Comunicado de Prensa Pan para el Mundo
México no necesita armas, sino un Estado de derecho que funcione
Alemania necesita una ley sobre la exportación de armas
Berlín, 14 de mayo de 2018.
Con ocasión del juicio que comienza mañana [15 de mayo] en Stuttgart en contra de personal de la compañía fabricante de armas alemana Heckler & Koch, Pan para el Mundo llama la atención sobre la desoladora situación de los derechos humanos en México. “Precisamente el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos muestra de manera sintomática el involucramiento de la policía federal, la policía estatal y el ejército en las desapariciones forzadas, actualmente masivas, y en el asesinato de más de 200.000 personas en México”, afirmó Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidenta de Pan para el Mundo. Por eso, continuó, es absolutamente incomprensible que el gobierno federal alemán haya concedido autorizaciones para exportar a México el fusil de asalto G36. “Aquí se muestra de manera ejemplar que resulta ajeno a la realidad y una clara forma de autoengaño el querer limitar el
permiso de exportación a ciertos estados mexicanos, supuestamente más tranquilos: las armas se usaron presuntamente contra estudiantes pacíficos en uno de los estados más violentos, para el cual ni se solicitó ni se concedió un permiso de exportación. Si el gobierno federal y el parlamento federal de Alemania realmente no quieren exportar armas a regiones en crisis y a regiones con graves violaciones a los derechos humanos, entonces debe echar a andar de manera urgente una ley de exportación de armamento.” Una delegación de alto nivel de Pan para el Mundo, dirigida por Füllkrug-Weitzel, realizó una visita de diez días a México para evaluar la situación de derechos humanos. La delegación viajó por los estados de Guerrero y de Veracruz y habló con familiares de los 43 desaparecidos y de dos estudiantes asesinados en Ayotiznapa, contra quienes se utilizaron los fusiles de
asalto G36 de Heckler & Koch. La situación de los derechos humanos ha empeorado de manera aterradora desde hace años: el enorme número de casos de desaparición forzada choca con la inactividad y la falta de voluntad por parte de las autoridades para buscar realmente a las víctimas o para investigar a los delincuentes. Esto vale también para el caso de Ayotzinapa, sobre el cual las autoridades continuamente difunden nuevas teorías que a veces incluso se contradicen entre sí, mientras que las declaraciones y recomendaciones de investigadores internacionales son ignoradas y los propios investigadores son expulsados del país. Las fosas comunes en Veracruz fueron encontradas únicamente gracias a la intervención de colectivos de familiares, y en contra de los desmentidos oficiales por parte de las autoridades. La violencia en Guerrero ha aumentado aún más en los últimos años, a pesar de una militarización masiva del estado. Las compañías mineras tienen concesiones de explotación en zonas controladas por la mafia. Según cifras oficiales existen aproximadamente 35.000 desaparecidos registrados. Pero con base en el hallazgo de osamentas, se calcula que esa cantidad representa sólo entre el 10 y el 25 por ciento del total. Muchos familiares no reportan la desaparición por miedo a más abusos y a la estigmatización. “Quien hace pública la desaparición de sus familiares se arriesga a que otros familiares desaparezcan o sean asesinados. Sobre todo la desaparición de mujeres jóvenes
con frecuencia no se denuncia porque los familiares tienen miedo a que sus hijas sean vistas de forma negativa”, dice Füllkrug-Weitzel.
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