de derechos humanos.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, tanto los actores estatales como los no estatales directa o indirectamente involucrados en la criminalización de las defensoras y los defensores son responsables de estas violaciones de derechos humanos.

La libertad de reunión pacífica está garantizada por la constitución mexicana. Sin embargo, existe preocupación por el aumento de las injerencias y el uso de la fuerza en las protestas pacíficas en el país, especialmente cuando los manifestantes plantean cuestiones delicadas o se oponen a proyectos de gran escala.

Por ejemplo en 2006, en Atenco, las protestas contra la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México resultaron en dos personas muertas y más de 200 personas detenidas y criminalizadas, incluyendo un número de mujeres que fueron víctimas de tortura sexual. Las protestas contra este proyecto continúan hasta esta fecha, mientras los manifestantes enfrentan frecuentes hostigamientos.

En una protesta de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, se documentaron cerca de 100 detenciones arbitrarias y seis casos de tortura. En algunos estados (p. ej. Puebla), la legislación local permite a la policía utilizar armas de fuego o fuerza letal para disolver las protestas.

Además, la legislación mexicana usa definiciones muy amplias tales como «ataques a las vías públicas» o ataques contra «la riqueza nacional», que se han aplicado cada vez más para restringir las asambleas pacíficas y la protesta social. Las comunidades indígenas que protegen sus tierras tradicionales, codiciadas por aquellos que buscan el desarrollo de megaproyectos y la explotación de los recursos naturales, frecuentemente se han enfrentado a cargos criminales por protestar contra esos proyectos, incluso si es evidente la falta de una consulta previa y significativa. Esto suele ocurrir en el contexto de la protesta social, involucrando bloqueos, paros o simplemente participación en las protestas.

Los periodistas que cubren las protestas frecuentemente se enfrentan a un patrón de violencia, acoso y acciones legales. Por ejemplo, en agosto de 2016, el periodista Manuel Morres fue detenido arbitrariamente durante 24 horas, mientras cubría las manifestaciones en Chiapas, y dos fotoperiodistas que observaban un incidente de tráfico en Oaxaca fueron detenidos y presuntamente torturados.

La libertad de asociación también está reconocida constitucionalmente. Aunque muy activas y diversas, las organizaciones no gubernamentales a veces se enfrentan a la violencia, incluyendo amenazas y asesinatos. Los informes indican que los sindicatos independientes enfrentan la interferencia de las autoridades gubernamentales. El derecho a la sindicalización se ha visto amenazado en el contexto de las reformas en los sectores de educación, salud y energía, reduciendo significativamente el poder de los sindicatos de cada sector. Las reformas han provocado protestas nacionales, con trabajadores del estado liderando importantes manifestaciones.

A pesar de las mejoras graduales en las garantías constitucionales de la libertad de expresión, las y los periodistas que han mantenido posiciones críticas o disidentes frecuentemente han enfrentado frecuentemente intimidaciones y amenazas. México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas. El periodismo de investigación es escaso debido al clima de inseguridad. Debido a la impunidad generalizada en los niveles estatal y municipal, la autocensura se ha transformado en común. Muchos periódicos en zonas propensas a la violencia evitan historias relacionadas con el crimen organizado, el tráfico de drogas o la corrupción.

El uso creciente de las previsiones legales contra la difamación por parte de funcionarios públicos ha debilitado a los medios de comunicación libres. El ex gobernador de Coahuila demandó a un destacado periodista político por «daños a la moral» y presentó una demanda civil contra un periódico por difamación. Otros políticos también demandaron a los profesionales de los medios por «daños a la moral». Igualmente preocupante para la libertad de expresión y los medios de comunicación es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mayo de 2016 que eliminó en la práctica los límites máximos de las sanciones financieras que se pueden emitir contra los periodistas en México. Mientras que la difamación fue descriminalizada a nivel federal en 2007, alrededor de una docena de estados todavía tienen leyes de difamación criminal que se utilizan para intimidar a los periodistas.

El establecimiento del Fiscal Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión para investigar casos relacionados con periodistas ha sido un paso muy positivo en la protección de la libertad de expresión en México. Sin embargo, la sociedad civil ha criticado a la oficina del Fiscal Especial por no lograr avances significativos en las investigaciones. Desde su creación en julio de 2010 y hasta noviembre de 2015, la FEADLE informó sólo 31 investigaciones sobre homicidios y 25 desapariciones de periodistas y sin información de persecución efectiva.

El acceso a Internet se convirtió en un derecho humano después de enmendar el artículo 6 de la Constitución en 2013. México promulgó la legislación sobre el acceso a la información en 2002. También adoptó en 2015 la ley general de transparencia y acceso a la información pública mediante una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil.

De las conversaciones con el Gobierno, fui informado sobre cómo legislación progresiva busca establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y desarrollar condiciones homogéneas en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito del gobierno federal, estados y municipios. Se ha dotado de autonomía constitucional y especializada al nuevo Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos de Carácter Personal (INAI), para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Se han expresado preocupaciones sobre el impacto de la nueva Ley de Archivos sobre el acceso a datos importantes relacionados con violaciones graves de derechos humanos y su impacto en el derecho a la verdad y la memoria de víctimas y en la sociedad en su conjunto.

A pesar de los avances legislativos, el acceso real a la información pública sigue siendo problemático, particularmente a nivel estatal y local. Los defensores de derechos humanos que luchan contra la impunidad también han enfrentado retos en el acceso a la información pública en poder de las fuerzas armadas. La sociedad civil también ha expresado su preocupación por la aparente incompatibilidad de la legislación de acceso a la información con la ley de seguridad nacional, ya que ésta define lo que constituye «seguridad nacional». Esto a pesar de las disposiciones de la legislación sobre el acceso a la información que estipula que las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad no pueden clasificarse como «reservados». En esos casos, los escasos datos publicados por las autoridades obstruyen las investigaciones sobre la responsabilidad penal del comando militar, las desapariciones forzadas y las ejecuciones sumarias en el contexto de las operaciones militares en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado.

También hay preocupación por la falta de una ley específica que obligue a los funcionarios públicos a revelar sus bienes y conflictos de intereses, así como una débil supervisión judicial de la recopilación, almacenamiento e intercambio de datos personales obtenidos en el contexto de la vigilancia digital. Las defensoras y los defensores de derechos humanos también han mostrado su preocupación en relación con un proyecto de ley en el Congreso encaminado a ampliar la protección de los datos personales en ciertas circunstancias que podría ser contrario al derecho de acceso a la información pública o al manejo de los datos personales obtenidos bajo vigilancia.

Intimidación

La mayoría de las personas defensoras de derechos humanos que he conocido durante esta visita han reportado algún tipo de intimidación vinculada a su trabajo de derechos humanos, originado sea por participantes estatales como no estatales.

Los defensores de derechos humanos han recibido amenazas por SMS, llamadas telefónicas o agresiones verbales. También informaron de una serie de amenazas a través de comunicaciones digitales, ya sea a través de redes sociales o por correo electrónico. En la mayoría de los casos, los mensajes consistieron en «advertencias» sobre su vida y seguridad, si es que ellos querían continuar con su labor de derechos humanos. Para algunas personas defensoras, las amenazas digitales, a pesar de no ser consideradas por las autoridades como amenazas «reales», pueden conducir a agresiones físicas. Las mujeres defensoras han sido objeto de ataques específicos por grupos anónimos, cuyo objetivo es difundir rumores en las redes sociales o llamar a ataques contra de ellas. Algunos de los mensajes incitan a que las «violen como castigo» o la violencia contra las mujeres.

También estoy extremadamente preocupado por el número de difamaciones y campañas de insultos contra las personas defensoras, ya sean dirigidas por políticos o por los medios de comunicación. Estas campañas buscan principalmente debilitar el trabajo realizado por las y los defensores de derechos y alienar parte de la población. Los defensores han sido representados como contrarios al desarrollo o como integrantes de grupos criminales. También han sido retratados como personas que ayudan a delincuentes, en lugar de ser las personas que buscan rectificar las violaciones de derechos humanos. Estoy particularmente preocupado por la situación de organizaciones como el Centro Prodh, Tlachinollan y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que han sido blanco por su labor en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o tortura. Dichas organizaciones también son acusadas de utilizar a las víctimas para obtener ganancias, promover la impunidad o desestabilizar a la sociedad.

Estas campañas pueden tener un fuerte componente de género, cuando están dirigidas a mujeres defensoras de derechos humanos. Pueden incluir insultos, representar a las mujeres como prostitutas o sin valores morales. El acoso también puede apuntar a los integrantes de la familia y la comunidad como una forma de intimidar indirectamente a las y los defensores, obligándolos a elegir entre proteger a sus familiares o continuar su labor de derechos humanos.

También estoy profundamente preocupado por la información recibida sobre el acto de represalia contra un defensor de derechos humanos que se reunió conmigo durante la visita. Los mensajes en las redes sociales parecían amenazar al defensor, mencionando nuestro encuentro. Condeno enérgicamente este acto de represalia, ya que debilita la base del derecho de todos a cooperar con las organizaciones internacionales.

Recientemente se han utilizado nuevas y sofisticadas técnicas de intimidación para desalentar el trabajo en los derechos humanos en México. Periodistas y defensores trabajando en la libertad de expresión, la impunidad y la corrupción han informado casos de vigilancia digital y ataques relacionados con cibercrimen, incluyendo software malicioso y ataques de denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, el sitio web del Más de 131 ha sido atacado por DoS varias veces. Varios defensores también informaron la interferencia en sus computadoras a través de malware, lo cual busca espiar y encontrar información crítica en el equipo.

Me preocupan las lagunas legales que permiten amplias competencias de supervisión sin supervisión judicial ni rendición de cuentas y que frecuentemente se presentan como medidas de seguridad nacional sin garantías adecuadas. He sido informado de la supuesta compra de software de vigilancia por parte del gobierno, la cual se supone que se utiliza con fiscalización judicial cuestionable. Aliento a las autoridades mexicanas a desarrollar un marco legal sólido para garantizar el uso legítimo y legalmente prescrito de dicho software.

Los defensores de las comunidades indígenas o rurales me compartieron ejemplos que indican un intento deliberado por parte de las autoridades y las empresas de aplicar estrategias de «divide y vencerás» para lograr la aprobación de proyectos a gran escala. Me preocupa la presión ejercida sobre los integrantes de la comunidad para que acepten proyectos, a cambio de dinero o proyectos sociales. Los defensores que se oponen a estos proyectos son frecuentemente representados por las empresas o las autoridades locales como una minoría, que actúa en contra del interés general. Las divisiones causadas por estos proyectos tienen efectos profundos y negativos en las comunidades afectadas, en las que normalmente existe una fuerte cultura de consenso y solidaridad colectiva.

Impunidad generalizada

Según varios informes, aproximadamente el 98% de los crímenes cometidos en México siguen sin resolverse. Dado el elevado número de violaciones graves de los derechos humanos, la tasa ínfima de exitosas investigaciones y enjuiciamiento de crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos ha generado la sensación de impunidad generalizada. La falta de investigación y sanción de los agresores envía un peligroso mensaje de que no hay consecuencias por cometer tales crímenes. Esto crea un entorno propicio para la repetición de violaciones.

La impunidad se ha convertido tanto en la causa como en el efecto de la inseguridad general de los defensores de derechos humanos en México. La impunidad alimenta la criminalización de los defensores vinculados a sus actividades legítimas de derechos humanos, lo que a su vez alimenta el miedo entre la sociedad civil en general, debilitando las aspiraciones generales de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Al disuadir a los defensores de presentar quejas y a los sobrevivientes de violaciones de buscar el apoyo de los defensores para abogar por su causa, la impunidad erosiona el estado de derecho en el país y alienta la comisión de nuevas violaciones.

Estoy seriamente preocupado por el efecto bola de nieve de la impunidad para criminalizar y alimentar la violencia contra los defensores de derechos humanos. Exhorto al gobierno a revertir urgentemente la tendencia de crecimiento y profundización de la impunidad en México.

Personas defensoras en riesgo específico

Durante la visita, tuve la oportunidad de observar múltiples riesgos y amenazas que enfrentan grupos específicos de defensores. Los grandes grupos de mujeres defensoras de los derechos humanos que he conocido aquí en México nos recuerdan que las mujeres frecuentemente están a la vanguardia de las batallas por los derechos humanos, aunque su trabajo pueda permanecer invisible.

Entre 2010 y 2016, según informes confiables, 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México. La mayoría de las mujeres defensoras enfrentan riesgos no solo por su trabajo, sino también por su género. Pueden padecer violencia sexual, amenazas en redes sociales o campañas de difamación con base en estereotipos de género. En el contexto de la violencia generalizada contra las mujeres y los «feminicidios», algunas mujeres se han vuelto vocales en su búsqueda de la verdad, la justicia y el desagravio. Este es, por ejemplo, el caso de María Luisa García Andrade, quien ha recibido innumerables amenazas y ataques en Ciudad Juárez por su trabajo contra la impunidad.

Debido a que desafían el patriarcado y la misoginia, las mujeres defensoras también pueden enfrentarse a la violencia y la discriminación dentro de sus propias familias y comunidades, ya que su defensa se considera frecuentemente como menos importante o en discrepancia con el papel que se les asignó social y culturalmente. El impacto psicosocial de la violencia tiene profundas consecuencias en la estructura social y puede adoptar diversas formas, desde el síndrome de estrés postraumático, culpa, deterioro de su situación económica y hasta el aislamiento social.

Frente a tantos desafíos, quiero reconocer públicamente y apoyar el trabajo dirigido por redes como la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la cual ha sido crucial para ayudar a las mujeres a romper el círculo de la violencia y la estigmatización, y ha ofrecido muchas oportunidades de autoprotección y fomento a la creación de capacidades.

Me impactó el número de mujeres defensoras, que han experimentado ya sea discriminación por agentes del Estado o dificultades al solicitar medidas de protección. También aliento a las autoridades mexicanas a que difundan ampliamente la resolución de la Asamblea General de la ONU de 2013 sobre las defensoras de derechos humanos.

Los periodistas también constituyen uno de los principales grupos en riesgo en México. Según estadísticas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los periodistas. Entre 2000 y 2016, al menos 120 periodistas fueron asesinados principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. Pueden enfrentarse a la violencia durante la cobertura de protestas, amenazadas por el crimen organizado o acosadas por las autoridades, cuando investigan historias relacionadas con la corrupción. Este fue el caso de Carmen Aristegui, quien fue despedida abruptamente en 2015, poco después de informar sobre escándalos de corrupción en los que participaba un político de alto nivel.

Para los periodistas que huyen de estados peligrosos como Veracruz, la Ciudad de México es vista frecuentemente como una ciudad segura donde se sienten más protegidos. Sin embargo, el asesinato en julio de 2015 del fotoperiodista Rubén Espinoza junto con cuatro mujeres (Nadia Vera, una defensora de derechos humanos, Alejandra Olivia Negrete Avilé, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martin) marcó un preocupante precedente para toda la comunidad de trabajadores de los medios.

La definición de periodistas utilizada por la Ley de la Ciudad de México sobre la protección de periodistas y defensores de derechos humanos no protege a todos los periodistas. Las amenazas y ataques en curso han creado un clima de autocensura y debilitado la libertad de expresión en el país. Muchos periodistas, debido a la falta de recursos y a la naturaleza específica de su trabajo, no dedican recursos a su propia protección, lo que puede aumentar su vulnerabilidad y aislamiento.

También he sido alertado por los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas. Según informes, entre 2010 y 2016, 11 periodistas han sido asesinadas en México y entre 2012 y 2016, de los 232 periodistas que estaban protegidos por el Mecanismo Nacional de Protección, 86 eran mujeres. Las consecuencias de los ataques contra mujeres periodistas pueden dar lugar a la terminación de su actividad profesional y, más ampliamente, a un espacio reducido para las mujeres en las salas de redacción y los medios de comunicación.

Durante la reunión con la Suprema Corte, compartí mi preocupación por su reciente decisión de declarar una definición más restrictiva de los periodistas utilizados en la Ciudad de México como constitucional. La definición universalmente reconocida de las personas defensoras de los derechos humanos debe alentar a las autoridades mexicanas a que incluyan a los blogueros y a todos los trabajadores de los medios de comunicación en la definición de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Uno de los grupos de defensores más criminalizados, frente a la mayoría de los procesos judiciales y detenciones arbitrarias en México, son aquellos que protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los activistas que defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro. Esto ocurre en el contexto de megaproyectos de extracción, energía e infraestructura. En ocasiones, los defensores me dijeron que las evaluaciones de impacto ambiental no estaban disponibles para las comunidades afectadas. El lenguaje de las evaluaciones es demasiado técnico o no está disponible en el idioma de la comunidad. Me preocupa que el número de conflictos relacionados con la protección de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente siga creciendo, en tanto que la cuestión del modelo de desarrollo y su sustentabilidad no es atendida y ampliamente acordada con las comunidades afectadas por estos proyectos.

Los defensores de derechos humanos de comunidades indígenas están entre los grupos de mayor riesgo de los defensores que trabajan sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La situación de los derechos humanos indígenas es extremadamente preocupante y aquellos que defienden los derechos de estas comunidades enfrentan mayores riesgos. En los estados como Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas, la multiplicación de proyectos de desarrollo y acaparamiento de tierras conducen a la escalada de conflictos ya que las comunidades indígenas se rehúsan a perder sus tierras ancestrales. Con frecuencia, estas comunidades tienen una concepción del mundo específica, en la que las tierras, bosques, agua, viento son esenciales para su existencia y para la protección de sus culturas ancestrales. Esto fue evidente para mí durante mi visita a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, quien lleva a cabo una lucha para preservar su tierra ante los riesgos de la construcción de una autopista.

He escuchado muchos testimonios conmovedores de comunidades humildes y valientes que hablan abiertamente contra la violencia de grupos armados, que operan en colusión con autoridades y compañías locales. Junto con las prácticas de discriminación que pueden afectar la capacidad de los defensores de comunidades indígenas para solicitar y beneficiar de manera efectiva las medidas de protección (por razones lingüísticas o geográficas), enfrentan represión que puede ir desde el acoso, detención arbitraria para torturar, hasta los asesinatos y desapariciones forzadas.

En todos los estados que visité, me ha consternado el número de conflictos existentes que son consecuencias directas de la falta o mal uso de los procesos de consulta con las comunidades indígenas. En muchas ocasiones, las consultas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse. Aliento fuertemente a las autoridades mexicanas a garantizar el consentimiento informado, libre y previo de comunidades indígenas como se establece en la convención ILO 169. Los procesos de consulta deben ser significativos con el fin de garantizar la protección y respeto de los derechos de las comunidades indígenas, en total cumplimiento con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas indígenas.

Las personas líderes de la comunidad y los defensores de los derechos ambientales y tierras que se oponen a proyectos de gran escala enfrentan violencia de personas que están relacionadas con compañías que participan en esos proyectos. Esta violencia generalmente queda sin castigo ya que cuenta con el apoyo tácito o explícito de las autoridades locales. De acuerdo con los informes recibidos, las y los defensores de derechos humanos serían presionados para que se desisten de sus actividades a través del uso de la criminalización de los líderes, granjeros o ambientalistas opositores indígenas (acusados de delitos ordinarios). He recibido varios testimonios de casos en los que los defensores de derechos indígenas y ambientales han sido un blanco de agresiones en relación con su trabajo. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron por lo menos 109 casos de ataques contra defensores de derechos ambientales en 23 estados mexicanos en un año, entre mayo de 2014 y junio de 2015.

Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena Rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades. El 19 de enero, públicamente condené el homicidio del defensor ambientalista Isidro Baldenegro López por una persona armada. Su asesinato muestra la precaria situación de las personas defensores de derechos humanos en la región. En 2010, Ernesto Rábago Martínez, también defensor de tierras y territorios del pueblo Rarámuri, fue asesinado. A la fecha, no hay condenas para este homicidio. Llamo a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.

La búsqueda de familias y víctimas de los desaparecidos es uno de los asuntos de derechos humanos más difíciles que actualmente se está atestiguando en México. Muchas familias que no obtienen respuestas sobre el paradero de sus familiares desaparecidos han estado desarrollando sus propias investigaciones. Su búsqueda de la verdad y justicia los ha llevado a enfrentar innumerables riesgos y amenazas ya que con frecuencia descubren hechos de colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado. Su vulnerabilidad se debe a las investigaciones que llevan a cabo y las denuncian que efectúan de violaciones de los derechos humanos. Los ataques en contra de defensores quienes buscan justicia pueden un efecto inhibidor sobre el público.

Me han conmovido profundamente los testimonios de las madres, padres, hermanas e hijos valerosos que se han convertido en defensores de derechos humanos por necesidad. Para mí, estas familias son verdaderas defensoras de derechos humanos, ya que muchas de ellas han encontrado la fortaleza para superar el sufrimiento permanente que sienten y el miedo por sus propias vidas con el fin de ayudar a otras en sus investigaciones. Su voz debe ser reconocida como parte de la comunidad de personas defensoras de derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo de las brigadas nacionales para la búsqueda de personas desaparecidas. Gracias al compromiso y sacrificio de las brigadas y de colectivos de familiares desaparecidos, han ayudado a evitar muchas desapariciones y muchas familias que antes sentían desesperanza ahora tienen a alguien a quien acudir. También honro a las y los defensores de derechos humanos que han estado buscando a sus familiares desaparecidos por décadas, desde la llamada “Guerra Sucia”.

Otro grupo de defensores que está particularmente en riesgo son los informantes (whistleblowers). Las leyes internacionales de derechos humanos reconocen y garantizan a todos la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. Las legislaciones actuales también protegen el derecho de los periodistas a informar al público en general sobre los casos que podrían vulnerar los derechos fundamentales. Sin embargo, este no es el caso para aquellos que, por la naturaleza de su trabajo, puedan tener acceso a información relacionada con casos incluyendo de corrupción, salud, seguridad o ambiental. Actualmente, no hay un marco jurídico en México que defina, reconozca y proteja a los ciudadanos o servidores públicos cuando revelan información. Por el contrario, los informantes pueden ser procesados, especialmente si revelan información relacionada con compañías transnacionales o estatales. No obstante, me gustaría recordar las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión sobre los informantes. En su informe que presentó a la Asamblea General de la ONU en 2015,^[1] el Relator Especial animó a los Estados a “adoptar o modificar e implementar leyes nacionales que protejan la confidencialidad de las fuentes”, “para adoptar y poner en marcha los marcos jurídicos nacionales que protejan a los informantes”.

Durante mi visita en México, también me reuní con grupos religiosos de defensoras y defensores. Muchos de ellos se convirtieron en defensores de derechos como resultado de la violencia generalizada contra comunidades indígenas, rurales y migrantes en el país. En muchas ocasiones, estas mujeres y hombres han sido el único apoyo que han encontrado grupos vulnerados en sus derechos. Las personas defensoras han desarrollado actividades para acompañar a comunidades así como han ofrecido apoyo humanitario en áreas extremadamente aisladas. Por su trabajo de derechos humanos, estos defensores han sido afectados por actos de intimidación, amenazas, asaltos y a veces hasta homicidios. Estos defensores también han comentado la falta de apoyo de su jerarquía religiosa que no reconoce ni avala su compromiso por los derechos humanos.

También estoy preocupado por los riesgos que enfrentan los defensores que trabajan con los derechos de los migrantes. Dado que México se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito para miles de personas que vienen de Centro América, el trabajo que llevan a cabo estas personas defensoras ha pasado a ser clave en la protección de estas poblaciones. Los defensores que proporcionan ayuda humanitaria a los migrantes y aquellos que trabajan a lo largo de la ruta del tren llamado “La Bestia” enfrentan riesgos particulares, principalmente debido a la actividad criminal de grupos armados que tienen como objetivo tanto a los migrantes como a los defensores de derechos humanos a través de extorción, violación, secuestro y asesinato.

En meses recientes, los defensores de los derechos LGBTI también han enfrentado una fuerte campaña pública en su contra, lo que ha aumentado el clima de temor en el que viven muchas y muchos de estos defensores. Los ataques contra los activistas LGBTI generalmente se relacionan con la exigencia de un mayor reconocimiento de estos derechos. Los prejuicios basados en la orientación sexual e identidad de género de los policías y ministerios públicos parecen afectar la efectividad de la investigación de estos ataques. Los asesinatos de activistas no son investigados como posibles crímenes de odio ni se relacionan con su trabajo sobre la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI. Además, con frecuencia las autoridades denigran a la víctima en un intento de reducir los ataques a asuntos privados. Los defensores de los derechos humanos de transexuales generalmente enfrentan más riesgos como resultado de los altos niveles de violencia sexual entre las comunidades transexuales. En muchos estados, los defensores de los derechos LGBTI enfrentan problemas para organizarse entre ellos, utilizar el espacio público, acceder a recursos y no son tomados en cuenta por las autoridades locales y estatales. También escuché testimonios de defensores que trabajan sobre los derechos LGBTI que dicen sentirse aislados de la comunidad más amplia de defensores.

También me reuní con defensores que trabajan en asuntos sobre educación, derechos de los niños, derechos laborales y acceso a la salud. Escuché testimonios conmovedores de defensores que están enfrentando represalias debido a su trabajo contra el abuso de niños o enfrentando estigmatización por trabajar en el acceso a la salud para pacientes con VIH-SIDA. En muchos casos, estos defensores están al tanto de los diferentes mecanismos de protección y herramientas existentes.

Algunas universidades han enfrentado represalias por su trabajo de derechos humanos. Tuve la oportunidad de reunirme con investigadores que venían de diez universidades e instituciones de educación superior y quienes me compartieron su importante trabajo para la promoción y protección de los derechos humanos en México. En el contexto de los serios retos de derechos humanos que México está enfrentando, fue alentador ver el compromiso de los académicos y al mismo tiempo de manera sorprendente ver el bajo nivel de involucramiento de la mayoría de las universidades mexicanas con respecto a los temas de derechos humanos.

Escuché muchos ejemplos sobre cómo las universidades puede directamente contribuir al acceso a la justicia a través de clínicas legales y cómo apoyan los derechos de las víctimas de desaparición a través de trabajo forense e investigación que contribuya al derecho a la verdad. Entré en shock cuando supe que algunos investigadores y universidades han estado sufriendo represalias por su trabajo de derechos humanos. También fue descorazonador observar que aún dentro de las comunidades académicas, las mujeres son vulnerables a la violencia sexual por parte de sus compañeros o maestros y que hay una falta de respuestas institucionales para proteger a las mujeres valientes que decidan denunciar. De forma más general, diferentes testimonios mencionaron la falta de apoyo institucional para promover la participación de las universidades sobre asuntos de derechos humanos como parte de sus actividades académicas. Las universidades también tienen el deber de promover un ambiente auspicioso para todos los que deseen trabajar sobre asuntos de derechos humanos dentro de sus comunidades.

Mecanismo nacional de protección de defensores y periodistas

Se ha establecido, desde 2012, el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para atender las preocupaciones de seguridad en torno a la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, debido a los ataques persistentes contra ellos así como para garantizar su seguridad y condiciones propicias para su trabajo. Hasta la fecha, el Mecanismo Nacional ha brindado protección a 386 personas defensoras de derechos humanos y 260 periodistas. El Mecanismo Nacional, la cooperación que fomenta entre las autoridades y la sociedad civil, sus procedimientos de toma de decisiones y las recientes mejoras en sus operaciones cotidianas han sido vistos como una buena práctica para los países en los que el derecho a defender los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. Esto indudablemente envía un mensaje de que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas desempeñan una labor valiosa dentro de la sociedad y exigen que el Estado actúe en su protección.

De la misma manera que las y los defensores de los derechos humanos son importantes para la sociedad, el Mecanismo Nacional también es crucial y merece todo el apoyo de las contrapartes, mientras la situación de riesgo de los defensores permanece.

A pesar de que la existencia del Mecanismo Nacional ha contribuido a prevenir ciertas violaciones contra los defensores de los derechos humanos, este no ha sido suficiente como instrumento de política pública para transformar el ambiente en el que operan los defensores de derechos humanos. Hasta la fecha, su naturaleza ha sido más reactiva que preventiva. Su enfoque ha sido el de ofrecer medidas de seguridad poco sistemáticas, en lugar de adoptar un enfoque más integral de la protección. El Mecanismo no ha abordado, con la requerida profundidad, las causas de origen del riesgo. Esto no sólo debilita la eficacia de sus medidas de protección, sino que también expone al Mecanismo Nacional a una sobre exigencia debido a un gran número de casos que continúan sin resolverse.

Como parte de la adopción de un enfoque más preventivo para proteger a las y los defensores, el Mecanismo Nacional debería adoptar mecanismos de cooperación reforzados para garantizar que las medidas de protección adoptadas vayan de la mano con investigaciones rápidas y exhaustivas. Si los casos de ataques contra los defensores de derechos humanos siguen estando sumidos en la impunidad, ningún mecanismo de protección será suficiente para enviar el claro mensaje de que cometer violaciones a los derechos humanos contra ellos no es tolerado por el Estado.

Promover la labor de los defensores de los derechos humanos debe ser un aspecto central de la labor del Mecanismo Nacional. Se deben llevar a cabo campañas nacionales y diferentes formas de reconocer su trabajo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, para garantizar que se incremente la conciencia pública de su labor.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos abarca una definición amplia de quién es un defensor. En este sentido, el Mecanismo Nacional debe aplicar criterios amplios para determinar quién califica para la protección (p. ej., aceptar a personas que trabajan en organismos autónomos de derechos humanos cuando están en riesgo así como las comunidades indígenas cuando ejercen su derecho a la defensa de sus derechos). Los ataques digitales contra los defensores son de tanto riesgo para los defensores, como otros tipos de actos físicos de intimidación.

A pesar de los avances logrados en el desarrollo de la metodología para evaluar los riesgos de grupos de defensores así como de mujeres defensoras, el Mecanismo Nacional aún requiere fortalecer e integrar un enfoque diferencial con respecto a los defensores de los derechos humanos. En particular, un enfoque específico de género (incluyendo la identidad de género y que vaya más allá de las mujeres defensoras de derechos humanos) debe incluir una revisión integral de los diferentes estereotipos y tipos de violencia a los que se enfrentan. El Mecanismo Nacional debe garantizar que exista personal femenino disponible para estos análisis de riesgos, con la debida capacitación.

La integración de un enfoque multicultural y colectivo al realizar un análisis de riesgo de una comunidad indígena o un defensor individual debe contribuir a adoptar medidas de protección que sean relevantes y eficaces en su entorno. Los entornos rurales o remotos requieren enfoques diferentes a los urbanos. El catálogo de medidas de protección existentes debería reflejar esto. Por ejemplo, los botones de pánico y los teléfonos satelitales no siempre se adaptan a las necesidades de los defensores que trabajan en las zonas rurales. Deberían adoptarse políticas que coincidan con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Desplazamientos Internos para atender las necesidades de las y los defensores desplazados. Se debería ofrecer a los defensores de derechos humanos, tanto hombres como mujeres, la posibilidad de que los miembros de la familia y en particular los niños sean considerados dentro del análisis de riesgo. Deberían ponerse en línea manuales de fácil uso y acceso para el usuario que contengan la metodología de evaluación de seguridad, procedimientos e instrucciones existentes para así garantizar el acceso a la información para los defensores de los derechos humanos y una mayor transparencia en cuanto a los criterios de toma de decisiones.

La Junta de Gobierno del Mecanismo Nacional está compuesto por cuatro entidades gubernamentales, incluyendo la Procuraduría General de la República y la Policía Federal. Hago un llamado a la Procuraduría General de la República para que tome medidas para que su participación en el Mecanismo Nacional sea instrumental para garantizar que todos los crímenes contra los defensores sean debidamente investigados. Esto también aplica a los casos de agresiones digitales y campañas de difamación a través de las redes sociales que requieran investigaciones especializadas. La Policía Federal debe garantizar que, en todo momento, se disponga de un número adecuado de policías, incluyendo la policía femenina, para cubrir las necesidades de protección del Mecanismo y que éstos estén debidamente capacitados. El Mecanismo Nacional también debe cooperar con otros participantes de la seguridad, como el Ejército y la Armada, para informarles de la existencia de defensores de derechos humanos protegidos.

También es necesario reforzar la cooperación y la coordinación con los estados, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de los ataques contra los defensores de los derechos humanos se originan a nivel estatal. Estas autoridades deben recibir mensajes claros sobre la política de cero tolerancia para los ataques contra los defensores. La Conferencia Nacional de Procuradores debe considerar la adopción de protocolos homologados para la prevención e investigación de agresiones contra defensores.

En dos estados (Veracruz y Chihuahua) se han emitido alertas conjuntamente por el Mecanismo Nacional y las autoridades estatales. Hasta la fecha, estos mecanismos de alerta aún no han dado resultados. Sin embargo, podrían representar una herramienta interesante para atender las cuestiones estructurales relacionadas con el medio ambiente en el que los defensores y periodistas operan.

Si se establecen mecanismos de protección para los defensores a nivel estatal, estos deben contar con los recursos adecuados, disponer de instrucciones adecuadas y contar con mecanismos de participación para la sociedad civil. Observé con satisfacción la información sobre la implementación del Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, a raíz de una ley adoptada en 2015, que incluía buenas prácticas como el acceso a los derechos económicos y sociales.

Aunque se han hecho esfuerzos para fortalecer la situación de la dotación de personal al Mecanismo Nacional, es necesario reforzar este aspecto. El personal debe recibir contratos apropiados y los criterios de selección deben garantizar la sensibilidad a los derechos humanos. Han tenido programas de capacitación que han dado algunos resultados, sin embargo la rotación en el personal debilita sus efectos. Las capacitaciones futuras también deben incluir el manejo de información confidencial con respecto a la identidad de aquellas personas protegidas y capacitación adicional para quienes supervisan las evaluaciones de riesgo. Deben instalarse medidas de seguridad durante la evaluación de riesgos en determinados lugares para no poner en peligro la vida del personal del Mecanismo durante su labor. Deben establecerse instrumentos de gestión para garantizar la aplicación oportuna de las medidas de protección.

El presupuesto del Mecanismo Nacional debe garantizarse en los próximos años para asegurar su sustentabilidad financiera.

Instituciones de derechos humanos a nivel estatal y nacional

Tengo la convicción que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son socios claves para la protección de los defensores de los derechos humanos y promoción del derecho a defender los derechos humanos. También son defensores de derechos humanos que en algunas ocasiones enfrentan riesgos y ataques por hacer su trabajo.

Me alegra ver que México tiene un sistema completo de instituciones de derechos humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las 32 Comisiones de Derechos Humanos estatales. También me gustaría recomendar que dichas Comisiones de Derechos Humanos estatales cumplan a cabalidad con los Principios de Paris.

Creo vehementemente que las instituciones de derechos humanos deben hablar más fuerte en su apoyo a los defensores de derechos humanos y condenar ataques en contra de ellos. También necesitan estar más cerca a las y los defensores de derechos humanos para aumentar su apoyo de diferentes maneras.

En línea con las normas internacionales, las instituciones de derechos humanos deben aplicar una definición amplia de quien es un defensor de derechos humanos y un periodista y trabajar para asegurar que las autoridades gubernamentales y la sociedad estén al tanto de la importancia del papel de los defensores.

Observo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha aumentado el uso de acciones constitucionales para cuestionar la constitucionalidad de leyes y me gustaría alentarla a continuar por esta vía. También recomendaría a las Comisiones de Derechos Humanos estatales que revisen y cuestionen leyes que puedan restringir el reconocimiento y gozo efectivo de los derechos humanos.

Me sorprendió el bajo número de recomendaciones emitidas en algunos estados, a pesar de la evidencia que recibí de graves violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos. Las instituciones de derechos humanos también deben ser más activas en la emisión de recomendaciones, incluyendo la reparación para las víctimas. Reconozco la importancia de las recomendaciones generales de la Comisión Nacional y llamo a que esta práctica que se replique a nivel estatal.

Papel de los actores no estatales

La importancia de los actores no estatales para asegurar el gozo efectivo de los derechos humanos ha sido crecientemente reconocida por la comunidad internacional.

Compañías comerciales

Observo que México está actualmente trabajando sobre un plan nacional sobre derechos humanos y empresas. Espero que este plan incorpore un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas en el apoyo a defensores de derechos humanos y la prevención de la criminalización u otras formas de debilitar el actuar de los defensores de derechos humanos, incluyendo aquellos de comunidades indígenas. Este plan debe incluir a los defensores de derechos humanos durante su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

Recibí información sobre el impacto que las acciones de muchas compañías han tenido sobre las comunidades alrededor del país y cómo algunas compañías podrían haber afectado de manera adversa los esfuerzos de los defensores de derechos humanos. He recibido reportes de compañías (en particular aquellas que están trabajando en minería, construcción, infraestructura, energía, telecomunicaciones, seguridad privada, transporte y medios) que están entorpeciendo los esfuerzos de los defensores de derechos humanos.

Las compañías públicas y privadas deben respetar los derechos humanos, los principios reconocidos internacionalmente sobre los derechos comerciales y humanos incluyendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Empresas. Deben reconocer de manera pública y respetar el papel positivo de los derechos humanos. Las compañías deben abstenerse de acciones que puedan afectar de manera negativa el gozo de los derechos humanos de cualquier manera.

Las empresas deben avocarse a una consulta previa y significativa con las comunidades cuando tengan la intención de participar en un proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas. Deben abstenerse de tomar acciones que puedan afectar estos procesos de consulta, incluyendo aquellos que puedan contribuir con la división de comunidades. Deben ofrecer toda la información correspondiente a las personas afectadas por los proyectos de una manera accesible y adecuada culturalmente.

Estoy preocupado por la información recibida sobre el papel que juegan algunas compañías en posesión de datos privados (incluyendo datos de defensores de derechos humanos). Algunas compañías de telecomunicaciones están proporcionando a las autoridades datos personales, sin asegurar la debida diligencia.

Los empleados de firmas de seguridad en diferentes estados (que protegen principalmente los proyectos de infraestructura y ferrocarriles) actúan en contra de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus defensores (como defensores de derechos de migrantes y defensores de derechos indígenas). Hasta donde entiendo, todos estos ataques permanecen sin castigo y estas firmas no están enfrentando las sanciones debido a su uso de la fuerza.

De acuerdo con la información recibida, algunas compañías de medios estatales reciben una gran parte de su ingreso de fuentes oficiales. En casos de amenazas y ataques contra los periodistas que han sido críticos con las autoridades, se reporta que sus empresas no los apoyan ya que éstos ponen en riesgo las ganancias de la empresa o es una manera de poner presión sobre los periodistas para que cambien su línea de trabajo.

Grupos religiosos

Defensores de los derechos de las personas LGBTI y de los derechos sexuales y reproductivos me han informado sobre cómo grupos religiosos a veces han socavado sus esfuerzos para asegurar un mayor reconocimiento de estos derechos. Además, estas acciones y declaraciones han generado un clima de hostigamiento contra quienes defienden estos derechos. Esto se ha hecho, por ejemplo, a través de declaraciones públicas acusando a las mujeres que han tenido abortos de cometer asesinato.

Algunos testimonios indican también que la naturaleza laica del Estado no se respeta debido a que la proximidad entre determinados grupos religiosos y poderes políticos y económicos, permite a estos grupos ejercer una influencia indebida sobre las autoridades. Esto favorece la adopción de decisiones, incluidas reformas legales, que pueden afectar negativamente el disfrute de los derechos humanos o contribuir a aislar a los defensores de los derechos humanos.

Debido a la estructura patriarcal de algunos grupos religiosos, las mujeres defensoras de derechos que trabajan dentro de estos grupos, sufren aún más invisibilidad y obstáculos a pesar de su papel central en la promoción de los derechos humanos en diferentes espacios.

Grupos criminales

Las autoridades mexicanas han reconocido el desafío que el país está enfrentando debido a los altos niveles de violencia y actividades criminales. En este contexto, un creciente número de defensores de derechos humanos han sufrido amenazas y ataques por parte de grupos criminales. En ocasiones las defensoras y defensores, como las familias de personas que buscan a sus familiares desaparecidos confrontan a grupos criminales o autoridades que tienen nexos con grupos criminales. También he recibido denuncias sobre cómo otros agresores están contratando a grupos criminales para atacar a las defensoras y los defensores que se oponen a sus intereses. La complicidad entre los grupos criminales y las autoridades es uno de los elementos más perturbadores que contribuyen a los ataques contra quienes defienden derechos humanos en México. A pesar de los riesgos que enfrentan, varios defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas han denunciado la infiltración de grupos criminales en las instituciones del estado, especialmente en las procuradurías y las corporaciones policiales.

Comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos

Sobre este tema, quisiera compartir mis observaciones con la sociedad civil mexicana.

En mis reuniones con las y los defensores de los derechos humanos, he subrayado que ellos mismos tienen un papel que desempeñar para contribuir a un entorno seguro y propicio. Son responsables de hacer su trabajo profesionalmente, de forma pacífica y no discriminatoria y respetando debidamente los principios internacionales de derechos humanos.

He reiterado constantemente que las redes formales e informales que conectan a los defensores y a quienes les apoyan entre sí son un factor clave para la protección. Estas redes ayudan a los defensores a compartir información, coordinar acciones, expresar solidaridad, unir recursos y brindar apoyo psicosocial. Las relaciones sólidas permiten una rápida movilización en tiempos de crisis y pueden mitigar los riesgos de amenazas y ataques.

Durante mi visita, he tenido el privilegio de reunirme con más de 800 valientes y dedicados defensores, provenientes de 24 estados mexicanos. Me complace encontrar una vibrante variedad de redes nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Espacio OSC, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Además me he reunido con redes estatales como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos. También hay redes de defensores más enfocadas, por ejemplo, sobre el tema de las desapariciones forzadas e involuntarias como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

A pesar de esto, algunos defensores con los cuales me he reunido se sienten aislados y no estaban suficientemente conectados a redes más amplias debido a la naturaleza específica de su trabajo o su ubicación remota. Es importante que los movimientos mexicanos de derechos humanos trabajen para fortalecer las redes fuera de las capitales y ciudades metropolitanas y alcance a las y los defensores que trabajan aisladamente o en áreas remotas, que a menudo están más expuestas a los riesgos. Para que las redes sigan siendo inclusivas, las organizaciones de la sociedad civil deben evaluar regularmente en qué medida se conectan y apoyan el trabajo de los defensores marginalizados, estigmatizados y geográficamente aislados. Recomiendo firmemente a los defensores de derechos humanos a que trabajen juntos a través de redes y tengan una voz unitaria y fuerte.

También se ha puesto de manifiesto que las redes de derechos humanos están justificadamente preocupadas por las amenazas y riesgos inmediatos a los que se enfrentan sus miembros. A pesar de ello, es fundamental que también centren su atención en una evaluación exhaustiva de su seguridad y protección, incluyendo el análisis de las causas fundamentales de la inseguridad, la evaluación del riesgo y el mapeo de actores.

También es esencial que los defensores hagan pleno uso de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados, el EPU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al informar sobre violaciones de derechos humanos.

Conclusión y Recomendaciones

Como mencioné en nuestras conversaciones con el Gobierno de México, mi mandato ha sido establecido por las Naciones Unidas para apoyar todos los esfuerzos realizados por todos los gobiernos para mejorar el pleno reconocimiento y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Es en este espíritu que he desarrollado mi visita a México. Me ha sorprendido la extrema violencia en el país, el alto índice de impunidad que alcanza el 98% y las denuncias de corrupción e infiltración en las procuradurías y fuerzas de seguridad por miembros de grupos criminales. Al mismo tiempo, me ha impresionado la resiliencia de las y los defensores de derechos humanos y su esperanza de que su búsqueda de verdad, justicia y reparación tendrá una pronta respuesta.

Estoy convencido de que la protección de las personas defensoras de derechos humanos y su búsqueda de justicia seguirá persistiendo como problema, mientras la impunidad siga siendo endémica en el país. Y la lucha contra la impunidad nunca será ganada, si no se abordan los retos que plantean la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado.

Me alegraron los firmes compromisos realizados por el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República apoyando a las y los defensores de derechos humanos en el foro internacional dedicado a la protección de defensores el día 13 de enero. Mensajes con semejante fuerza de contenidos deberían ser transmitidos ahora por todos los actores gubernamentales y judiciales, demostrando que la protección a las personas defensores de derechos humanos es ahora una prioridad nacional. Sin a un mecanismo fuerte para protegerlos, el círculo vicioso de la violencia continuará.

Lo que se necesita ahora es un enfoque integral, sistémico y participativo para la protección de las y los defensores de derechos humanos. El Gobierno debe abordar las causas fundamentales de los riesgos de los defensores y comprometerse firmemente, al más alto nivel, con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Antes de concluir con mis recomendaciones, quisiera recalcar que las recomendaciones específicas no traerán los resultados deseados si no se consideran parte de un sistema por medio del cual todos los actores, los gobiernos estatales, las instituciones, las comisiones de derechos humanos, la comunidad diplomática y las propias defensoras y defensores de derechos humanos se juntan y unen esfuerzos.

En diciembre de 2018, la comunidad internacional celebrará el vigésimo aniversario de la Declaración de la ONU sobre los defensores de derechos humanos. Este aniversario debería ser una oportunidad para que México envíe una decidida señal de apoyo a los defensores de derechos humanos y reúne a todos los actores en una cumbre nacional dedicada a la protección y el empoderamiento de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

Quisiera finalizar compartiendo mis recomendaciones preliminares con varias partes interesadas.

Recomiendo al Gobierno de México:

Garantizar investigaciones prontas e imparciales sobre las presuntas amenazas y formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y llevar ante la justicia a los responsables directos y a quienes participaron en la comisión de crímenes. También deben proporcionarse reparaciones;

La Procuraduría General de la República debería considerar la creación de áreas especializadas para investigar los ataques en contra de defensores de derechos humanos. Deberían revisarse los métodos de trabajo, los criterios de atracción y resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión para reforzar su impacto;

Fortalecer el Estado de Derecho en el país, especialmente en lo concerniente al completo cumplimiento de los resolutivos derivados de los juicios de amparo y otras resoluciones judiciales que tienen un impacto directo en el goce de sus derechos por parte de las personas defensoras de derechos humanos;

Reconocer públicamente, tanto a nivel federal como estatal, el papel fundamental que desempeñan los defensores de derechos humanos y periodistas en las sociedades democráticas y condenar cualquier expresión pública que los desacredite y las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos;

Aplicar plenamente las resoluciones, recomendaciones y las medidas preventivas o urgentes de carácter internacional relativas a los defensores de los derechos humanos, emitidas por los órganos de tratados de la ONU y los procedimientos especiales (en particular el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité sobre

Desapariciones Forzadas) y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

Asegurar que las personas defensoras de derechos humanos sean debidamente consultadas durante los debates legislativos que afectan a los derechos humanos y que sus opiniones sean debidamente consideradas. Esto es particularmente relevante a los proyectos de leyes generales sobre tortura y desapariciones y la ley de seguridad interna;

Evitar la adopción de legislación y revisar las leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión en el nivel estatal, incluyendo el establecimiento de definiciones ambiguas de delitos relacionados como «ataques contra la paz pública». Los proyectos de ley sobre el uso de la fuerza en el contexto de las protestas deben considerar este un recurso de ultima ratio y adherirse siempre a los principios internacionales;

Elaborar y adoptar políticas públicas integrales con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las y los defensores, así como medidas que aborden las causas estructurales que contribuyen a la situación de riesgo de los defensores, adaptadas a las necesidades de diferentes grupos como los indígenas y las mujeres defensoras;

Adoptar políticas públicas para la protección de los defensores de los derechos humanos desplazados internamente;

Garantizar los recursos presupuestarios suficientes para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección, incluyendo la implementación de medidas;

Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, con una amplia participación de los defensores de los derechos humanos en todas las etapas;

Asegurar que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos previsto se desarrolle con total transparencia y con participación significativa;

Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero;

Realizar un estudio interregional sobre las buenas prácticas existentes en los mecanismos nacionales de protección y compartir los resultados en México y en toda la región;

Integrar la perspectiva de género en todas sus políticas relacionadas con la protección y el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos;

Desarrollar un marco legislativo relativo a la protección de las fuentes de información y los denunciantes de irregularidades;

Garantizar que la futura Ley de Archivos incluya el pleno acceso a la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos;

Recomiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos:

Aprovechar el aniversario en 2018 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos para lanzar una campaña pública sobre defensores de derechos humanos, con un papel importante del gobierno y el apoyo de otras instituciones de derechos humanos;

Incluir dentro de su programa de trabajo actividades específicas sobre la protección y promoción de los defensores de derechos humanos. Se deben recopilar estadísticas sobre el número de denuncias recibidas, los casos supervisados y las recomendaciones adoptadas;

Establecer un punto focal sobre defensores de derechos humanos, con poder de decisión en cada comisión;

Considerar, la creación a nivel estatal, de premios a defensores de derechos humanos como medio de reconocimiento y protección;

Recomiendo a los organismos y agencias de la ONU:

Apoyar y ayudar a las defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan en los derechos de las mujeres; los migrantes y refugiados; las niñas, los niños y los jóvenes; los derechos laborales; y los pueblos indígenas;

Formular e implementar estrategias y planes de acción para fortalecer la participación y protección de los defensores y prevenir las violaciones contra ellos, incluyendo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la iniciativa “Los Derechos Humanos Primero” (“Human Rights Up Front”);

Supervisar, documentar y responder ante los presuntos casos de represalias contra defensores de derechos humanos por cooperar con los organismos de las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos.

Recomiendo a las universidades:

Incluir en sus programas y actividades la promoción de los derechos humanos y participar en acciones para abordar los series desafíos de derechos humanos que México enfrenta;

Recomiendo a las empresas y a otros actores no estatales que:

Respetar las obligaciones éticas y legales (tales como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos), incluyendo una debida diligencia en derechos humanos, y realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos para cada proyecto, asegurando la plena participación y consulta con las comunidades afectadas y defensores de derechos humanos ambientales;

Abstenerse de realizar intimidaciones verbales, físicas o legales y ataques contra defensores de derechos humanos ambientales e indígenas directamente o a través del uso de la policía o de empresas privadas de seguridad;

Divulgar información de los proyectos de desarrollo a gran escala planificados y en curso de manera oportuna y accesible a las comunidades afectadas y a los defensores de derechos humanos ambientales, así como establecer sistemas de recepción de quejas;

Asegurar que las subcontratistas respeten los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas y establezcan mecanismos de rendición de cuentas para sus quejas;

Los grupos religiosos deben abstenerse de estigmatizar a los defensores de derechos humanos y reconocer el importante papel de los defensores de los derechos humanos motivados por su fe, especialmente el de las defensoras de derechos humanos;

Recomiendo a la comunidad internacional en México:

Facilitar y organizar eventos para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo;

Apoyar y proporcionar refugio temporal a defensores en riesgo y a sus familias;

Aumentar la concientización sobre el papel positivo de los defensores de los derechos humanos y compartir buenas prácticas que han sido efectivas en la protección de los defensores de los derechos humanos;

Reunirse y apoyar regularmente a los defensores de los derechos humanos, especialmente con quienes viven en zonas rurales o remotas;

Observar públicamente y condenar las violaciones de los derechos de los defensores de derechos humanos;

Prestar asistencia técnica para mejorar la protección de las y los defensores de los derechos humanos;

A la sociedad civil recomiendo:

Asegurar el fortalecimiento de las medidas de autoprotección y que las mismas resultan accesibles para las y los defensores en mayor riesgo;

Abordar la discriminación contra las mujeres defensoras y los defensores LGBTI al interior de sus movimientos;

Aprovechar de forma cabal los mecanismos de la ONU y regionales para la promoción y protección de los defensores de derechos humanos.

[1] A/70/361

"Desde abajo y en la tierra, sembramos autonomía"

INFORME PRELIMINAR DE LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL DE LA ONU SOBRE LA SITUACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS